lunes 30 de noviembre de 2020 - 5:45 PM

Las deficiencias del Acuerdo de Paz en el Bajo Cauca y el Sur de Córdoba

Líderes comunitarios, excombatientes de las Farc y autoridades en el Bajo Cauca expresaron sus percepciones sobre la implementación del Acuerdo de Paz.
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El pasado 30 y 31 de julio algunos miembros de la Comisión de Paz de la Cámara de Representantes se reunieron virtualmente con líderes comunitarios, víctimas, excombatientes de las Farc, autoridades locales, representantes de organizaciones internacionales y entidades del Gobierno para escuchar sus preocupaciones y percepciones sobre la implementación del Acuerdo de Paz en el Bajo Cauca y el nordeste antioqueño.

El mismo ejercicio se desarrolló el pasado 11 de septiembre en el sur de Córdoba, esto con el fin de evidenciar los avances y rezagos en el desarrollo de políticas públicas relacionadas con la puesta en marcha del Acuerdo.

Con dos nuevos informes, los investigadores de la Fundación Ideas para la Paz, que acompañaron las visitas, describen las principales preocupaciones sobre cada uno de los puntos del Acuerdo, especialmente frente a las capacidades de estas regiones para responder a la pandemia del Covid-19.

SEGURIDAD TERRITORIAL

Según el informe, en el Bajo Cauca y nordeste antioqueño, tras la firma del Acuerdo de Paz no hubo presencia institucional efectiva, lo que permitió la incursión de diferentes grupos armados a lugares en los que antes no estaban.

En el sur de Córdoba, por su parte, la influencia que ejercen los grupos ilegales está generando un alto impacto humanitario y debilitando gradualmente los procesos participativos y organizativos.

Según la FIP, en el Bajo Cauca y nordeste antioqueño, frente al control de la minería ilegal, de los cultivos de coca y del tráfico de cocaína, existe una dinámica compleja de disputas y alianzas entre el Clan del Golfo, los Caparros, el Eln y las disidencias del frente 18 y del frente 36 de las antiguas Farc.

En el sur de Córdoba, por su parte, la estrategia de la Fuerza Pública de entregar beneficios económicos a cambio de información sobre grupos armados ilegales, pone en riesgo a los líderes sociales porque los estigmatiza así no participen en esas redes cívicas de colaboración.

A juicio de la fundación, en ambas regiones, las comunidades creen que “no basta ni es conveniente la militarización del territorio. Es fundamental que vaya acompañada de inversión social y económica”.

LOS IMPACTOS HUMANITARIOS

Para la Fundación, en ambas regiones, la intensificación de la violencia ha provocado desplazamientos masivos, confinamientos, agresiones a líderes sociales, extorsiones, eventos por minas antipersonal y reclutamiento forzado de menores de edad.

"En las dos regiones, los homicidios y los desplazamientos han llevado al deterioro de los procesos organizativos porque los liderazgos rara vez han podido vincularse a los espacios de participación", aseguró la FIP.

De acuerdo con el informe, en ambas regiones, la violencia afecta especialmente a los líderes sociales que hacen parte del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS) y a las personas en proceso de reincorporación.

"La situación de inseguridad es tan crítica en zonas como Ituango, que en los últimos meses varios excombatientes y sus familias han tenido que ser reubicados por agresiones en su contra", dijo la entidad.

DESARROLLO RURAL

El informe reveló que en el sur de Córdoba, la influencia que ejercen los grupos armados ilegales obstaculiza el proceso de adjudicación y formalización de las tierras. El temor que esto genera ha llevado a muchos líderes a abandonar estos procesos.

Argumentó que, en las dos regiones, el proceso participativo de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (Pdet), generó gran expectativa entre la población y significó mayor presencia institucional. Sin embargo, la puesta en marcha de las iniciativas priorizadas por las comunidades avanza de manera lenta y la participación se ha reducido. Esto ha generado malestar, incertidumbre y desconfianza.

"Hay preocupación porque buena parte del Bajo Cauca, el nordeste antioqueño y el sur de Córdoba están incluidos dentro de las zonas protegidas por la Ley 2 de 1959 (Zona de Reserva Forestal), lo que implica una serie de barreras en los procesos de adjudicación y titulación de tierras para campesinos. Además, es un obstáculo para ejecutar obras de infraestructura y formular proyectos productivos", dijo la Fundación.

SUSTITUCIÓN DE CULTIVOS ILÍCITOS

Según varios líderes sociales de las dos regiones, el Pnis es una ‘rueda suelta’ porque no se articula con los Pdet y tampoco está funcionando adecuadamente porque no se ha traducido en oportunidades económicas reales, no tiene enfoque diferencial, étnico y de género, no hay funcionarios y los que hay tampoco brindan garantías. Señalan además que, ante la falta de voluntad del Gobierno, muchos han tenido que dejar el programa porque no tienen medios de subsistencia.

Eso sumado a que los retrasos en los pagos de asistencia alimentaria y el apoyo para ejecutar proyectos productivos se convierten en incentivos para la resiembra de cultivos ilícitos en las dos regiones, sin contar que también reseñaron el incumplimiento del Estado que, a juicio de la Fundación, pone en riesgo a quienes defienden el programa en ambas regiones, pues actúan como intermediarios entre las comunidades y las instituciones, por lo que la frustración de las comunidades termina dirigiéndose contra los líderes.

REINCORPORACIÓN

En ambas regiones, el informe llama la atención que la reincorporación ha sido obstaculizada por las condiciones de inseguridad y la dificultad que tienen los excombatientes para acceder a la tierra. De acuerdo con la población, estos inconvenientes han hecho insostenible el proceso, al punto de que muchos reincorporados en la zona han tenido que desplazarse a otras regiones.

En el sur de Córdoba, por ejemplo, la reincorporación ha tenido un enfoque individual y no comunitario, lo que según el informe, ha impedido el desarrollo de proyectos productivos colectivos. Esta situación se agravó, en cierta medida, con el traslado del antiguo Etcr de El Gallo.

"De acuerdo con varios excombatientes de Bajo Cauca y nordeste antioqueño, la oferta de seguridad para las personas que adelantan su proceso de reincorporación fuera de los antiguos ETCR es prácticamente nula. Reclaman la necesidad de una política de protección en las 'Nuevas Áreas de Reincorporación", dice el documento.

Además de eso, la Fundación resaltó que algunos excombatientes de Bajo Cauca y nordeste antioqueño ven con preocupación la captura de campesinos por parte del Ejército y la Fiscalía en inmediaciones de los antiguos ETCR, sin ninguna justificación. Lo llaman “falsos positivos judiciales”. También denuncian la suplantación de identidades con fines extorsivos por parte de grupos armados y delincuenciales que hace que aumenten los señalamientos y persecuciones.

ATENCIÓN A LAS VÍCTIMAS

Para la Fundación, en las dos regiones hay gran preocupación por el aumento de víctimas, por lo que urge implementar acciones de atención y reparación hacia las víctimas de los recientes hechos de desplazamiento, confinamiento, reclutamiento forzado, amenazas y delitos sexuales, entre otros.

"La intensificación de la violencia armada en el territorio es fuente de revictimización, limita la participación de los líderes de organizaciones de víctimas y defensores de derechos humanos, y ralentiza la implementación de las políticas de reparación integral a las víctimas", dice el informe.

La fundación alertó también que hay preocupación en las víctimas del sur de Córdoba ante "la lentitud" con la que avanza el proceso de reparación colectiva, lo que ha llevado a que muchas personas se retiren. "Algunos líderes de la Mesa Departamental de Víctimas de Antioquia tienen reparos ante los cambios al protocolo de participación de víctimas".

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