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Lo que sigue para que el aborto no sea un delito
- Archivo / VANGUARDIA
El movimiento Causa Justa, conformado por organizaciones, prestadoras/es de salud, integrantes de la academia, centros de investigación y activistas de todo el país, instauró el pasado 16 de septiembre una demanda al artículo 122 del Código Penal que establece el aborto como delito.
Entre los argumentos utilizados por Causa Justa para sustentar su demanda de inconstitucionalidad, están “cifras y estudios sobre las nuevas realidades entre las que se incluyen la afectación del personal de salud y las barreras de acceso a la IVE para las mujeres migrantes en el contexto de migración masiva que vive en el país”.
El pasado lunes, la Corte Constitucional aceptó la demanda. ¿Qué sigue en este proceso? Expertos consultados por Vanguardia hablaron del tema.
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Ana Cristina González, cofundadora de La Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, precisa que “la Corte abrirá un período donde se aceptan las intervenciones ciudadanas, distintas personas pueden expresar su perspectiva frente a lo que nosotras estamos demandando, y después, con toda esa información, la Corte hace un análisis y esperamos que en unos seis meses haga un pronunciamiento de fondo frente a nuestra petición”.
Por su parte, Yinny Paola Valencia, abogada de la Fundación Mujer y Futuro, explicó que tras la aceptación de la demanda, “se escucharán conceptos como el de la Procuraduría y distintas autoridades de la administración relacionadas con el tema y podría llegar a suceder que se diera una audiencia”.
Valencia señala que luego de escuchar estos argumentos, la Corte Constitucional emitirá un fallo de fondo, el cual establecerá si se aceptan o no las pretensiones de la demanda, es decir, si se elimina el delito o si se permanece la legislación como está. “No puede haber un retroceso en los derechos de las mujeres, esto ya lo ha establecido la Corte en anteriores sentencias en las cuales ha tratado esta temática”.
Yinny Paola Valencia, abogada de la Fundación Mujer y Futuro, explicó lo qué significaría la eliminación del delito de aborto del código penal: “Implicaría que ninguna mujer podrá ser investigada bajo ningún argumento por acceder a la interrupción voluntaria del embarazo, así como tampoco podrá ser investigado el personal de salud que contribuya a este derecho”.
Valencia señaló que en departamentos como Santander, la eliminación del artículo 122 del código penal tendría un impacto significativo en la vida de las mujeres.
En redes sociales se hicieron oír posturas a favor y en contra de la eliminación del delito de aborto del código penal. “En Santander existe una gran cantidad de embarazos no planeados a causa de distintas realidades: la violencia basada en género, principalmente la violencia sexual en situación de precariedad económica; desinformación; barreras de acceso a los métodos anticonceptivos. La eliminación de este delito tendría un impacto en las realidades de las mujeres más vulnerables, como lo son las mujeres rurales, indígenas, migrantes venezolanas, ya que permitiría una maternidad libre y voluntaria y la garantía real de los derechos de las mujeres santandereanas”.
Yinny Paola Valencia, abogada de la Fundación Mujer y Futuro, explicó cuál es la situación de las mujeres que interrumpen su embarazo fuera de las tres causales establecidas por la Corte (la salud de la mujer está en riesgo, hay malformación del feto incompatible con la vida, violación o incesto).
“Se ha comprobado que la penalización se ha convertido en una barrera de acceso y un factor reproductor de las desigualdades que sufrimos las mujeres. El 97% de las mujeres que tuvieron que enfrentar un proceso penal por interrumpir su embarazo pertenecían a la ruralidad, así como el 30% eran víctimas de violencia intrafamiliar, sexual o lesiones personales”.