miércoles 22 de marzo de 2023 - 9:26 AM

Procuraduría alerta por presencia de minas antipersonal en el Tapón del Darién

Habrían encontrado explosivos enterrados en el camino, particularmente en el sector de Polín, zona rural de Acandí, Chocó.
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Tras una visita de verificación de la Procuraduría General de la Nación, en Necoclí –Urabá antioqueño–, la fuerza pública informó al órgano de control sobre el hallazgo de minas antipersonal en la ruta que atraviesan cientos de migrantes a diario, buscando cruzar la selva del Darién con destino a Panamá.

Javier Sarmiento Olarta, procurador delegado para la Defensa de los Derechos Humanos, junto al Puesto de Mando Unificado, PMU, en la zona, evidenció la situación el pasado 15 de marzo, después de una inspección al lugar.

Encontraron explosivos tipo camándula enterrados en el camino, particularmente en el sector de Polín, en zona rural de Acandí, Chocó. Lugares de tránsito obligatorio en medio de la ruta que suelen emprender los migrantes, con el fin de cruzar la frontera entre Colombia y Panamá, y poder llegar a Estados Unidos.

Tal situación ha puesto también en alerta al Ministerio Público, por lo que pidió a las autoridades que se encuentran en estos momentos en la zona que den inicio a un proceso de articulación para la búsqueda y desactivación de artefactos explosivos y así identificar si en otros tramos del paso por el Tapón del Darién cuentan con la presencia de minas antipersonal para evitar una tragedia mayor de la que ya se vive a diario.

Según cifras del Comando de Policía de Urabá, entre 2022 y 2023 el tránsito de personas en condición de migración ha aumentado un 401%, es decir, se registró el ingreso de 50.135 personas entre enero y febrero del año en curso, frente a 10.006 que lo hicieron en la misma época, pero del año pasado.

Pero esos no fueron todos los hallazgos de la Procuraduría; también conoció denuncias sobre lo que podría tratarse de una nueva modalidad de tráfico de personas migrantes por vía marítima, entre el corregimiento de Capurganá, Chocó, y el poblado de Carreto, en Panamá.

Al parecer, la situación se presenta durante la noche, cuando lanchas rápidas abordan a la población migrante y la transportan entre ambos poblados, algo que no está permitido por la capitanía costera de ninguno de los dos países y ha aumentado cada vez más el riesgo de perder la vida para quienes deciden emprender ese viaje.

Se presume que en estos momentos es el servicio más costoso que se oferta en la zona y que promete a quienes buscan cruzar en menor tiempo la alternativa más fácil y rápida para llegar hasta Panamá.

La Alcaldía de Necoclí también ha encontrado que niños, adultos mayores y madres gestantes tardan más en cruzar. Suelen quedarse en las playas de la región durante varias semanas buscando la manera de reunir mínimamente $300 dólares –la tarifa más baja–, y así poder pagar su cruce.

Esta situación ha desembocado en situaciones no solo de insalubridad, sino de explotación laboral y sexual en menores y mujeres, microtráfico, entre otras problemáticas.

Es por ello, que la procuradora Margarita Cabello, recientemente se vio en la obligación de llamarle la atención al Gobierno Nacional, frente a la desatención a la población migrante, y a sus derechos humanos.

Para la alta funcionaria, a la fecha, no se han visto “avances en las acciones, planes y programas que se deben brindar para esta población en el marco de la política integral migratoria”.

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