viernes 25 de enero de 2019 - 12:00 AM

No es un simple protocolo

El presidente de la ONU, Miguel Vargas Maldonado hizo un llamado al Gobierno para que pese a la situación que se ha presentado con el Eln intente retomar los diálogos de paz.
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La propia guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, Eln, reconoció la autoría del carro bomba que estalló en la Escuela de Policía General Santander y acto seguido el presidente de Colombia, Iván Duque, anunció la terminación de la mesa de diálogo con los miembros de esta guerrilla que se encuentran en Cuba.

De igual manera, desde el Gobierno Nacional se mostró la intención de desconocer los protocolos firmados por el gobierno de Juan Manuel Santos con el Eln y la petición a Cuba para que extradite a la cúpula de esa guerrilla.

Sobre el particular, expertos consultados por Vanguardia Liberal manifestaron que existe una responsabilidad del Gobierno en dar cumplimiento a lo pactado, mientras otros consideran que es el resultado de dialogar en medio del conflicto armado y también que no es la primera vez que sucede algo similar en Colombia pues ya se vivió con el M-19 y la extinta guerrilla de las Farc.

El incumplimiento

Camilo González Posso, Presidente del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, Indepaz, considera “que se cumplan o no los protocolos significa un aislamiento de Colombia en cuanto al cumplimiento de su palabra y de compromisos internacionales; creo que es un mal precedente, pero sobre todo hacia adelante, digamos a cuatro o cinco años, pues esto oscurece cualquier solicitud a un país para que acepte en su territorio que se hagan conversaciones de paz en un futuro”.

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Por su parte, para Mauricio Jaramillo, analista político de la Universidad del Rosario, “el incumplimiento significa una señal muy ambigua de desconocimiento de una responsabilidad que obviamente es de Estado, un gobierno puede en el caso como de la paz comprometer la responsabilidad del Estado en su conjunto y, un Gobierno, aunque puede cambiar los derroteros y las líneas es normal y no está mal, debe hacerlo respetando compromisos mínimos; entonces eso significaría un incumplimiento que se asumió frente a un autor interno como es el Eln y frente a autores internacionales e incluso una institución internacional como Naciones Unidas”.

En este mismo sentido, el analista político Alexander Arciniegas, considera que “la pretensión del gobierno Duque de incumplir el protocolo y solicitar la captura de los negociadores del Eln, es cuando menos insólita y significaría un grave precedente para los procesos de Paz no solo en Colombia sino a nivel internacional, pues este tipo de garantías son fundamentales en cualquier negociación política. Así mismo, tal postura compromete la credibilidad del Estado colombiano e irrespeta la buena fe y la confianza recíproca que deben orientar sus actuaciones”.

Otras rupturas

La ruptura de los diálogos con el Eln, no es la primera vez que se presenta en Colombia, González Posso, recuerda que “en el año 85 se rompió con el M-19 y se retomó en el 89, y con las Farc se rompió en el 2002 y se retomó 14 años después; este tipo de ruptura tiene graves consecuencias porque se abren grandes periodos de enfrentamientos y de muerte que no se cierran fácilmente. En este caso la ruptura con el Eln ya se veía venir y se estaba esperando el momento del cierre de la mesa de negociación”.

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Así mismo, Arciniegas recuerda que “ningún gobierno, incluyendo el de Álvaro Uribe en 2007, planteó hasta ahora una postura tan extravagante ante el fracaso de un proceso de paz. Por ejemplo, el gobierno Andrés Pastrana respetó los protocolos al romper la negociación con el Eln en 2002 pese a que está guerrilla cometió acciones repudiables como la Masacre de Machuca y el secuestro de la iglesia La María y del avión de Avianca”.

Las implicaciones

Finalmente, el analista de la Universidad del Rosario precisó que “es difícil saber las implicaciones a ciencia cierta porque en este caso hay como una especie de vacío jurídico, aquí no hay un derecho internacional que aplique, en realidad se trata de un asunto si se quiere “interméstico”, es decir, es un asunto normalmente interno que se internacionaliza por decisión del Estado colombiano al comprometer a otros Estados, pero digamos lo que se piensa es que se está violando un principio de que lo pactado se respeta”.

Posición de países garantes
- Noruega dijo que como “facilitador y garante consecuente debe cumplir con sus compromisos”, por lo que se ajustará a los protocolos suscritos entre el Gobierno de Colombia, la guerrilla del Eln y los países que acompañaron el proceso, entre los que menciona a Cuba, Chile, Venezuela y Ecuador.
- Las autoridades cubanas dejaron en claro su postura como país garante. El ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez, afirmó que Cuba respetaría el protocolo establecido en caso de ruptura de los diálogos y se mantendría en consultas con las partes y el resto de los garantes.
- En un comunicado el gobierno de Chile dijo “manifestamos nuestro profundo rechazo al Ejército de Liberación Nacional, Eln, que ha reconocido la autoría de estos hechos y otorgamos nuestro total apoyo al gobierno de Colombia en su firme determinación de llevar a la justicia a los responsables de este brutal acto terrorista”.
La parte legal
Juan Manuel Charry, especialista en Derecho Constitucional, considera que “conviene establecer los términos de este debate accesorio consistente en no aplicar el protocolo, donde se ha dicho de todo: que se trata de un compromiso internacional, de Estado, de Gobierno, de una política gubernamental, de una condición para lograr la paz, de la credibilidad del Estado en la comunidad internacional, entre otras”.
Sin embargo, “el asunto se contrae a establecer la naturaleza del protocolo y los efectos de su incumplimiento. La Ley 418 de 1997, autoriza al gobierno para adelantar diálogos, negociaciones y firmar acuerdos con representantes de grupos armados al margen de la ley, para lo cual le atribuye un cúmulo de amplias facultades, y señala que la dirección de todo proceso de paz corresponde al presidente como responsable del orden público”.
El analista recuerda que “la Corte Constitucional, en sentencia C-379 de 2016, consideró que la negociación con las Farc y los acuerdos alcanzados obedecían a una política pública adelantada por el pasado gobierno. Posteriormente, en sentencia C-630 de 2017, consideró que el acuerdo final con las Farc, elevado a rango constitucional mediante Acto Legislativo 2 de ese año, no tenía valor normativo per se, sino que configuraba una política de Estado”.
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