viernes 12 de marzo de 2021 - 12:00 AM

La Constitución, una puerta a privados en compra de vacunas

El rector de la Universidad del Rosario, Alejandro Cheyne, considera que “cumplidas las dos primeras etapas de la fase 1 del Plan de Vacunación, podría permitirse la contribución del sector privado”.
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Colombia ya cuenta con más de dos millones de biológicos, los cuales están siendo enviados a distintas partes del país. Aunque el plan viene avanzando de manera lenta, se espera que este proceso se acelere con este número de vacunas y las que se esperan durante las próximas semanas, aseguró el Ministro de Salud, Fernando Ruiz.

Precisamente con el fin de acelerar la vacunación, algunos vienen pidiendo que se les permita a los privados acceder al plan de vacunación.

Tal y como está consignado en el Artículo 26 del Decreto 109 del pasado 29 de enero, existe la opción de que el sector privado pueda comprar vacunas contra la COVID-19, pero el ministro de Salud, Fernando Ruiz Gómez, resaltó que es indispensable que los interesados presenten un plan con los detalles de cómo llevarían a cabo ese proceso.

Es así como ante la intención de los empresarios de participar en la compra de vacunas, el Gobierno les solicitó presentar un plan sobre cómo adquirirían y distribuirían las dosis.

Expertos consultados dicen, entre otras cosas, que la Constitución tiene las vías para ello, pero hay varios aspectos, especialmente desde el punto de vista legal, que se deben tener en cuenta.

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En primer lugar, Fabio Pulido, docente de la Universidad de La Sabana, considera que se debe diferenciar, en el tema vacunas, si se habla de un bien colectivo o individual, “y creo que en este momento, por el estado de la vacuna, es un bien colectivo”.

Explica que si el Estado abriera la vacunación a privados muchos intereses individuales se van a ver protegidos de forma mejor, por ejemplo, una empresa que tenga los recursos necesarios podría proteger de manera más eficiente el derecho de sus individuos con relación al derecho a la salud.

Sin embargo, hay que entender, dice el experto, que como las vacunas son un bien colectivo porque lo que se busca es evitar la propagación del coronavirus, entonces en ese sentido el Estado tiene que tomar las medidas que garanticen los objetivos trazados, lo que los epidemiólogos llaman las barreras necesarias para obtener la inmunidad de rebaño.

En este momento, jurídicamente se tiene que tomar como un bien colectivo y no como un bien individual, debe ser una política pública para lograr una inmunidad, por tanto, dice el docente de La Sabana, debe seguir controlado por El Estado y no abierto a la vacunación privada, lo cual podría cambiar más adelante.

De otra parte, Luis Fernando Ramírez, docente e investigador de la Universidad Sergio Arboleda, considera que desde el punto de vista social hay que acelerar el proceso porque entre más disponibilidad de vacunas tenga el país se solucionará mucho más rápido esta coyuntura.

Agrega que se debe tener en cuenta el aspecto financiero. Y es que las vacunas tienen un costo que implica un gasto financiero y, según el presidente Duque, implica ya un gasto de $2.4 billones y entre más gente ponga plata, pues más rápido se van obtener soluciones.

Finalmente, el ministerio de Salud debe dar pautas concretas sobre la parte operativa con respecto a la aplicación de las vacunas.

Lo contempla la Constitución

Otro aspecto, explica José Gregorio Hernández, exmagistrado de la Corte Constitucional, es que valdría la pena que el decreto fuera vinculante. Sería necesario acudir a las empresas privadas porque la Constitución autoriza que eso tenga lugar en varias normas.

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En el artículo 333 de la Constitución señala que la iniciativa privada es libre, “dentro de los límites del bien común” y qué mayor (bien) que éste, que tiene lugar durante la pandemia, que es buscar la inmunidad para salvar muchas vidas”, explica el exmagistrado.

Además, en el artículo 49 se establece que la atención de la salud es un servicio público, inicialmente a cargo del Estado, pero también dice que el Gobierno establece las políticas para la prestación de servicios de salud por entidades privadas sobre las cuales se ejerce una vigilancia y un control.

En ese sentido, Hernández señala “me parece que el camino para que esas entidades privadas puedan actuar está abierto en la Constitución y sería muy útil y necesario porque el número de vacunas que se han aplicado es muy escaso frente a la necesidad.

Autor de la Ley de Vacunación

Desde el Congreso se volvió a retomar la discusión sobre la necesidad de habilitar a que los empresarios y los privados puedan comprar la vacuna.

Sin embargo el tema en Legislativo ya toma más visos de oportunismo político que realmente de solución. Desde el conservatismo, el senador conservador Miguel Ángel Barreto, anunció que esta misma semana, estará radicando un proyecto de ley por medio del cual se facilite las condiciones para que, bajo la coordinación del Gobierno.

Para Barreto, “las vacunas privadas son un apoyo concreto para una labor titánica que a todos nos conviene que salga bien. El sector privado tradicionalmente ha sido eficiente y competitivo y puede convertirse en factor diferenciador para proteger millones de vidas. ¡Hay que sumar esfuerzos!”.

Pero, el autor de la actual ley sobre vacunación, el representante a la Cámara, Ricardo Ferro, considera que lo planteado por Barreto, es decir la ley, no se requiere y sólo se depende de un decreto que debe expedir el Ministerio de la Salud.

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