Presentan proyecto de ley para promover la democracia ambiental

El proyecto, construido con 107 organizaciones de la sociedad civil integrantes del Movimiento Nacional Ambiental y con el apoyo jurídico del Centro Sociojurídico para la Defensa Territorial Siembra, responde a una sentencia la Corte Constitucional que en 2018 advirtió que no hay garantías para el pleno ejercicio del derecho a la participación de las personas en el contexto extractivo, e instó al Congreso para que legisle en la materia desarrollando uno o más mecanismos de participación para el contexto de interés.

Con cabildos abiertos y audiencias públicas especialmente diseñadas para el contexto de los proyectos extractivos, buscan garantizar la democracia ambiental y el derecho a la participación, a la información y a la decisión de las comunidades afectadas por el desarrollo de proyectos de exploración y explotación de recursos naturales no renovables.

Colombia ha sido desde hace varios años el país del mundo más peligroso para quienes lideran la defensa del medio ambiente. Entre 2019 y 2020 fueron víctimas de homicidios en el país, respectivamente, 64 y 65 líderes y lideresas ambientales, lo que corresponde a cerca de la tercera parte del total de las personas asesinadas por esta causa en todo el planeta durante los dos últimos años. Esta situación de vulnerabilidad está relacionada con la desprotección a la participación y a su vez desincentiva a las comunidades a participar en contextos ambientales.

Ante este panorama, la Corte Constitucional reconoció que era fundamental suplir el déficit de protección a la participación y que para ser real, esta debería permitir a las comunidades incidir en la toma de decisiones.

Por ello Losada, en conjunto con 19 congresistas más y organizaciones sociales construyeron el proyecto de Ley “Democracia Ambiental”, que crea mecanismos de participación específicamente diseñados para implementarse en las diferentes fases de la etapa de exploración y explotación, para así prevenir y resolver de manera pacífica los conflictos socioambientales y permitir que el desarrollo sea sostenible.

El proyecto incluye tres mecanismos para la etapa de exploración: 1. Audiencia pública ambiental ante solicitudes o convocatorias de exploración, 2. Cabildo abierto para decidir sobre la conveniencia o inconveniencia del proyecto, y 3. Audiencias públicas de seguimiento a la exploración. Así mismo, crea dos mecanismos de participación para la etapa de explotación de los proyectos relacionados con el uso de recursos naturales no renovables: 1. Audiencias públicas de control socioambiental y 2. Cabildo abierto preparatorio para el cierre del proyecto.

“Esta Ley de Democracia Ambiental responde a una regulación integral del derecho a la participación en el contexto del extractivismo para reconocer los intereses y necesidades de la población civil, protegiendo sus derechos al acceso a la información, sus derechos políticos, su vida, su integridad personal, a la salud y al ambiente sano”, señaló Losada.