El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, terminó este jueves una visita de 48 horas a Colombia, durante la cual no solo ratificó que el país sigue siendo un socio fundamental para la Casa Blanca, sino que insistió en la necesidad de enlazar esfuerzos multilaterales para enfrentar la migración ilegal que golpea a toda América. Todo con el protagonismo de Colombia.
EL COLOMBIANO conversó con el embajador de Colombia en Washington, Juan Carlos Pinzón, quien analizó los impactos positivos de esta visita de alto nivel y destacó que se avanza por buen camino para intentar que antes de que el presidente Iván Duque termine su periodo –en agosto de 2022– se pueda dar la cita personal con su homólogo estadounidense, Joe Biden.
Embajador, ¿cómo quedan las relaciones Colombia-Estados Unidos tras esta visita?
“Es evidente que estamos fortaleciendo la relación y que hay una alianza estratégica, que muestra una alineación entre los gobiernos de Colombia y Estados Unidos en temas como cambio climático y transición energética. También en migración y derechos humanos y, por supuesto, en la defensa de la democracia y la lucha contra las empresas criminales a nivel regional. Esto incluye lo que tiene que ver con confrontar los regímenes dictatoriales”.
Blinken reconoció que la agenda binacional aún está muy marcada por el narcotráfico...
“La agenda tiene hoy muchos otros temas. Pero, indudablemente, para Colombia siempre será estratégico tener una conversación sobre los asuntos de seguridad y la lucha contra la criminalidad, no solo en Colombia sino a nivel global, porque esa es una amenaza que siempre está sobre la vida de los colombianos y sobre la democracia. La realidad es que aún esas actividades criminales siguen siendo las que terminan violando los derechos humanos y poniendo en riesgo la estabilidad de muchas regiones. Por eso, esta cooperación con Estados Unidos nunca la podemos subestimar: es la defensa de la democracia”.
Blinken reconoció que, para fortalecer la lucha antidrogas, se debe potenciar la lucha contra el consumo interno en su país. ¿Se comenzó a ver un cambio de postura?
“Es muy importante que haya un principio de corresponsabilidad, en el que quienes consumen, como el caso de Estados Unidos, aporten a confrontar carteles y organizaciones criminales. Hay conciencia de ver cómo se elimina el consumo que hace tanto daño. La gente no dimensiona, por ejemplo, el daño ambiental que los estupefacientes le hacen a Colombia. Por el otro lado, el daño a las familias, a la salud, para no hablar de la violación de derechos humanos y el fortalecimiento de la criminalidad que eso genera. Además, buena parte de la corrupción termina financiada por esas mafias que, incluso, se insertan en actividades como la contratación pública. Por todo esto es importante que los países consumidores, y quienes consumen esto, tengan conciencia del daño. Tendrán que ser fuertes en la lucha contra el consumo y la persecución de capitales ilícitos. Tenemos que asegurarnos que estas organizaciones criminales no logren fortalecerse”.
¿Veremos una lucha más frontal contra esos carteles en territorio estadounidense?
“Toda la lucha tiene que ser integral. Integral aquí, integral allá. Cooperación entre países, cooperación entre Estados, porque indudablemente esas economías criminales, esas empresas criminales, son internacionales e incluso alimentan a regímenes dictatoriales en el continente. No debemos subestimar la gravedad de lo que esto significa, el daño que hace y las intenciones que tienen algunos”.
Parte primordial de la relación con Estados Unidos pasa por buscar soluciones para afrontar la migración ilegal. ¿Qué se ha planteado?
“Es un reto para todos. Es un reto humanitario, porque son personas que están en tránsito en unas dificultades humanas muy graves. Casi todos los migrantes salen de países donde no funcionan las democracias y hay violencia indiscriminada. Es el caso que tenemos aquí en Colombia con los hermanos venezolanos, que salen de Venezuela huyendo de la dictadura de Maduro y de la destrucción económica que allí se ha presentado por ese régimen. En el caso de Colombia, hemos tenido un tratamiento especial y de protección, que de alguna manera sirve de ejemplo en muchos lugares del continente. Va a ser necesario que otros países también empiecen a abordar este tema con la población de Haití, de Cuba, con la misma población venezolana y con otras poblaciones de África, que se han venido movilizando. Esta discusión no solo tiene que ver con los temas de fronteras, visas y apoyo humanitario de esas personas, sino cómo crear una discusión hacia adelante sobre cómo crear oportunidades de desarrollo económico y social. Eso puede contener esas migraciones; si se les permite a las poblaciones tener mejores oportunidades y una mejor condición de vida, podrían permanecer y no tener que moverse desesperadamente”.
Embajador, Maduro sigue en el poder, Duque ya casi termina su mandato y la situación no cambia...
“Hay que mirar el contexto completo. En Venezuela, desafortunadamente, la democracia dejó de funcionar. El gobierno que está no es legítimo, el de Maduro, y por lo mismo lo que se ha visto es una violencia indiscriminada contra su propio pueblo, lo que explica los 7 millones de venezolanos que han salido huyendo de la destrucción de ese país; 2 millones de ellos están en Colombia. Además, allí se asientan grupos terroristas como el ELN y Farc, y el régimen convive con los negocios criminales de la cocaína y del oro ilegal explotado incluso en Colombia. Eso lo usa para poderse sostener. Las dificultades que hay con ese régimen no son simplemente desavenencias o puntos de vista encontrados o posturas ideológicas diferentes. Lo que hay allí es una sumatoria de actividades criminales que Colombia tiene que exponer ante el mundo, y esa ha sido la posición del presidente Duque. También se requiere que nos ayuden a ver cómo algún día se restablece la democracia en Venezuela”.
¿Se debe analizar la vía militar embajador?
“Me parece imprudente entrar en esa conversación. Lo que sí es cierto es que Colombia siempre tiene el deber de proteger a su ciudadanía, de proteger sus derechos y sus deberes. Y eso es lo que se hace por obligación constitucional”
