lunes 15 de julio de 2019 - 8:24 PM

Los pro y los contra del proyecto que beneficiaría a Andrés Felipe Arias

Con la propuesta del Centro Democrático de establecer una segunda instancia para los funcionarios con fuero (reforma que beneficiaría al exministro Andrés Felipe Arias, extraditado de Estados Unidos y recluido en la Escuela de Caballería en el norte de Bogotá) se ha planteado un intenso debate sobre si esta iniciativa sería viable jurídicamente y conveniente.
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Son varios los factores a tener en cuenta. El más importante, si esta reforma podría ser retroactiva, y de ser así cuántos recursos humanos y físicos serían necesarios para llevarla a cabo, si provocaría congestión en la rama judicial y si vale la pena el desgaste legislativo que se requeriría para su aprobación teniendo en cuenta que podría ser rechazada por la Corte Constitucional. Esos son solo algunas de las cuestiones que se han de resolver antes de que el país se vea inmerso en esta nueva propuesta jurídica.

Hay quienes apoyan que el tema se haga retroactivo y abierto desde cualquier fecha, es decir que no contemple un mínimo de tiempo. Bajo ese panorama, se podrían presentar casos aún desde 1991. Las cifras de la Corporación Excelencia a la Justicia son abrumadoras ya que en un análisis que hicieron del tema desde ese año a la fecha hay por lo menos 232 condenados con fuero y en única instancia.

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En el listado de aforados constitucionales figuran nombres como Iván Moreno Rojas, condenado por el carrusel de la contratación; María del Pilar Hurtado, culpable por el tema de las chuzadas; Lucas Segundo Gnecco, procesado por corrupción; Vicente Blel, responsable de nexos con grupos paramilitares, y el propio Andrés Felipe Arias, por las irregularidades en la implementación del programa Agro Ingreso Seguro y que le valieron una pena de 17 años de cárcel.

Una pena similar en años que también le impuso, en única instancia, el entonces procurador Alejandro Ordóñez por tres cargos por delitos contra la administración pública. El Ministerio Público le impuso 16 años.

Este nuevo cúmulo de procesos podría ser una carga para la Rama Judicial que ya de por sí enfrenta dificultades económicas e implementar una nueva sala con sus magistrados titulares y auxiliares implicaría un esfuerzo adicional en cuestiones de dinero y, en consecuencia, aumentaría la congestión judicial.

Dos expertos de la justicia, el exfiscal Mario Iguarán y Alfredo Sierra, expresidente de la Corte Constitucional, dan su punto de vista sobre este tema que empieza generar un nuevo clima de discusión en el país.

Preguntas

1. ¿Es la doble instancia para aforados necesaria para el país?

2. ¿Debe ser retroactiva?

3. ¿Existen los recursos para aplicarla?

4. ¿Aumentaría la congestión judicial?

5. ¿Es una ley con nombre propio?

Mario Iguarán, ex fiscal general

1. El proyecto debería pasar dentro de un estado social de derecho, porque la doble instancia es una garantía procesal señalada en ordenamientos jurídicos con tradición jurídica y respetuosa del debido proceso. Colombia es de los países o de los ordenamientos jurídicos que no cuenta con la doble instancia, por eso debería pasar.

2. Se aplicaría sin ningún límite. Solo habría un límite que es que esté surtiendo efectos, no se aplicaría a alguien que fue condenado y ya cumplió su pena. O fue condenado y murió. Pero mientras esté siendo o cumpliendo una pena impuesta en una decisión que no permitió la doble instancia, podría aplicarse la revisión o doble instancia.

3. Exige recursos humanos y físicos impresionante. Frente a las realidades presupuestales para la administración de justicia no sería muy optimista. Vendría una avalancha de recursos para que se revisaran esas decisiones y eso va a significar una congestión.

4. Generaría una congestión porque hay condenas y procesos emblemáticos. Sobre la revisión, desde el punto de vista práctico de realidad probatoria, tendrían muchas dificultades, pero hay que recordar que la segunda instancia no permite un tema probatorio. Es discutir o revisar sobre las consideraciones jurídicas o las valoraciones que se hicieron de las pruebas. Sería una valoración sobre las mismas pruebas que sirvieron de base para fallar o que no se tuvieron en cuenta para fallar en el proceso.

5. No debería dársele nombre propio, porque son muchos los interesados en que se haga esta reforma. Decir que es para el exministro Andrés Felipe Arias, pues seguramente él sería uno de los primeros, pero también de esa oportunidad procesal harían uso centenares de condenados.

Alfredo Beltrán Sierra, ex magistrado de la Corte Constitucional

1. El proyecto es altamente inconveniente en este momento. Si se concede no puede ser un simulacro de segunda instancia, tiene que ser una segunda instancia con todo lo que significa ella. Debe estar revestida de seriedad como garantía.

2. Debe ser a futuro, no para los que ya tuvieron fuerza de cosa juzgada, que implica certeza jurídica y eso es lo que estaría en juego en este caso. Si el sentido del proyecto es el de hacer retroactiva la doble instancia al momento en que se pronunciaran las sentencias lo que quedaría sería claro que eso implicaría que quedan sin efecto de cosa juzgada todas las sentencias proferidas durante la vigencia de la Constitución del 91.

3. En los casos en los que la sentencia fuera revocada se podría decir que produjo unos efectos que causaron perjuicios y luego vendrían unos procesos de indemnización. Esto sería bastante alto si se presentan esas demandas debidamente sustentados en contra del Estado.

4. Lo que creo es que la Corte Suprema de Justicia tendría que entrar a resolver sobre esa segunda instancia todos esos procesos y eso se sumaría al trabajo que ya tiene.

5. Indudablemente que tiene nombre propio incluso, absolución anticipada porque una de las personas que apoya el proyecto habló ya de que el exministro Andrés Felipe Arias es inocente.

Algunas sentencias que podrían ser revisadas

Si la retroactividad se aplica desde 2014, podrían pedir su doble instancia Luis Gustavo Moreno Rivera, el exfical anticorrupción condenado por corrupción; el exfiscal seccional de Medellín, Guillermo León Valencia Cossio, condenado por engavetar procesos; el exsenador cordobés Martín Emilio Morales Diz, responsable de alianzas con bandas criminales, y Miguel Maza Márquez, el exdirector del DAS procesado por el crimen de Luis Carlos Galán.

Si ese beneficio se iniciaría desde 2009, aparecen nombres como Salvador Arana Sus, Álvaro Araújo Castro, Hernando Molina Araújo, Mario Uribe Escobar y, de nuevo, Guillermo León Valencia Cossio.

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