martes 23 de febrero de 2021 - 12:00 AM

Minjusticia explica el proyecto de ley que vincula la aspersión con glifosato

El Gobierno dice que asegura el cumplimiento de los derechos ambientales, a tiempo que establece mecanismos efectivos para el control de los riesgos en el marco de cultivos ilícitos.
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El ministro de Justicia, Wilson Ruiz, explicó el borrador del decreto que regula la aspersión aérea con glifosato y los riesgos que tiene para la salud y el medioambiente.

“Este decreto es un paso importante y obedece de forma integral a las disposiciones de la Corte Constitucional para una eventual reactivación del programa de erradicación de cultivos ilegales”, dijo el jefe de la cartera.

El alto funcionario explicó que el proyecto, que será discutido en marzo próximo en el legislativo, tiene establecido controles rigurosos en la aplicación de las actividades de erradicación.

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“Cumplen con las características de erradicación imparcial enfocada en los riesgos contra la salud y el ambiente. Contiene las disposiciones a la evaluación continúa del riesgo en un proceso participativo para revisión automática de las decisiones. La investigación científica con garantías de rigor, calidad e imparcialidad de procedimientos de queja intensivos, independientes con la evaluación de riesgo”, argumentó Ruiz.

El jefe de la cartera añadió que la aspersión aérea estará restringida, expresamente, en áreas de parques nacionales naturales, los ecosistemas estratégicos como páramos, humedales, categoría raizal, manglares, los cuerpos de agua y los centros poblados.

Dijo que el documento especifica que la consulta previa debe adelantarse cuando la ejecución del programa de cultivos sea susceptible de afectar directamente a las comunidades étnicas. “El concepto principal es el de velar por la salud y será emitido por el Instituto Nacional de Salud y el concepto ambiental será emitido por la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, Anla”.

Recordó que la Dirección de Policía Antinarcóticos será la encargada de la aspersión por lo que deberá presentar un informe mensual de sus operaciones.

“La norma establece un seguimiento del programa de erradicación de cultivos ilícitos que corroborará la efectividad del programa y determinar si es necesario imponer medidas ambientales adicionales evitando corregir o mitigar impactos no previstos”, dijo el ministro.

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