sábado 04 de enero de 2020 - 12:00 AM

Mininterior se reunió con líder de Bojayá amenazado

El próximo miércoles se convocará el Comité de Justicia Transicional de la Unidad Nacional de Víctimas para entregar kits alimentarios a población afectada por la restricción en la movilidad.
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Ayer el presidente Iván Duque instruyó al ministro del Interior encargado, Daniel Palacios, para que se reuniera con el líder social y víctima de la masacre de Bojayá, Leyner Palacios, quien fue amenazado por grupos criminales.

Según las denuncias, al sobreviviente de la masacre de Bojayá le dieron dos horas para salir del departamento del Chocó.

Al terminó de la reunión el líder dijo que la reunión fue positivo porque se decidió mejorar la seguridad no solo de él, sino de las comunidades de Bojayá.

El líder anunció que seguirán trabajando los temas de derechos humanos y que el trabajo se traduzca en mayor tranquilidad para la gente.

Las amenazas

Las amenazas en contra de Palacios se registraron luego de que denunció la presencia de paramilitares en la zona.

Según ha trascendido, la incursión de miembros del ‘Clan del Golfo’ ocurrió el pasado 31 de diciembre en el corregimiento Pogue, Bojayá, a tres horas de Bellavista donde ocurrió la masacre de más de 80 personas.

Lea también: Aumentar las tropas en Bojayá: la solución del Ejército por incursión del Clan del Golfo

Lo que han denunciado los habitantes, entre ellos Palacios, es que al menos 600 personas están confinadas luego de la incursión de hasta 300 paramilitares que han amenazado a la mayoría de líderes sociales de la zona.

Total tranquilidad

El ministro del Interior (e) Daniel Palacio, aseguró que hay total control militar de la zona de Bojayá, en donde la población denunció que unos 300 hombres con armas largas los mantuvieron retenidos en sus regiones con amenazas de violencia.

Palacio, quien se trasladó ayer a Quibdó, Chocó, y luego a Bojayá en compañía de Ramón Rodríguez, director de la Unidad para las Víctimas.

“La situación de orden público en esta zona del territorio nacional es de total tranquilidad. Tenemos control del área militar con el Ejército, presencia de la Policía en las cabeceras municipales y este dispositivo que ya existía se incrementó con más de cien hombres”, afirmó el Ministro (e).

Por su parte, el director de la Unidad de Víctimas, Ramón Rodríguez, afirmó que esa entidad se trasladó a la zona para realizar acompañamiento a la ciudadanía y revisar las denuncias de una incursión paramilitar en inmediaciones de Bojayá.

“Esta es una visita a Bojayá y hacemos un recorrido para revisar los informes de riesgo, notas de seguimiento frente a la comunidad de Pogue frente a la presencia de grupos ilegales allí en la zona. Y queremos darle parte de tranquilidad, de que cuenta con el Ejército, Policía y todas las autoridades”, dijo Rodríguez.

El funcionario agregó que la organización mantiene sus labores acompañamiento de las víctimas y que seguirán en esas labores en el sector de Bojayá y sus alrededores.

En las últimas horas, el jefe de la cartera política (e) anunció la presencia permanente de la fuerza pública en Bojayá y obras para restablecer el comercio.

“El Ministerio del Interior financiará la adecuación de la infraestructura en el municipio de Bellavista para que el Ejército Nacional pueda tener presencia permanente. Así mismo, haremos la adquisición de unas lanchas para fortalecer la infantería de Marina.

Medidas urgentes
La Procuraduría General le solicitó al Gobierno nacional tomar medidas urgentes para eliminar la situación de confinamiento que padece la población de Bojayá, Chocó, y de otras regiones del departamento por la presencia de miembros de las denominadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia, AGC, y del Ejército de Liberación Nacional, Eln. en la zona.
Así mismo, el órgano de control instó al Gobierno para que implemente de forma integral un plan de acción que garantice la seguridad de la población a través de una actuación de la Fuerza Pública y requirió evaluar la intervención de las Fuerzas Militares e identificar los obstáculos que han impedido la protección a la población de manera efectiva, y prevenir nuevas situaciones de violencia y victimización.
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