Tras cinco meses de audiencia en el Complejo Judicial de Paloquemao, fallas técnicas, inconvenientes por el idioma, entre otras circunstancias, el juez 16 con función de Control de Garantías dictó medida de aseguramiento contra los cinco exdirectivos de Reficar y dos extranjeros de la firma CBI.
Esto en el marco de las investigaciones que adelantó la Fiscalía General de la Nación en el presunto desfalco de más de 610.000 millones de pesos en la modernización de la Refinería de Cartagena.
En la mañana de este miércoles, el juez dictó medida en aseguramiento en centro carcelario contra el ciudadano americano Massoud Deudehban, exdirector de proyectos y representante legal de la firma CB&I. El juez aseguró que “sobre Deudehban se ordena su captura y se emite circular azul. Una vez se encuentre en Colombia se librará boleta para ingreso a la Cárcel Distrital”.
En cuanto a Orlando José Cabrales, expresidente de Reficar (2009), el juez indicó que se impondrán varias medidas de aseguramiento no privativas de la libertad. “Deberá acudir al centro de servicios judiciales los cinco primeros días de cada mes y la prohibición de comunicarse con víctimas. Estas medidas se impone por su avanzada edad, de 79 años, por lo tanto no se impone detención en su domicilio, la medida es necesaria y no privativa de la libertad”.
En cuanto Philip Kent Asherman, exdirectivo de CB&I, el juez dictó una medida restrictiva que no afecta la libertad del imputado por lo que tiene la “obligación de presentarse en el consulado de Colombia en Texas dos veces al mes, además de tener que comparecer a las audiencias. Se impone medida de aseguramiento con prohibición de comunicarse con testigos y personas vinculadas al caso”.
Sobre Pedro Alfonso Rosales Navarro, exmiembro mesa directiva Reficar, el juez profirió medida no privativa de la libertad y aseguró que tiene “prohibición de salir del país, pese a que no tiene antecedentes penales. Tampoco puede comunicarse con los procesados y debe comparecer ante las autoridades una vez sea llamado a los estrados judiciales”.
Para Carlos Alberto Lloreda Silva, también exmiembro de la mesa directiva de Reficar, el juez determinó que “se impone medida de aseguramiento con prohibición de salir del país o del ámbito territorial que se fije, se entiende que el investigado tiene arraigo en Colombia y no cuenta con antecedentes penales. La medida es proporcional ya que no se impone restricción privativa de la libertad”.
Por otro lado, en la tarde de este martes, el juez dictó medida de aseguramiento en detención domiciliaria contra Reyes Reinoso Yáñez, presidente de la Refinería de Cartagena (Reficar) para el periodo 2012 – 2016. En este caso se aseguró que Reinoso no tiene antecedentes penales e indicó que “se cuenta que el imputado tiene un arraigo en el país, por lo que no presenta un peligro para la sociedad ni tampoco se puede movilizar hacia otros lugares”.
En cuanto a Felipe Laverde Concha, quien fungió como vicepresidente jurídico de la entidad, el juez también dictó detención domiciliaria por su “delicado” de salud.
“Los documentos develados ante este despacho demuestran que el imputado padece de enfermedades coronarias y renales, por lo que si llegará a sufrir una crisis, en un centro penitenciario no le prestarían los servicios adecuados”.
El llamado a juicio
En lo que ha sido considerado como un acto sin precedentes, sin que terminara la audiencia de medida de aseguramiento, la Fiscalía General de la Nación presentó el escrito de acusación contra los hoy imputados.
Los llamados a juicio son Philip Kent Asherman, representante legal CB&I, por el delito de interés indebido en la celebración de contratos en calidad de interviniente, como beneficiario de la contratación en el año 2010. Y Massoud Deudehban, director de Proyectos y representante legal CB&I 2009, quien fue imputado por peculado por apropiación y enriquecimiento ilícito a favor de particulares.
Igualmente, el expresidente de Reficar S.A. Orlando José Cabrales y el miembro de la junta directiva Pedro Alfonso Rosales Navarro, fueron llamados a juicio por el delito de interés indebido en la celebración de contratos.
Este llamado también va dirigido contra el presidente de Reficar 2012- 2016, Reinoso Yáñez, imputado por los delitos de peculado por apropiación a favor de terceros y varios concursos de falsedades ideológicas en documento público, por los estados financieros entregados y formados en los años 2013 al 2015.
De la misma manera, el vicepresidente jurídico Felipe Arturo Laverde Concha, tendrá que responderá por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación en favor de terceros e enriquecimiento ilícito a favor de terceros.
Por último, fue llamado a juicio el revisor fiscal para el periodo 2013 - 2015, Carlos Alberto Lloreda, por incurrir presuntamente en un concurso de falsedades ideológicas en documento público y complicidad en peculado por apropiación a favor de terceros.
