La minería criminal es un delito que va en aumento en el país, pues, según el Ministerio de Defensa, se convirtió en la alternativa de las bandas que cada día reciben más los ataques de las autoridades al narcotráfico.
La Policía Nacional en coordinación con los ministerios de Ambiente, Defensa, Interior y Energía, creó la Unidad Nacional de Intervención contra la Minería Criminal (Unimic), para intensificar las acciones en contra de quienes, además de lucrarse ilegalmente con los recursos minerales, perjudican considerablemente el ambiente y aportan para que la guerra continúe vigente.
Para conocer la situación en el país de la minería criminal, Colprensa habló con el coronel Jorge Eduardo Esguerra Carrillo, comandante de la Unimic, quien explicó que el delito sí va en aumento y no cesará hasta que el Estado tenga una presencia activa en las zonas del país más afectadas.
- ¿Cuál es el panorama de la minería ilegal en el país?
Existen muchas zonas del país afectadas, lo sabemos porque hemos diseñado una estrategia para combatir la minería ilegal y criminal y nos hemos encontrado con que hay zonas muy críticas. Es muy grave lo que está pasando, aunque es cierto que las intervenciones han aumentado, también lo ha hecho el delito; por ejemplo, en 2013 se incautaron solamente once kilos de oro, mientras que en 2014 fue un total de 739,6 kilos.
- ¿Cuáles son las zonas que han determinado como las más afectadas?
Córdoba, Antioquia, el sur de Bolívar, Cauca, Valle, Caldas Nariño, Chocó, el bajo Cauca.
- Usted se refiere a minería ilegal por un lado y a criminal por otro, ¿cuál es la diferencia entre estas dos acciones?
La ilegal es la que hace la gente que no se ha formalizado, la que hacen las personas que desde hace tiempo desarrolla esta profesión de forma empírica y ancestral, cuyas ganancias se limitan a ser para su sustento y no existe un hecho criminal. Mientras que la minería criminal es la que efectúan personas buscando conseguir dinero para soportar y ser el combustible para los grupos al margen de la ley, las estructuras subversivas de las Farc o el Eln y apoyando a bandas criminales.
- El viceministro de Defensa, Jorge Enrique Bedoya, dijo públicamente que la minería criminal continúa creciendo en el país. ¿Por qué?
Hay varios factores; el primero es que es una actividad muy atractiva, por el hecho de que un kilo de oro significa un recaudo de casi cien millones de pesos, además de que quien transporta ese kilo no está afrontando ninguna pena ni está incurriendo en algún delito, ya que tal vez la única acción que puede recaer sobre quien lo lleve es una de tipo administrativa. Diferente a quien trafica con un kilo de cocaína, que de ser descubierto debe afrontar una acción penal de 8 ó 12 años de cárcel, además de que el precio de ese kilo de cocaína no supera los cuatro millones de pesos. El negocio de oro se vuelve entonces para ellos más fácil y atractivo, porque las leyes así lo permiten.
-¿Por qué se les facilita tanto realizar las extracciones ilegales, teniendo en cuenta que ya se han reconocido las zonas en las que operan?
Casi todas las minas de oro están ubicadas en regiones donde hay presencia de grupos subversivos y en algunas donde, por diferentes factores, la presencia del Estado es escasa, como Vichada y Guainía, donde para llevar a cabo una operación sostenida de 8 ó 10 días se necesitan muchos recursos que no se tienen, además de no contar con todo el apoyo que se necesitaría.
- ¿Ha estado ausente el Estado en esta lucha?
No, pero se debe hacer más, muestra de ello fue la operación exitosa que se realizó en los Farallones de Cali, en la que participaron todas las autoridades de la ciudad, desde el alcalde, Rodrigo Guerrero, las Fuerzas Militares, hasta la directora de Parques Naturales de Colombia, Julia Miranda. Pero fue algo que ocurrió una vez, así que necesitamos que siempre haya una vinculación total en las operaciones.
- ¿Cómo debe ser esa participación?
El Estado debe llegar antes que la Policía a estas zonas, debe hacer un acompañamiento social, procurar por las personas que están en la ilegalidad, brindarles capacitaciones, formas de que desarrollen su actividad minera de manera lícita o darles alternativas económicas para no realizar estas acciones. Además, de que se logre una reforma en la legislación que permita que estos delitos sean castigados del modo que debe ser, algo que, por cierto, ya se está haciendo.
- A principios de mayo se efectuó una gran acción contra este crimen en Guainía y Vichada que dejó 59 capturados. ¿Qué utilizaron para que esta acción fuera efectiva?
Para esa acción llevamos cinco aviones, 22 helicópteros, 500 hombres, algo que económicamente hablando es un gran gasto, por los días usados y sobre todo porque llegar a esos puntos para intervenir, tomar muestras, destruir la maquinaria y realizar capturas es muy difícil, tanto que por eso nos tocó llevar a los fiscales y jueces hasta allá, para realizar las acciones, porque de lo contrario no hubiéramos podido legalizar las capturas.
- ¿Cómo es el proceso de comercialización de ese oro que extraen?
Hay varias formas, una es sacarlo de forma ilegal a las fronteras, como se hace con la droga, evadiendo impuestos. Y otra es que lleguen a las comercializadoras de oro y de forma irregular, sin sustento de los documentos requeridos, se lo vendan al comercializador, quien es probable que acepte este oro sin importarle de dónde proviene. Hemos establecido que, luego de recibido el mineral, pagan las regalías para la exportación y no hay mayores inconvenientes.
- ¿Cuánto dinero podrían estar obteniendo los grupos ilegales de la minería criminal?
La cifra que obtiene la guerrilla es muy difícil de determinar, pero se podría hablar de que en dos meses podrían sacar alrededor de 15 mil millones de pesos de forma ilegal de esos territorios.
- ¿Qué se está haciendo desde la Policía para combatir este delito?
Estamos realizando investigaciones con el fin de que este fenómeno se pueda atacar. Fundamentalmente desde la interdicción, que es lo que hacemos con los escuadrones móviles de carabineros, llegando a las zonas para determinar si existen licencia ambiental o títulos mineros y, de no poseerlos, incautar la maquinaría, destruirla y tomar las muestras sobre el daño al ambiente, para conjugar así los delitos de explotación ilícita de minerales y daño al medio ambiente, buscando penas más fuertes que las que se darían si se trabajaran los delitos de manera individual.
- ¿Cuáles son los logros que ha tenido la Policía con esa estrategia?
Este año hemos superado las cifras; el pasado se hicieron 248 operaciones, mientras que este año ya llevamos 383. Además hemos realizado acciones conjuntas, hemos conseguido vincular a todas las Fuerzas Militares y la Fiscalía, para tener soportes logísticos más grandes, con eso hemos hecho trece grandes operaciones con éxito total.
- En cuanto al daño ambiental, ¿cuáles son las afecciones más grandes?
Siempre llevamos nuestros peritos ambientales y son ellos los que nos han dicho que las cuencas de los ríos ya están muy contaminadas con mercurio y arsénico; hemos hecho tomas de muestras y descubierto que los cuerpos de los pobladores tienen niveles de contaminación anormales, además del inminente daño a los ecosistemas.
- ¿Qué es lo que más le preocupa a la Policía de este fenómeno?
Todo, la preocupación es en todos los niveles, la protección del ambiente, los recursos naturales, la salud de las personas de la región, el detrimento de los sustentos del país y, por supuesto, el aporte de sustentos ilícitos a estructuras criminales.
- ¿Cuáles son las dificultades más grandes en esa lucha?
Los recursos, porque una operación de estas vale muchísima plata. Tenemos ubicadas unas 20 dragas que están sobre el río Caquetá, pero se encuentran a 15 ó 20 días en barco desde los sitios donde podemos montar una base de operaciones y eso significa gastos de transporte y de alimentación; además de que, si capturamos a una persona allá ¿cómo la trasladamos, si estamos a quince días de donde los jueces y tenemos 36 horas para ponerla a disposición? Entonces, faltan recursos y articulación de las partes involucradas.
- ¿Cuál es la meta de la Policía de carabineros en este combate?
Identificar y desarticular todas las estructuras criminales que estén detrás de este delito, así como se trabajó el tema del narcotráfico hace años. Eso es lo que estamos haciendo con la minería, porque más que la intervención o destrucción de maquinaria, buscamos atacar de raíz las estructuras.
