jueves 13 de diciembre de 2018 - 12:01 AM

Los niños víctimas también tienen derechos

Instituciones agrupadas en la Alianza por la Niñez en Colombia presentaron un diagnóstico sobre el incumplimiento de los derechos de los niños víctimas del conflicto.

Dos años han pasado desde la firma del Acuerdo de Paz con las Farc que permitió que, después de casi 60 años de guerra, Colombia se abriera paso en el camino hacia la paz.

Durante muchos años las víctimas no solamente fueron aquellos que perdieron a alguno de sus familiares o sus tierras, ni los que tuvieron que dejarlo todo por cuenta del conflicto.

En este conflicto, según el más reciente informe presentado por la Alianza por la Niñez de Colombia (integrada por varias organizaciones), “más de ocho millones de personas despojadas de sus tierras, arrancadas de sus comunidades, tradiciones y medios de subsistencia, son protagonistas de una tragedia humana desproporcionada que mostró la precariedad estatal ante la magnitud del fenómeno”.

Además, se evidenció que “lo que ocurrió con niños, niñas y adolescentes (así como con mujeres) es algo que avergüenza a todas las partes del conflicto, tanto por la incapacidad de brindar protección, como por la capacidad de hacer daño a lo más sagrado: el relevo generacional, político, ético y económico del país”.

Gloria Carvalho, secretaria ejecutiva de la Alianza por la Niñez en Colombia, explicó a Vanguardia Liberal que para el informe “lo que nosotros hicimos fue revisar las 18 recomendaciones que el Comité de los Derechos del Niño hizo al país en 2015, en relación con tres bloques temáticos: niñez víctima de desplazamiento forzado, niñez víctima perteneciente a grupos étnicos y niñez víctima de los delitos contemplados en el Protocolo Facultativo de la Convención sobre la participación de ellos y ellas en conflictos armados (relacionados con reclutamiento, vinculación a grupos armados no estatales, víctimas de minas antipersonal, municiones sin explotar y artefactos explosivos improvisados) y el análisis demuestra que el Estado colombiano no ha cumplido a cabalidad ninguna de las recomendaciones”.

Niños del conflicto

El informe revela que “en la preocupante cifra de niñas y niños víctimas del conflicto no están incluidos los niños, las niñas y los adolescentes que pertenecieron a las filas de las autodefensas, ni tampoco de la guerrilla, por cuanto es una cifra incierta para Colombia. Según el Centro Nacional de Memoria Histórica (Cnmh), 16.879 menores de edad fueron vinculados entre 1960 y 2016 a los grupos armados organizados al margen de la ley (Gaoml), pero solo 6.499 han ingresado al Proceso Administrativo de Restablecimiento de Derecho (Pard)”.

Según la secretaria ejecutiva de la Alianza por la Niñez en Colombia, “lo que sigue es reunirnos con las instancias del Estado para poner de relieve cuáles son los aspectos que se presentan como fundamentales y en la medida en que el Estado pueda implementar estas recomendaciones, pues va a tener una incidencia sobre la situación de los niños víctimas del conflicto armado”.

Programas ineficientes

Para Camilo González Posso, Presidente del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, Idepaz, “los programas y respuestas del Estado han sido insuficientes desde el punto de vista educativo, de la atención sicosocial y en todas las magnitudes. Creo que son las grandes fallas de la sociedad colombiana, de la deuda de los infantes y adolescentes, porque son generaciones que han llegado a las ciudades desplazados, algunos de los cuales ya son mayores, y que han sido sometidos a una frustración y a una revictimización”.

Ante la falta de oportunidades, González Posso considera que “la responsabilidad del Estado no es solamente de un gobierno o una institución, sino que están comprometidas varias instituciones como por ejemplo en educación, salud, empleo y lo que ha faltado es una política integrada para responder que es fundamental porque solamente en registros se habla de siete millones de víctimas y por lo menos la mitad de este grupo son niños”.

Para el Presidente del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, Idepaz, “la dimensión del problema es a todos los niveles y debe haber una veeduría ciudadana generalizada, pero desde muchas instancias, como la Defensoría del pueblo y como una política de Estado que debe estar pendiente de que no sigan vulnerando los derechos de los niños, niñas y adolescentes víctimas del conflicto armado en Colombia”.

En el informe Alianza por la Niñez en Colombia, el Observatorio de Niñez y Conflicto Armado de la COALICO (ONCA), señala que durante 2017 se presentaron 46 eventos asociados con desplazamiento forzado, que afectaron a más de 2.400 niños, niñas y adolescentes, principalmente en los departamentos de Nariño, Chocó, Valle del Cauca, Antioquia y Norte de Santander.

Todo lo anterior es muestra de la continuidad del conflicto armado, así como de la comisión de graves crímenes e infracciones al Derecho Internacional Humanitario y al Derecho Internacional de los Derechos Humanos, que afectan principalmente a niños, niñas, adolescentes y mujeres.

Algunas conclusiones

De acuerdo con el Centro de Memoria Histórica, las Farc-EP fueron el mayor reclutador de niñas y niños con el 54%. “Con la firma del Acuerdo Final se entregaron formalmente 135 niños, por lo cual es urgente que el Estado emprenda una búsqueda activa de los menores de edad víctimas de vinculación a Gaoml que retornaron a sus comunidades y hogares y no han sido atendidos en los programas especializados que garantizan su reintegración efectiva a la sociedad. Ellos requieren ser ubicados para restablecerles sus derechos. Seguramente varios de ellos hoy ya son mayores de edad”, señaló Esther Narváez, quien realizó la compilación y análisis de la información para la Alianza por la Niñez Colombiana.

Cifras del informe

- Del total de niñas y niños víctimas del conflicto, el 99% han sido forzadamente desplazados, desarraigados, situación que los sume en pobreza, desprotección y los expone a otros hechos como la vinculación, el abuso sexual, los accidentes por minas antipersonas, entre otros.

- Del total de personas afectadas por la violencia en sus comunidades, el 12% indicó ser indígena, raizal o gitano; y en este segmento, 11,85% (282.312) son menores de 18 años de edad.

- Según datos de la Dirección para la Atención Integral Contra Minas Antipersonal (DAICMA), desde 1990 hasta el 31 de agosto de 2017 se han registrado 11.495 víctimas de minas antipersonal (MAP) y municiones sin explotar (MUSE) de las cuales 10,1% (1.172) son niños, niñas y adolescentes.

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