La jueza 14 de garantías concedió el beneficio de la detención domiciliaria a uno de los doce militares implicados en presuntos actos de corrupción relacionado, mientras que a los otros 11 se les concedió la libertad con el compromiso de que asistan a las futuras diligencias que se surtan por esta investigación.
Los militares fueron señalados por la Fiscalía por promover acciones para facilitarles su ubicación en unidades en las que no se les obligara a patrullar o a combatir, lo que se conoce como campo de arma la teoría del ente acusador es que unos uniformados pagaron y otros cobraron entre cuatro y cinco millones de pesos por esos trámites.
El delegado del ente investigador tuvo una serie de tropiezos durante su exposición de los argumentos en la imputación de cargos y sus teorías fueron rebatidas no solo por los abogados de los militares sino también del representante de la Procuraduría que le pidió claridad frente a los delitos endilgados a los suboficiales.
Algunos de las evidencias que presentó el fiscal del caso eran los soportes con los que algunos de los militares lograron el traslado de especialidad dentro de las filas y las declaraciones de algunos oficiales a los que les falsificaron su firma para conseguir el aval del cambio de arma.
No obstante, a consideración de la jueza, el fiscal no logró comprobar ante el estrado la necesidad de la medida de aseguramiento intramural en contra de los militares que ahora se defenderán en libertad mientras que la Fiscalía corrige su rumbo ante el estrado.
