jueves 21 de marzo de 2019 - 12:00 AM

Objeción a las objeciones

Un nuevo debate rodea a la Ley estatutaria de la JEP, ahora para definir si las objeciones del presidente Iván Duque son por inconveniencia o por constitucionalidad. El país espera a que se diga la última palabra.

El futuro de la Ley estatutaria de la JEP sigue siendo incierto, especialmente luego del debate sobre la viabilidad de las objeciones a seis artículos de la misma, hechos por el presidente Iván Duque.

Ello, debido a que dichos reparos no serían por motivos de inconveniencia sino de constitucionalidad, lo que podría ‘frenar’ los deseos del mandatario de que sea el Congreso de la República el que decida sobre el futuro de la Justicia Especial.

En este sentido, si la Corte determina que dichas objeciones no se hacen por inconveniencia, es decir, por factores sociales, políticos, democráticos o económicos que afectan al país, el Congreso deberá regresar el proyecto.

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Así las cosas, el Presidente no tendría otra alternativa, más que darle ‘luz verde’ a la Ley y sancionarla.

Sin embargo, en medio de esta gran polémica, lo que más genera dudas en los colombianos son las verdaderas razones por las cuales Duque no firmó en su momento la Ley, sino que decidió retrasar el proceso, objetándola.

Objetar las objeciones

Aunque para muchos era de esperarse que Iván Duque objetará la Ley Estatutaria, el rumbo de las cosas, tal y como se ven ahora, lo están dejando sin algunos de sus aliados en otros partidos, quienes no aprueban su decisión.

Por ello, en la carrera para determinar si sus reparos contra la JEP son o no procedentes, los expertos pronostican que el primer mandatario se está quedando sin ‘dientes’ para dar la pelea.

Y es que por más que insista en que todo lo hace por el tema de inconveniencia, sus objeciones, según los analistas, son constitucionales y representan una arremetida contra la misma Corte Constitucional que ya se había pronunciado frente a la Ley.

“Debemos distinguir que las objeciones del Presidente tienen dos puntos de vista: uno se relaciona con el sector político y el otro con el jurídico, que es el que analiza la viabilidad de las objeciones conforme a la Constitución. Creo que jurídicamente, Duque y su grupo de asesores no tuvo en cuenta algunas complejidades que podrían llevar a que sus objeciones estén en contraposición de lo que se conoce como ‘cosa juzgada’ y que atenta contra la seguridad jurídica”, explicó Édgar Munévar Arciniegas, director del Departamento de Derecho Procesal de la Universidad Javeriana.

La ‘cosa juzgada’, a la que hace referencia el académico, obedece a un impedimento jurídico que ocasiona la preexistencia de una sentencia judicial firme dictada y que defendería en este caso a los seis puntos de la Ley de la JEP, objetados por Duque.

“Este tipo de decisiones ya no pueden ser revisadas nuevamente, creo que en esa línea tan compleja podría representar dificultades para darle viabilidad en el Congreso a esos artículos”, agregó Munévar Arciniegas.

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La última palabra

Para el abogado y docente de la Universidad Industrial de Santander, Alejandro Alvarado Bedoya, la última palabra sobre el futuro de la Justicia Especial para la Paz, la tiene la Corte Constitucional.

“En todo caso, el que tiene la última palabra en este proceso es la Corte, cuyo deber ahora es analizar la constitucionalidad tanto de la JEP como de los acuerdos de paz. Luego de esto, es imposible que el Presidente tenga una alternativa que le impida firmar la Ley estatutaria”, indicó Alvarado Bedoya.

Además, el experto aseguró que lo ideal en este sentido sería darle continuidad a la Ley y sancionarla.

“Creo que el escenario ideal sería que el mismo Congreso conciba que las objeciones que hace el Presidente son de constitucionalidad y no de inconveniencia, para que no se trunque más la Ley de la JEP. Es muy probable que lo que vaya a suceder es que algunas objeciones van a prosperar e irán al Congreso y otras serán resueltas por la Corte”, señaló el abogado.

La paz es de todos

Para los expertos es de suma importancia que el presidente Iván Duque comprenda que tanto los acuerdos de paz como la conformación de la JEP, corresponden a un compromiso adquirido por el Gobierno Nacional para darle fin al conflicto con las Farc.

Es decir, que dicho compromiso debe tener su proceso de continuidad, independientemente de que haya sido el expresidente Juan Manuel Santos quien firmó lo pactado.

Por ende, dicen los analistas, que “lo más sensato es que el Gobierno cumpla y honre su palabra. Para proteger la paz debemos seguir adelante con la JEP”.

A firmar, Presidente

Sin alternativas se quedaría el presidente Iván Duque en caso de que se declaren inconstitucionales las objeciones contra la Ley de la JEP. En ese sentido, firmar el proyecto será su obligación.

“La Corte ya se había pronunciado sobre las objeciones. Además, el Presidente necesita la mayoría de la bancada del Congreso a su favor para aprobar los proyectos y vemos que se está quedando sin sus aliados. Ya no cuenta con el mayor número de votos, vimos que el Partido de la U votará en contra. Al final, Duque va a firmar la Ley con un desgaste político muy grande y una mayor polarización en su contra”, explicó Daniel García Peña, docente del Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional.

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Además de ello, García Peña hizo énfasis en la alocución del Presidente Duque sobre el tema, en donde aseguró que respetará la decisión que tome la gran Sala, por lo que “debe cumplir su palabra”.

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