Negociadores de paz le piden al Eln y a las disidencias de las Farc parar las afectaciones a la población civil

De acuerdo con los negociadores, los últimos ataques de estos grupos son inconcebibles "mientras se negocia la paz".

Lafaurie y Valencia Cossio piden un Acuerdo entre el Eln y las disidencias de las Farc para cesar sus enfrentamientos por control territorial y dejar de afectar a la población civil pidieron los integrantes de las delegaciones de paz con esos dos grupos

En una carta dirigida al comisionado de Paz, Iván Danilo Rueda; a alias Pablo Beltrán, del Eln; y alias Andrey Avendaño del EMC, los negociadores expresaron que en este momento las comunidades, pueblos étnicos, territoriales, campesinos y otros grupos de especial protección están siendo víctimas de los enfrentamientos entre los Grupos Armados Organizados (GAO), en este caso el Eln y las disidencias de las Farc, que al mismo tiempo dialogan con el Gobierno Nacional con el propósito de lograr la paz.

Para los negociadores, al igual que como lo expresó el presidente Gustavo Petro, "cualquier negociación en el territorio nacional con grupos armados debe tener en cuenta que antes que un cese al fuego lo que queremos es un cese de hostilidades a la población civil".

La confrontación permanente en los territorios "ante la mirada atónita del país y de la comunidad internacional, ha traído como consecuencia que la población civil sea víctima de desplazamiento masivo o de confinamiento forzado, con total irrespeto de sus derechos fundamentales a la educación, salud, seguridad, libre movilidad, a la vida misma y, de cara a las próximas elecciones regionales, también a la libre expresión de sus preferencias políticas en las urnas”, dice la misiva.

Ante tal panorama, Valencia Cossio y Lafaurie Rivera plantearon tres razones fundamentales para esta invitación de llegar a un Acuerdo de cese al fuego con los grupos armados.

La primera tiene que ver con respetar lo más importante: la gente en los territorios, las víctimas de desplazamiento, de confinamiento "y de la zozobra de la violencia, que se suma a la del abandono, la peor de las violencias; las personas que hoy no pueden vivir tranquilamente en los territorios”.

La segunda: la confrontación entre grupos armados en proceso de negociación y, por tanto, con “voluntad de paz”, al afectar gravemente a las comunidades, convoca la intervención de la Fuerza Pública, obligada a cumplir su deber constitucional de proteger a la población. Para los negociadores, esto deriva en eventuales “incidentes” que caen en la órbita de los respectivos Mecanismos de Monitoreo y Verificación, convirtiéndose en obstáculos a los dos procesos.

Y la tercera razón tiene que ver con la situación de violencia crónica que se vive en Cauca, Nariño, Chocó, Arauca y el Catatumbo, entre otras regiones, por enfrentamientos entre grupos que, al mismo tiempo, adelantan conversaciones de paz con el Gobierno, "es totalmente inconsecuente y les resta credibilidad a los procesos", indicaron.

En la carta, los negociadores esxplicaron que un país como Colombia, marcado por la violencia, "que se mueve entre el escepticismo y la desesperanza, fruto de una negociación tras otra y de promesas frustradas de una paz estable y duradera, necesita empezar a creer que es posible esa paz, sinónimo de bienestar y de poder ‘vivir tranquilamente’”.