El fiscal general Francisco Barbosa aseguró que ha cumplido con la sentencia STC-7641-2020 de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia que le ordenó expedir un protocolo para verificar capturas durante movilizaciones o actos de protesta, en respuesta a una multa de 10 millones de pesos que le impuso el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá.
Esto lo planteó en un comunicado publicado por la Fiscalía, en el que da cuenta que Barbosa no recibió la notificación personal del incidente de desacato, proferido por la Sala Civil de dicho Tribunal, en el que se dice que ha incumplido con lo ordenado en la mencionada Sentencia.
El Tribunal le impuso la multa de 10 millones de pesos por el incumplimiento de la sentencia, explicando en el fallo que “a pesar de que tuvo la oportunidad de fabricar el respectivo protocolo junto con las otras dos entidades encargadas del cumplimiento de la misma orden, se abstuvo de proceder de esa manera con base en que no participaba en casos de capturas y traslados, tema que en atención a su cargo conoce de toda claridad, argumento que como quedó visto es infundado, y que no revela nada distinto a visos de descuido o negligencia imputable”.
Sin embargo, el fiscal Barbosa reiteró que el incidente no fue notificado personalmente como lo indica la ley, por lo que se afectó su debido proceso. Añadió que una vez sea notificado, se procederá a interponer los recursos de ley pertinentes.
La sentencia le ordenó a la Policía y Fiscalía que en un plazo de 30 días siguientes a la notificación del fallo, se expida un protocolo que le permita a los ciudadanos y organizaciones defensoras de derechos humanos, “realizar verificaciones en casos de capturas y traslado de personas, durante el desarrollo de cualquier clase de mitin, reunión o acto de protestas”.
El fiscal aclaró que, además de cumplir el fallo, expidió la directiva N. 002 del 4 de junio de 2021, con los “lineamientos par
