miércoles 16 de septiembre de 2020 - 12:00 AM

Organizaciones interponen demanda para eliminar el delito de aborto

A través de una acción colectiva liderada por el Movimiento Causa Justa, que reúne a 90 organizaciones en defensa de los derechos de las mujeres, se interpondrá hoy una demanda conjunta ante la Corte Constitucional para eliminar el delito de aborto del Código Penal por vulnerar los derechos fundamentales de las mujeres y del personal de salud.
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En el año 2006, la Corte Constitucional estableció tres causales para que las mujeres tuvieran acceso legal a una interrupción voluntaria de su embarazo.

Sin embargo, tras 14 años de este reconocimiento histórico, las organizaciones que defienden los derechos de las mujeres denuncian que las barreras a las que se ven enfrentadas por parte del personal de salud, instituciones médicas y judiciales, imponen un sufrimiento desmedido para las mujeres y representan un peligro para su vida y su salud.

Al final, la interrupción voluntaria del embarazo resulta de muy difícil acceso, además, porque existe el temor por parte del personal de la salud y de las mujeres a incurrir en el delito de aborto, tipificado en el código penal en el artículo 122, que impone una pena de dieciséis (16) a cincuenta y cuatro (54) meses de cárcel.

Lo anterior, según las activistas, desconoce el contexto en el cual viven muchas mujeres en Colombia y las discriminaciones a la que se ven sometidas: la mayoría de las mujeres denunciadas por aborto viven en el campo y un gran porcentaje ha sido víctima de violencia intrafamiliar.

Es en este contexto que el movimiento Causa Justa, conformado por organizaciones, prestadoras/es de salud, integrantes de la academia, centros de investigación y activistas de todo el país, le pide a la Corte Constitucional que se declare inconstitucional el artículo 122 del Código Penal mediante el cual se establece el aborto como delito, ya que es “ineficiente, injusto con las mujeres y vulnera derechos fundamentales como la salud, la igualdad, la libertad y sobre todo, porque su existencia desconoce la ciudadanía de las mujeres”, señaló la organización en un comunicado.

Ana Cristina González, integrante de la Mesa por la vida y la salud de las Mujeres, le contó a Vanguardia que “si bien en Colombia existen tres indicaciones para la interrupción voluntaria del embarazo (cuando la salud de la mujer está en riesgo, cuando hay malformación del feto incompatible con la vida o cuando hay violación o incesto), el aborto fuera esas circunstancias se considera un delito y esto interfiere en la garantía de esas tres causales”.

González explica que, por ejemplo, para las causales relacionadas con la salud física o mental de las mujeres y para la causal violación, es necesario que un médico o un juez expida un certificado que ratifique que la mujer tiene derecho a interrumpir su embarazo porque considera que sí entra dentro de las causales determinadas por la Corte: el problema es que en muchas ocasiones los médicos objetan conciencia, así como las instituciones, sin tener en cuenta la ley. Así mismo, los jueces con frecuencia no proceden con la denuncia por violación, lo cual representa una barrera de acceso a la interrupción voluntaria del embarazo.

“Hay muchas circunstancias de la vida de las mujeres que son importantes, profundas y serias y que les llevan a plantearse la decisión de no seguir adelante con un embarazo. En Causa Justa lo que buscamos es que se elimine el delito del Código Penal y tengamos una conversación en el campo de la prestación de los servicios, en un campo más social, sin la amenaza del delito para los prestadores y para las mujeres que abortan”, señala Gutiérrez.

97%

de las mujeres denunciadas por aborto pertenecen a zonas rurales.

Tatiana Cordero, psicóloga de la Fundación Mujer y Futuro explica que “la sentencia C355 de 2006 busca salvaguardar la vida de las mujeres estableciendo tres causales para la atención en la interrupción voluntaria del embarazo y de esta manera disminuir la clandestinidad y proteger la vida de las mujeres puesto que el aborto inseguro es una de las principales causas de mortalidad materna”.

La experta señala que “la solicitud de interrumpir el embarazo en contexto de la sentencia C355 es una decisión compleja, en muchas ocasiones las mujeres son víctimas de señalamientos, discriminación y violencia institucional, sin embargo, el riesgo y las afectaciones que puede llegar a tener el embarazo en la vida de las mujeres, su salud física, mental y/o social son determinantes para la toma de decisión”.

Así mismo, la psicóloga señala que “el hecho de realizar una interrupción sin información y con temor hacia la ley es un contexto tortuoso para las mujeres que puede tener secuelas en la vida y salud de las mujeres; es posible que se desarrolle un cuadro de ansiedad y/o depresión, con alteraciones en su concentración, alimentación y sueño, materializada en visión túnel, insomnio, inapetencia, llanto constante, delirio de persecución y hasta ideación e intento suicida. En los países donde la interrupción es legal se ha observado que no aumenta el número de solicitudes de interrupción voluntaria del embarazo, pero sí disminuyen las muertes maternas; dar información completa oportuna y veraz sobre los derechos sexuales y reproductivos y aportar a la autonomía y libre opción a la maternidad es fundamental para el desarrollo de una sociedad más justa”.

¿Cómo afecta la salud mental de las mujeres tener que seguir adelante con un embarazo no deseado, enfrentando todas las barreras de acceso?

“Obligar a una mujer a continuar con un embarazo que está afectando su salud, en sus dimensiones mental, física o social, puede llegar a generar alteraciones a nivel emocional, cognitivo y conductual, dejando a las mujeres la opción de recurrir a la clandestinidad donde pueden poner en riesgo su vida. Cuando las mujeres toman la decisión de la interrupción voluntaria del embarazo es porque existen afectaciones en su vida y salud, por tanto, instaurar barreras para el acceso a servicios de salud seguros y de acuerdo a la normatividad colombiana es incrementar el riesgo que está configurando el embarazo en la vida y salud de la mujer”., explica Tatiana Cordero.

Causa Justa indica que datos arrojados por el Informe sobre judicialización del aborto en Colombia de la Fiscalía General de la Nación, en el que se hace un análisis de estos casos durante los últimos 20 años, evidencian que el 97% de las mujeres denunciadas por aborto pertenecen a zonas rurales, mientras el 3% provienen de zonas urbanas y que un 30% fueron víctimas de violencia intrafamiliar, violencia sexual o lesiones personales. Estos datos reflejan que está prevaleciendo en Colombia un marco de persecución en contra de las mujeres en mayor situación de vulnerabilidad.

Se estima que, en el país, debido a las barreras estructurales de acceso, solo entre un 1% y un 9% de los abortos se practican dentro del sistema sanitario, concentrándose en las ciudades principales. Esto quiere decir que la mayoría de mujeres recurren a abortos clandestinos que ponen en peligro su salud, sus vidas y su dignidad.

“Eliminar el delito de aborto del Código Penal es una causa justa con las mujeres y es un reconocimiento a su ciudadanía plena de las mujeres”, concluye Gutiérrez.

A través de esta demanda se busca, además, que el Estado brinde acceso a abortos seguros en todo el territorio nacional.

¿Cuál es la realidad de las mujeres que abortan en Santander?

Yinny Paola Valencia, abogada de la Fundación Mujer y Futuro, explica que en Santander, “existe una gran cantidad de embarazos no planeados a causa de distintas realidades, violencia basadas en género, principalmente violencia sexual, situación de precariedad económica, desinformación, tabú frente al tema, barreras de acceso a los métodos anticonceptivos, realidad que para las mujeres de grupos poblacionales más vulnerables se agudiza, como las mujeres rural, indígenas y para el caso de Santander mujeres migrantes venezolanas etc, todo lo anterior impide maternidades libres y voluntarias”.

La abogada señaló que una encuesta de Pro familia en 2018 estableció el desconocimiento de la ruta de acceso a la interrupción, del 100 % de las personas encuestada solo el 20% conocen esta información pese a que desde hace 14 años con la Sentencia C 355 de 2006 se despenalizó el aborto en las tres causales.

Así mismo, la experta indicó que “se hace necesario el trabajo que realiza la Fundación Mujer y Futuro en la exigibilidad de los derechos sexuales y reproductivos, que consiste en un trabajo de incidencia y articulación con la instituciones encargadas de la garantía de estos derechos ( EPS, IPS, Secretarias de Salud), formación y desmitificación de prejuicios en la sociedad santandereana, labor que se ha ineludible para mujeres migrante venezolanas, quienes presentan mayores limitante como la exigencia de documentación o de requerimientos adicionales como el Permiso Especial de Permanencia (PEP) o el Salvoconducto, además, desconocen que en Colombia el aborto es un derecho fundamental y, así mismo, Las IPS no cuentan con protocolos o rutas de atención para las migrantes en condición de permanencia irregular, es importante tener claridad la IVE es una derecho fundamental y humano que no discrimina nacional, etnia, edad, etc”.

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