jueves 23 de mayo de 2019 - 12:00 AM

La violencia del olvido

La ausencia del Estado es notoria en zonas que son azotadas por la violencia de grupos armados ilegales que se disputan los territorios que antes eran ocupados por la guerrilla de las Farc, uno de ellos es el Pacífico.
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La disputa por los territorios que fueron abandonados por la guerrilla de las Farc tras la firma de los Acuerdos de Paz en 2016, especialmente el corredor del Pacífico colombiano, se ha convertido en la fórmula para las bandas criminales que buscan apoderarse del negocio del narcotráfico y la minería ilegal.

Este territorio, además, ha sido escenario de cruentos combates entre el ejército y los grupos al margen de la ley, en donde las comunidades han quedado confinadas y muchos líderes han visto sus vidas en peligro.

Presencia de bandas

Moisés Idelfonso Cetre Castillo, docente e Investigador de la Universidad Nacional de Colombia, Instituto de Estudios Urbanos, exalcalde encargado de Tumaco y exconsultor de Naciones Unidas, considera que en los municipios del corredor pacífico la mayor tragedia es que están siendo invadidos por el tema del narcotráfico, que es gerenciado por bandas criminales, pero “en lo que está fallando el gobierno es que está entendiendo esa problemática como un problema de bandas criminales de alta complejidad, es decir, aquellas que tienen conexión con México, Italia y algunos países de Europa, pero no en todos los municipios operan así, sino que hay bandas criminales que podemos llamar de mediana o baja complejidad y que luego se articulan con las de alta complejidad”.

De acuerdo con el docente Cetre Castillo “las bandas de baja complejidad tienen rasgos particulares, es que son colonos o cercanos, en donde es muy difícil que la policía y los entes de control lleguen y los puedan detectar, pues son gente que están cohesionadas, saben quiénes están haciendo su negocio y tienen una característica y es que no entran a la extorsión mientras que las de alta complejidad si le hacen a la minería ilegal, extorsionan, boleteo y de todo. Entonces las políticas públicas que lleguen o intenten resolver el problema tienen que saber diferenciar ese tema”.

Desempleo juvenil

Otra situación que se vive en esas regiones del Pacífico, indica Cetre Castillo, es que “se tienen unas tasas de desempleo demasiado elevadas y hay unos indicadores más o menos generales de algunos informes de las alcaldías locales y ONG’s que dicen que en esos municipios estaría en un 60% el desempleo juvenil. Entonces, un país que está intentando salir de la guerra, con unos jóvenes desocupados y con las bandas criminales de baja y alta complejidad invitándolos a que tengan dinero para el día a día, entonces esos muchachos, aunque no quisieran, tienen que intentar resolver sus ingresos para llevar a sus hogares y estamos hablando de ingresos promedio de millón 200 mil pesos”.

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A esto hay que agregarle el trabajo informal y muchos tienen que hacerle a lo que sea, unos días van a la pesca y otros a recoger hoja de coca... eso es lo que hace que esos territorios sean muy conflictivos”.

Para Gerardo Vélez, Docente Investigador de la Universidad de La Salle, la zona del Pacífico históricamente ha sido olvidada por la falta de intervención estatal en materia de generación de política social, más que la generación de oportunidades para la superación de la pobreza que es endémica en la región.

Considera Vélez que esta región que cuenta con una posición geográfica y estratégica, paradójicamente, los actores armados han sabido utilizar y la población ha estado sometida a una crisis pues hay desigualdad social, pocos hospitales, pocas oportunidades de educación para los muchachos, déficit de vivienda, poco empleo, no hay servicio de acueducto ni saneamiento básico y hay una marcada situación política de corrupción”.

“Es un escenario donde la población está sumida en la pobreza y los actores armados encuentran un contexto privilegiado para realizar procesos de ocupamiento y actividades ilegales. Además, recuerda el investigador de La Salle, “a quienes defienden intereses étnicos y territoriales los están sacando de sus territorios a sangre y fuego en función de incrementar los intereses de las economías ilegales”.

Vacíos territoriales

De acuerdo con un informe de Indepaz, durante los primeros 100 días de mandato del presidente Iván Duque, se registraron 120 asesinatos de líderes, y uno de los departamentos más afectados en 2018 fue Cauca con 67 casos y Nariño en tercer lugar con 25 muertes.

Según Vélez, cuando están asesinando líderes sociales de manera sistemática con una negligencia estatal, lo están haciendo porque “no es falso que cuando las Farc logran el acuerdo de paz y transitan a la vida civil, dejan un vacío de poder en los territorios donde hoy mismo las otras organizaciones como el Eln, las autodefensas gaitanistas de Colombia, las disidencias de las Farc y bandas criminales están confrontándose entre ellas y presionando a la población para disputarse los territorios y hacerse cargo de ciertas rutas y sectores vinculados al narcotráfico”.

A esto también hay que sumarle, agrega el docente de La Salle, el escenario de polarización política, y es paradójico que lo que más debería unirnos, que es la construcción de paz, es lo que algunos están empleando para dividir al país entre si se debe o no aplicar lo acordado en La Habana, o si debemos mantener el talante de la persecución y eliminación del enemigo (que parece que son las Farc)”.

En este mismo sentido, Antonio Sanguino, miembro de la comisión de paz del Senado, considera que “son crisis que tienen que ver con una precaria presencia del Estado con un cruce de diferentes factores de violencia, baja implementación de los acuerdos de paz porque son zonas que eran ocupadas por las Farc, zonas de cultivos ilícitos, donde hay un déficit en equipamiento público, en servicios públicos, en política social, zonas dominadas por economías ilegales donde ocurre el mayor número de asesinatos de líderes y amenazas contra comunidades; son zonas que requieren una acción integral del Estado”.

Alternativas

“Las políticas que se han impulsado en esos territorios son reactivas porque si matan a un líder social es una retórica de que vamos a implementar ‘x o y’ proyecto para tratar de protegerlos, pero en esas comunidades con ese nivel de desempleo y niveles de ingresos precarios, lo que hay que hacer son planes de choque que incluyan una nueva visión del quehacer del gobierno en esos territorios con un gran plan de desarrollo del Pacífico con prioridades, con objetivos definidos y con la posibilidad de que el gobierno invite a inversionistas de gran alcance para que se hagan obras de alta complejidad”, manifiesta el docente de la Universidad Nacional.

Además, “tiene que haber un abanico de políticas que pasa por el tema demográfico, económico, el tema de la cohesión social, de la presencia del Estado y de la justicia central que se acerque a esos territorios”, precisa Cetre Castillo.

El calvario de un líder social

Cesar Cerón, integrante del Consejo Comunitario de Suárez, Cauca:

El papel que hemos venido desarrollando en los territorios en el día a día está en buscar la supervivencia de costumbres y culturas y la preservación del medio ambiente: actualmente trabajamos en una consulta previa sobre el embalse Salvajina, que es una hidroeléctrica.

Otro problema que tenemos es la educación en los territorios del Cauca por el desmantelamiento de docentes y por ello estamos tratando de implementar la educación propia.

La falta de seguridad para los líderes en esta zona es compleja, hoy en día contamos con la protección de la guardia cimarrona, la indígena y la campesina, esta es la manera con la que venimos preservando la vida de los líderes de estas comunidades.

Cerón, actualmente candidato a la alcaldía de Suárez, Cauca, fue víctima el pasado 16 de mayo de un atentado del que salió ileso y por esa razón solicitó la protección de la Unidad Nacional de Protección, UNP.

“Tuve que pedir la protección del Estado porque temo por mi vida y la de mi familia y espero que me ayude para continuar adelante con la campaña”, dijo Cerón.

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