Lo ocurrido en la vereda La Realidad, en Mapiripán Meta, estaba advertido y debió haberse evitado, dice un trino de la Defensoría del Pueblo, luego de conocer los hechos ocurridos en la mañana de este lunes, donde perdieron la vida seis personas.
La alerta, que fue emitida el pasado 2 de agosto, decía que el departamento de Meta estaba bajo la lupa, especialmente dos municipios: Mapiripán y Puerto Concordia. Según el informe, más de 41.000 personas estaban en riesgo.
En Mapiripán, donde ocurrió la masacre, estaban en peligro 18.532, y en Puerto Concordia al rededor de 22.559. El documento advirtió que la cifra podía variar debido a las diferentes dinámicas del conflicto armado, por lo que podría terminar en un aumento.
En cuanto a Mapiripán, la alerta dice que habían cuatro territorios en riesgo, precisamente, resguardos indígenas que corresponden a Caño Jabón, Caño Ovejas, Charco Caimán y Macuare. Y en Puerto Concordia el resguardo La Sal. Adicional a ello, tres asentamientos indígenas denominados la Finca Luna Roja, la finca Zaragozas y el casco urbano de Puerto Concordia.
El informe de la Defensoría advirtió que hay presencia de los frentes 1 y 7 de las disidencias de las Farc, además de los grupos desmovilizados de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc): ‘Los Puntilleros’ y los ‘Libertadores de Vichada’. Según el informe, los grupos al margen de la ley se disputan el territorio para el procesamiento de alcaloides que serán enviados a países de Centroamérica.
“En el marco de los propósitos de control sobre el territorio de Puerto Concordia, Mapiripán y su población, el Sistema de Alertas Tempranas ha conocido que los grupos armados ilegales profieren amenazas de exterminio social contra poblaciones estigmatizadas”, dice el informe.
Según la Defensoría, durante los primeros meses de 2018 existió una amenaza denominada ‘limpieza social’, que estaba dirigida a los jóvenes que habitaban algunas regiones de Puerto Concordia. En ese momento, la ‘limpieza’ amenazaba de muerte a “jóvenes trabajadores de cultivos de palma”.
El organismo defensor no escatimó en asegurar que al menos 12 personas fueron víctimas de desplazamiento forzado, precisamente con el fin de evitar que atentaran contra su vida.
Por último, el informe reveló que los derechos humanos violados en esta zona del país son a la libre circulación, la vida, la integridad personal y la libre asociación, por lo que instaba a las autoridades locales y nacional a tomar medidas para prevenir los hechos que ocurrieron durante esta semana.
Por la masacre ocurrida recientemente, las autoridades ofrecieron una recompensa de hasta 50 millones de pesos para quien brinde información sobre los posibles responsables del crimen.
A juicio del ministro de Defensa, Guillermo Botero, la primera hipótesis que manejan las autoridades es que “estas personas llevaban ocho días en la zona y estaban haciendo negocios de pasta de coca. Fueron muertos este lunes sobre las 10:00 de las mañana”.
