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Colombia
Presidente Petro descarta el glifosato y busca legalizar el cannabis
El Gobierno colombiano advirtió este lunes que se ha producido una “desaceleración” en el crecimiento en los cultivos de coca, pese a que según el último informe de la ONU en 2022 se batió por segundo año consecutivo el número de hectáreas de coca, llegando a las 230.000.
“Tener el dato de que la hoja de coca cultivada aumentó, pues quiere decir que aumentó, pero también que desaceleró”, alegó el ministro de Justicia, Néstor Osuna, en la rueda de prensa de presentación en el informe anual de la Oficina de la ONU para el Crimen y del Delito (Unodc, por sus siglas en inglés).
El crecimiento en los cultivos en 2022 fue del 13 %, mientras que en 2021, cuando se registraron 204.000 hectáreas, fue del 41 %.
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Esos datos se conocieron luego que el gobierno de Gustavo Petro presentara su nueva Política Nacional de Drogas planteando un símil con la vida misma: a los pequeños cultivadores y campesinos les dará “oxígeno” y a los grandes narcotraficantes y sus redes de comercio y corrupción los “asfixiará”. Pero, ¿qué tan efectivo es ese enfoque?
La premisa en su hoja de ruta busca reducir un 43% los cultivos de uso ilícito para 2026 y ayudarles a transitar a 50.000, de las casi 115.000 familias que dependen de la coca, a economías legales.

En comparación con los últimos cinco gobiernos que han manejado al país, esta nueva ruta busca dejar de perseguir punitivamente al pequeño cultivador, un punto clave que se traduce en que el Gobierno Petro priorizará la sustitución voluntaria de los cultivos y solo aplicará la erradicación forzosa a las plantaciones industriales.
Pero este último punto es sensible porque, según los datos oficiales de Unodc con corte a 2021, el 65% de todos los cultivos eran de menos de 10 hectáreas, lo que significa que más de la mitad del problema está en esos pequeños cultivadores que el Gobierno no atacará ni erradicará más que con programas para que transiten a proyectos productivos legales.
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Con este panorama, el presidente Gustavo Petro y su ministro de Justicia, Néstor Osuna, presentaron la nueva hoja de ruta “Sembrando vida desterramos el narcotráfico 2023 - 2033”, una política de drogas que no solo se convierte en la segunda bandera política más importante del jefe de Estado después de la paz total, sino que pasa a ser una de los principales sellos de este Gobierno en el exterior: lograr un cambio en la lucha contra las drogas regional que obligue a Estados Unidos a redirigir sus enfoques.
¿Cuáles son las diferencias de nueva política?
La Ph. D en Economía, María Alejandra Vélez, directora del Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas de la Universidad de Los Andes, señala que la diferencia fundamental entre esta y políticas de drogas anteriores es que busca “dejar de perseguir al pequeño cultivador y propone una política integral de transformación territorial e incluye el tema ambiental como eje central buscando un liderazgo internacional para discutir la guerra contra las drogas”.
Y en eso coincide el experto Lucas Marín, investigador en temas de seguridad y droga, quien también agrega que este es uno de los primeros gobiernos que plantea de manera tan abierta la legalización del cannabis de uso adulto y los usos legales de la hoja de coca.
Sobre esto último, el ministro Néstor Osuna también dio otras pistas de lo que buscará el Gobierno de Gustavo Petro asegurando que optarán por “la elaboración de textiles, cosméticos, alimentos y otros productos derivados de la hoja de coca” que después se puedan comercializar con la ayuda de empresas.
Todo esto constituye una diferencia muy radical a lo que propusieron gobiernos como los de Iván Duque y Álvaro Uribe Vélez, aunque se acerca un poco más a las formas de el de Juan Manuel Santos.
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En los de Duque y Uribe, las políticas de drogas se centraban en atacar la cadena de producción desde la base, por lo que priorizaron la erradicación de cultivos de uso ilícito de manera forzada y con uso de herramientas como el glifosato.
El de Petro, en cambio, solo menciona la palabra “glifosato” tres veces en ese extenso documento de 85 páginas y 8 ejes de acción, y las tres veces que lo menciona lo hace para enfatizar en las consecuencias que tuvo para la comunidad ese tipo de aspersión y para enfatizar en que este Gobierno no buscará “de ninguna forma” el uso de ese herbicida.
En este punto Marín argumentó que está de acuerdo no solo por las consecuencias que trae para las comunidades, sino por los costos. “Actualmente erradicar una sola hectárea de coca con glifosato vale alrededor de $600 millones, mientras que de manera voluntaria cuesta entre $6 y $7 millones, por lo que estamos hablando de una diferencia de casi 10 veces”, dijo el experto.

Aún así, es probable que al gobierno Petro le cueste mucho más alcanzar su objetivo de una disminución del 43% de hectáreas para 2026, todo esto teniendo en cuenta que la Unodc ha venido reportando un crecimiento constante desde 2009 con aumentos más marcados desde 2020.
Los puntos débiles de la propuesta
Sobre los puntos débiles de la nueva política, Vélez enfatizó en que no está claro cómo hará el Gobierno para implementar lo propuesto porque implicaría de una articulación institucional enorme y, además, “no veo la estrategia para proteger líderes sociales y comunidades, pues cualquier intervención para reducir oferta tendrá efectos sobre la violencia”, dijo.
Y justo por esa misma línea viene una preocupación mayor: ¿Cómo hará el Gobierno para articular esta política con la paz total?
“Mientras la cocaína sea ilegal –dice Vélez–, tendrá unas rentas muy altas. No es claro entonces cuáles serán los incentivos de los grupos armados para sentarse a negociar”, e ahí el mayor reto del Gobierno: convencer o atacar a los ilegales hasta que cedan a no sembrar más hoja de coca.
“Si uno mira Colombia sin Putumayo, uno tendría un incremento del 3 %, es decir, una tendencia a la estabilidad”, alegó el coordinador del Sistema Integral de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (SIMCI, perteneciente a la Unodc), Leonardo Correa, que además destacó que en solo el 14 % de los territorios donde hay coca se produce el 44 % de la cocaína.
“Esto implica que estas zonas no solo tienen más hectáreas sino que las hectáreas son más productivas”, destacó.
En ese sentido, el experto de la Unodc aludió a que “si bien es cierto el ritmo de resembrada en coca se redujo, también es cierto que la producción potencial de cocaína creció bastante porque los cultivos que el año pasado eran jóvenes, ya son productivos”.
Esto se refleja en un incremento del 24 % la producción potencial de clorhidrato de cocaína, pues el año pasado fue de 1.738 toneladas y en 2021 había sido de 1.400 toneladas, según el informe.
Y las zonas tanto de cultivo como de producción de pasta base y de cocaína se han concentrado en las fronteras con Venezuela, Ecuador y Perú.
“Los grupos ilegales prefieren generar dinero en lugar de mantener el control territorial. Esto contribuye a que las zonas estratégicas donde los cultivos de coca se ubican sean donde se facilita la producción y tráfico, como las fronteras terrestres y marítimas de Nariño, Catatumbo y Putumayo”, explicó la directora regional para la región andina y cono sur de la Unodc, Candice Welsch.