La ONU y el Gobierno volvieron hoy a intercambiar críticas respecto a las protestas campesinas en la región del Catatumbo después de que el Ejecutivo tildara de "irresponsables" las denuncias de Naciones Unidas sobre el uso excesivo de la fuerza.
El cruce de declaraciones continuó hoy entre representantes de las Naciones Unidas y miembros del Gobierno, en vísperas de la visita a Colombia de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Navi Pillay, la próxima semana.
El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos emitió el miércoles un comunicado en el que denunció que durante las manifestaciones en el Catatumbo hubo un "uso excesivo de la fuerza" por parte de las autoridades.
"La Oficina (de la ONU) pudo constatar: por un lado, que en las protestas campesinas hubo disparos con fusiles de alta velocidad, usualmente de dotación de la fuerza pública, y por lo tanto, indicaría uso excesivo de la fuerza en contra de los manifestantes", decía el comunicado.
La ONU daba así respuesta a la muerte por disparos de cuatro campesinos durante las protestas que, desde hace un mes y un día, tienen bloqueada parcialmente la región.
La reacción del Gobierno no se hizo esperar y el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, tildó de "irresponsable y temerario" hacer cualquier afirmación sobre la muerte de los cuatro campesinos hasta que la Fiscalía haya determinado las circunstancias en que esas personas perdieron la vida.
El director de la Policía Nacional, general José Roberto León Riaño, defendió hoy ante periodistas como "profesional" y "gradual" la actuación de la fuerza pública y aseguró que "hubo la necesidad de actuar con contundencia y vehemencia para evitar males mayores a la población" en algunas arremetidas de los manifestantes.
Ante la reacción del Gobierno, el representante en Colombia del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Todd Howland, defendió hoy el posicionamiento de su Oficina y constató que los campesinos murieron como consecuencia de disparos de armas largas.
"Hay pocos que tienen estas armas largas (en Colombia): la fuerza pública, el movimiento rebelde y las bandas criminales y en este caso podemos ver que la fuerza pública (...) estaba en el lugar", dijo Howland en una entrevista a Blu Radio.
Howland también invitó a la Fiscalía a que investigue "si la fuerza pública utilizó o no su fuerza de forma apropiada".
También dijo que la ONU no pudo constatar si las protestas están infiltradas por miembros de las Farc, tal y como aseguran la Policía y el alto Gobierno.
"Había un pequeño porcentaje de estas personas (manifestantes) que fueron violentas, que esas personas fueran de las Farc o campesinos violentos es algo que no podemos decir", añadió.
Las diferencias se registran a pocos días de que Pillay inicie una visita oficial a Colombia, entre el 16 y el 19 de julio, en respuesta a una invitación anterior del Gobierno.
Además, hoy el Gobierno dio por "suspendidos" los diálogos con los campesinos por incompatibilidades en temas claves de la discusión.
Así lo afirmó el ministro consejero para el Diálogo Social, Luis Eduardo Garzón, al señalar que desde que empezó el ciclo de diálogos el pasado lunes hay puntos "inamovibles" para unos y otros que impiden llegar a acuerdos.
Miles de campesinos comenzaron las protestas el pasado 10 de junio para demandar del Gobierno la suspensión de cultivos ilícitos, la implementación de una Zona de Reserva Campesina, en no desarrollo de grandes proyectos mineros en la región y la garantía de que se respeten los Derechos Humanos.
