domingo 16 de febrero de 2014 - 5:30 PM

Mapas de riesgo electoral pueden estigmatizar a la población

En diálogo con COLPRENSA, la procuradora delegada para Asuntos Electorales, María Eugenia Carreño, explicó por qué considera que la democracia está pasando por un momento de marchitamiento cuando hasta los servidores públicos se muestran reacios para ejercer como jurados de votación durante las elecciones.
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Además, defendió que los mapas de riesgo electoral estigmatizan la población poniéndola en más riesgo.

-¿Cuáles son los principales riesgos electorales que se identifican desde la Procuraduría?

La actividad electoral en nuestro país desafortunadamente padece de malas prácticas, eso es consetudinario en estas elecciones y ello obedece a la carencia de candidatos que formulen ideas que hagan sólida la democracia. Lo que estamos viendo en nuestros tiempos es el marchitamiento de la democracia. La idea se ha perdido, los proyectos políticos se han perdido y encontramos las malas prácticas, la compra de votos, las fuentes de financiamiento ilegal, el fraude electoral.

Frente a todos estos fenómenos nocivos para nuestra democracia, para el proceso electoral, la Procuraduría trabaja para combatir estos flagelos que son formas de corrupción. En el Ministerio Público, en el ministerio de la gente, escuchamos a la sociedad y estamos para atender las reclamaciones, las quejas, las inconfrormidades de los electores.

-¿Cuáles son las regiones con mayor riesgo electoral?

Nosotros como Procuraduría no establecemos lo que se ha denominado Mapa de Riesgo. Para la Procuraduría todo el territorio nacional es importante y no estamos haciendo eso que se ha denominado zonas de alto riesgo. Consideramos que incluso puede estigmatizar a la misma población y puede afectarla al ponerla en riesgo. En ese orden de ideas, no hay ninguna zona para la Procuraduría que no sea objeto de observación. Todo el territorio nacional debe ser objeto de observación.

-¿Qué pasa con la compra de votos en el Atlántico?

Lo que hice fue una alerta porque ese inusitado número de cédulas inscritas nos llevan a pensar que puede haber una posible práctica de compra de votos. Normalmente cuando hay esas cifras exageradas de registro de cédulas es porque algo pasa y en ese sentido pues abrimos los ojos y damos las alertas.

-Usted ha defendido que el papel de la Procuraduría en las elecciones pasa de "la zanahoria al garrote". ¿Cómo se entiende eso?

Estamos siendo preventivos, haciéndole acompañamiento como órgano del Estado, autónomo e independiente, pero tenemos también unos mecanismos de ser operadores disciplinarios. Ejercemos la vigilancia sobre la conducta oficial de los funcionarios públicos y cuando sea necesario y se encuentren elementos de juicio, hacemos investigaciones disciplinarias que conllevan sanciones a los servidores públicos. Pero, ese es el escenario que quizás no quisiéramos utilizar en nuestro país.

-¿A qué tipo de sanciones se puede enfrentar un funcionario público en época electoral?

La ley disciplinaria establece faltas gravísimas cuando quiera que se incurra en participación en política, en delitos electorales como compra de votos, presión al electorado. La ley disciplinaria establece que esas faltas gravísimas conllevan la destitución y la inhabilidad para el ejercicio de funciones públicas por el término mínimo de 10 años.

-¿Qué opinión le merece el anuncio del Registrador en tanto que algunos funcionarios públicos no están dispuestos a ser jurados de votación?

Eso desfortunadamente es el desprecio de nuestra sociedad por los procesos electorales, por el sistema político que nos gobierna. Es un sentido cívico también. Los ciudadanos así como tenemos derechos, también tenemos deberes y no podemos ser indiferente frente a nuestro sistema, frente a lo que hemos creado, frente a lo que nos gobiernas. Entonces, esa indiferencia por parte del ciudadano es una reflexión que es importante hacerlo pues rechazamos unos deberes y siempre exigimos derechos. Muchas veces decimos que la clase política que nos rige es lo peor, pero no hacemos lo mínimo que es muchas veces el deber de ser jurado, que es una gran función que garantiza unos escrutinios transparentes.

-¿Hay sanciones para esos servidores que traten de evadir el hecho de ser jurados?

Para los que incumplen, se establecen unas sanciones pecuniarias y para los que acepten el ejercicio de la función, pero incurran en prácticas indebidas, la Procuraduría contempla en el proceso disciplinario, la correspondiente sanción.

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