viernes 21 de diciembre de 2012 - 2:35 PM

'Para muchos delitos no debería existir cárcel': Minjusticia

La ministra de Justicia, Ruth Stella Correa Palacio, llegó a ese cargo el 12 de julio pasado, después de la dimisión de su antecesor, Juan Carlos Esguerra, debido al fracaso de la Reforma a la Justicia. Su primer reto, no oficial, fue recomponer la maltrecha imagen de esa rama, pero con el paso de las semanas resurgieron, uno tras otro, viejos problemas que no han tenido solución definitiva.
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En lo que lleva como titular de esa cartera, Correa Palacio ha tenido que enfrentar, principalmente, la vieja congestión judicial, el arraigado hacinamiento en las cárceles y, como si fuera poco, un atípico paro judicial que, al final de las negociaciones que parecían llegar a buen puerto, se vio prolongado por la división en la organización sindical, lo que ha retardado la normalización plena del servicio.

Con el mismo tono con el que habla, pausado pero claro y suave pero firme, esta abogada pereirana busca darles solución a los desafíos que enfrenta la justicia en el país, un sector sensible para cualquier sociedad pues, incluso, de él depende la estabilidad y viabilidad del Estado.

Para eso, la Ministra anuncia soluciones, cuyos primeros resultados se verían el próximo año. Unas son severas y otras, audaces, como la idea, a largo plazo -después de “socializar suficientemente con la comunidad el tema de un cambio en la política criminal”-, de que delitos como el robo de celulares y el microtráfico no deberían tener cárcel.

El paro judicial

- Salimos a vacancia judicial, ha habido audiencias que no se han podido realizar, y hay el anuncio de que después de la vacancia volverá el paro. ¿Qué puede esperar la gente en estas vacaciones, qué va a pasar con ese paro y con esa administración de justicia a medias?

Se van a adoptar todas las medidas necesarias para garantizar el servicio de administración de justicia. Los organismos de control ya están adelantando las investigaciones a que hay lugar. Quien no entre a trabajar, no recibirá su salario. En el Consejo Superior de la Judicatura y en la Fiscalía se están tomando las previsiones necesarias para llevar un control estricto de quiénes no van a trabajar, para no pagarles el salario. Para cuando entren, estarán los decretos de las nuevas remuneraciones y cuando se lleve una correcta información de cuál es esa nueva remuneración, seguramente que quienes persisten en el paro no tendrán ningún motivo para seguirlo.

- ¿Así que no hay manera de sentarse a renegociar con ninguno de los sindicatos?

No. Es que nosotros ya llegamos a un acuerdo. Lo hicimos correctamente con todos los que debían estar, con quienes aparecían como representantes, inclusive con la disidencia. Lo que pasa es que la disidencia después de decir, como aparece en el video, que le parecía muy bueno el acuerdo, al otro día decide decir que ya no le parecía bueno, y entonces sigue todo esto que para nosotros ha resultado completamente inexplicable y lamentamos porque se afecta muchísimo a los colombianos.

- ¿Esperaría el Gobierno que después de este paro hubiera un cambio en Asonal?

Al Gobierno no le interesa qué suceda con una organización sindical. Lamenta que las organizaciones sindicales se dividan. Lo que sí espera es que después de elevados los salarios, se expidan unos acuerdos por parte de la Judicatura y seguramente de la Fiscalía exigiendo contraprestaciones. Va a ser una remuneración muy buena a cambio de la cual debe haber una muy buena productividad. Es que le estamos apuntando a una justicia pronta y cumplida. Y si estamos bien remunerados, pues eso debe ser compensado. Hay que explicarle y justificarle al país por qué se aumenta.

El hacinamiento carcelario

- A esto se suma otro de los dolores de cabeza que tiene el Ministerio: el hacinamiento en las cárceles. ¿En qué va la solución de ese problema?

Hemos empezado con varias actividades que tienden a solucionar, o por lo menos a menguar el problema. Una es los traslados. Tenemos unos cupos carcelarios, aproximadamente 75 mil, y tenemos unos 110 mil reclusos, lo que significa que nuestro hacinamiento es más o menos del 50 por ciento. Pero hay unos centros de reclusión donde el hacinamiento supera el 300 por ciento, como Bellavista, en Medellín; La Modelo en Bogotá, y La Cuarenta, en Pereira. Entonces lo primero que se hizo fue redistribuir a los internos, sobre todo a las personas condenadas, que no tienen que estar compareciendo a diligencias judiciales.

- ¿Qué otras medidas se han tomado?

Otra medida han sido las brigadas jurídicas. Estamos celebrando convenios con universidades para que dispongan a estudiantes de derecho, que ya están capacitados para adelantar algunos actos de litigio, en las oficinas jurídicas de las cárceles con el fin de que ayuden a tener actualizada la ficha biográfica de cada interno.

 

De tal manera que cuando ese interno cumpla las dos terceras partes de su condena, sea posible que solicite un beneficio de excarcelación. La primera falla para obtener la libertad está ahí, porque esas fichas biográficas no se mantienen actualizadas.

Los estudiantes también pueden ayudar con peticiones a los jueces, solicitar la libertad condicional y le hacen seguimiento a la respuesta. A eso le unimos unas conversaciones con el Consejo Superior de la Judicatura, al que le pedimos que implemente un número de jueces de Ejecución de Penas, encargados de conceder la libertad.

- ¿Y habrá nuevas cárceles?

Para descongestionar, vamos a empezar la construcción de nuevos cupos por ampliación y a través de algunas edificaciones nuevas que se han denominado megacárceles, un programa en el que viene trabajando el Ministerio hace un par de años.

- Pero nunca habrá cárceles suficientes para tanto detenido. En ese sentido, ¿qué idea tiene usted para bajar el número de personas que llegan hasta esa situación?

Ese es un replanteamiento que hay que hacer en relación con cuál debe ser nuestro sistema de política criminal y nuestro sistema penitenciario y carcelario. Nosotros tenemos muy acendrado el que el sistema penitenciario y carcelario y la política criminal consistan en que a las personas hay que meterlas a la cárcel, y que esa es la única manera de que paguen. Tenemos que trabajar, primero que todo, en un cambio de percepción, en un cambio de mentalidad, sobre cuál debe ser la política criminal del Estado.

¿En qué consistiría?

No es fácil hacerle entender a la ciudadanía que el hombre que roba un celular quede libre. Eso no lo entiende nadie. Hay muchos delitos en los que uno concluye que no debería existir la pena intramural. En la cárcel del Buen Pastor hay mujeres por haber robado productos en los supermercados, un champú, una pestañina, pagando tres o cuatro meses de cárcel. Eso no tiene sentido. No podemos seguir apuntándole a una política criminal solo intramuros.

 

En el tema del microtráfico hay una cantidad de gente en la cárcel... Tenemos que socializar suficientemente con la comunidad el tema de un cambio en la política criminal para que ese cambio se vea reflejado en las políticas penitenciarias, en las normas penales y sea aceptado por el Congreso y la comunidad en general.

A propósito de descongestión, ¿qué son los Centros de Convivencia Ciudadana?

Nosotros tenemos la unidad Métodos Alternativos de Solución de Conflictos (Masc), que se encarga de dos programas: las casas de justicia y los Centros de Convivencia, de los cuales hay 22 en todo el país. En Norte de Santander acabamos de abrir el sexto. Se busca que lleguen a zonas de consolidación, que han estado recuperándose y volviendo a la normalidad después del conflicto. Allí hay algunas instituciones estatales como Bienestar Familiar, Fiscalía, personerías, y los ciudadanos pueden acudir a formular sus quejas, pero mucho más que con la finalidad de remendar, para solucionar amigablemente el conflicto.

La salud de los internos

- En el tema del hacinamiento la opinión siempre señala al Inpec, aunque la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios, Uspc, es la responsable, pero no aparece.

No, eso no es así. Hay que hacer claridad en el tema. Hace como un año se decidió escindirle al Inpec la construcción de cárceles, mantenimiento de cárceles, hotelería. Todo eso se lo dejaron a la Uspc. La Unidad realmente empezó a funcionar en julio de este año. Entonces, no se puede esperar que de junio acá esa Unidad haya hecho todo lo que hay que hacer, con muy pocos recursos.

- ¿Pero, efectivamente, cuándo y qué podemos esperar de la Unidad?

El año entrante la Unidad va a funcionar como corresponde. Está despegando; tenemos que darle la oportunidad de que haga algo. Hoy está celebrando la contratación para desarrollar unas 40 unidades sanitarias en los establecimientos de reclusión. Uno de los grandes problemas de salud es que el servicio intramural no se prestaba porque las unidades de sanidad no servían. Estaban acabadas. Pero, adicionalmente, está terminando también el proceso de contratación para el bloqueo de comunicaciones de celulares en diez cárceles, que es un gran logro.

- ¿La Unidad también es responsable por bajar los problemas sanitarios con afiliaciones a las EPS?

Es cierto que ellos van a celebrar los contratos, pero hemos hecho otra cosa que resulta muy buena: en julio de este año el problema con salud era terrible. La falla estaba en que Caprecom no cumplía. Quedamos liberados para contratar, pero no había con quién porque una persona que esté detenida tiene un uso del sistema de salud cuatro veces superior a una persona que no lo está. Eso significa que la Unidad de Pago por Capitación (UPC) que se paga por cada interno es la de régimen subsidiado.

Entonces se estaba pagando a la EPS que estaba prestando el servicio de salud, la más barata, por un servicio que se usaba cuatro veces lo normal. Logramos un decreto convenido con Hacienda, Salud y Justicia, y ya está firmado. Se estableció el sistema de salud de los reclusos, y dentro de este sistema la posibilidad de contratar con cualquier EPS, y se establece una UPS diferencial para el sistema carcelario.

Justicia transicional

- ¿Cómo explicarle a un país de víctimas que la justicia transicional no es una patente de corso para la impunidad?


Al contrario. Yo soy una convencida de las bondades de la justicia transicional, que tiene como características que los que llamamos 'postulados' se entregan voluntariamente y contribuyen a la verdad, justicia y reparación. Si esas personas no se entregan voluntariamente, no existe la suficiente infraestructura para que el Estado los pueda perseguir. Si no hay confesiones, si no entregan bienes, si no contribuyen a la vedad, el Estado no tiene los elementos suficientes para que se logre, y eso sí es impunidad. La justicia transicional es buena para las víctimas. De otra manera, esas víctimas nunca serían acreedoras a verdad, justicia y reparación.

- ¿Pensando en la situación especial de conflicto, y en el futuro mediato, qué errores se han cometido en Justicia y Paz que no deberían cometerse en otro proceso eventual transicional, para que no pase un caso como el de la Fiscalía que pidió excluir a más de 300 postulados por estar delinquiendo desde prisión?

Eso no es un error. Es una sanción normal. Eso les da garantía a las víctimas. Me explico: cuando usted es postulado, tiene unos compromisos, y dentro de esos compromisos está la garantía de no repetición. ¿Qué es justicia transicional? Una oferta que se le hace a quien ha cometido esta clase de delitos de que no se le va a condenar a 40 años de prisión, como hubiera sido lo normal, sino a ocho años. Pero con unos requisitos, como que contribuya a la verdad, justicia y reparación. Adicionalmente, se tiene que comprometer a no repetir los delitos.

- ¿Y si reincide?

El postulado que está en la cárcel y que está delinquiendo, que está escondiendo bienes, que no está contando toda la verdad, pues ese postulado, como acaba de pasar -y ese es un excelente mensaje para las víctimas-, se le excluye. Pero eso no quiere decir que queda libre. Lo que quiere decir es que queda en justicia ordinaria y que no va a ser condenado al beneficio de ocho años, sino a los cuarenta años. Eso no puede ser un error. Esas son las condiciones.

Lucha contra corrupción

- Usted firmó la Convención Internacional para la Lucha contra la Corrupción. ¿La firma de esa Convención cómo va a incidir para que en Colombia baje ese índice de delitos empresariales y corrupción administrativa en general?


Nosotros suscribimos la Convención de la OSD de Lucha contra el Cohecho Trasnacional, que supone que el particular incide en las decisiones de los funcionarios públicos a cambio de una suma de dinero. Lo que se busca con esto es que todos los países persigan a esos delincuentes, tanto al que ofrece como al que recibe.

Nuestro compromiso al suscribir esa convención consiste en que vamos a reforzar algunas normas de carácter legal a través del Congreso. Ese cambio en nuestra legislación redunda en tener medidas eficaces en la lucha contra ese tipo de corrupción, pero, por sobre todo, redunda en la cooperación interjurisdiccional entre los Estados.

Hoy somos 40 Estados suscriptores de esa Convención, prestos a intercambiar pruebas, descubrir bienes, entregar bienes, porque realmente es en los bienes donde se logra la lucha contra la corrupción: eso es lo que le duele al delincuente.

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