jueves 15 de junio de 2023 - 12:00 AM

¿No hay derecho al aborto? Polémica por fallo de la Corte Constitucional

Además, el fallo del alto tribunal, con ponencia del magistrado Antonio José Lizarazo, hizo algunos reparos sobre la sentencia que despenalizó el aborto hasta la semana 24.
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Un pronunciamiento de la Sala Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional dejó algunos interrogantes con respecto a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) y sus vacíos normativos.

La Corte resolvió una acción de tutela presentada por una mujer indígena en la que le negaron la IVE al declarar que este no es un derecho fundamental.

Inicialmente, la mujer le ganó la tutela a la Asociación Indígena del Cauca EPSI, al Cabildo Indígena de Polindara y a la IPSI Totoguampa por la vulneración de sus derechos ordenando su práctica.

No obstante, con ponencia del magistrado Antonio José Lizarazo, el Alto Tribunal determinó que la interrupción voluntaria del embarazo no es un derecho fundamental.

Ratificó este nuevo fallo que en la sentencia C-055 de 2022, la Corte Constitucional no reconoció un derecho fundamental a la IVE, pues solo “en dicha providencia, la sala restringió a precisar las circunstancias en las cuales la conducta típica no es punible”.

De la misma manera, la Corte reconoció que hay un vacío normativo porque ni el Congreso ni el gobierno nacional han formulado la política pública integral para que se lleve a cabo la IVE como medio para garantizar sus derechos a la salud y reproductivos.

Por tanto, el alto tribunal determinó que es potestad de los médicos responsables hacer una ponderación entre los derechos de la vida de la madre y la vida del ser que viene en camino.

Tras la decisión, el movimiento Causa Justa por el Aborto pidió la nulidad de oficio de esta sentencia porque a su parecer “desconoce otras sentencias emitidas por el mismo tribunal con estándares que protegen el acceso al aborto y que hoy siguen vigentes”.

“No es un derecho”

En entrevista con Colprensa, el jurista y expresidente de la Corte Constitucional, José Gregorio Hernández, expresó los alcances de esta nueva decisión tomada por el alto tribunal.

Para Hernández, debe existir una diferencia entre la primera sentencia dictada en el año 2022, que discutió judicialmente la conducta hasta el tiempo de concepción de 24 semanas, y otra muy distinta sobre constituir si esto es un derecho fundamental.

“Es que ni siquiera es un derecho, no se trata de un derecho, se trata de una actuación y de una conducta que ha sido parcialmente despenalizada, pero no es un derecho y menos aún un derecho fundamental”, explicó el exmagistrado Hernández.

“Decisión incongruente”

En diálogo con Colprensa, Viviana Bohórquez, abogada de la fundación Jacarandas, se encuentra en la otra orilla, al asegurar que esta decisión de la Corte es incongruente y es una alerta que están colocando los magistrados para limitar los derechos de las mujeres.

“No es un retroceso, porque la sentencia sigue en firme y cualquier mujer que vaya hoy a un hospital público o EPS le deben prestar el servicio de manera legal y gratuita. Lo que sí genera es una alerta de que la Corte en esta decisión de tutela está siendo incongruente y está cambiando el precedente, modificando un poco al crear nuevas reglas de las establecidas en la C055 de 2022, porque dice que las mujeres indígenas deben ponderar sus decisiones y deben consultar al resguardo y le ponen barreras”, expresa.

Sobre el argumento de la Corte, de que hay un vacío normativo que no han regulado ni el Gobierno ni el Congreso, Bohórquez dice enfáticamente que es mentira, ya que el Ministerio de Salud expidió una resolución sobre el caso que la misma Corte lo sabía, pero la ignoró.

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