La Procuraduría General formuló pliego de cargos en contra de seis exdirectivos de la Sociedad Refinería de Cartagena, Reficar, por presuntas irregularidades en el aumento del presupuesto y la extensión en el cronograma para la ejecución del proyecto de ampliación y modernización de la refinería.
La Procuraduría General de la Nación señaló que investiga dicho incremento, que entre los años 2011 y 2015 pasó de 3.777 millones de dólares a 8.016 millones.
Se trata de Javier Genaro Gutiérrez Pemberthy, Pedro Alfonso Rosales Navarro y Diana Constanza Calixto Hernández, en su condición de miembros de la Junta Directiva de Reficar.
Igualmente, la decisión cobija a Orlando José Cabrales Martínez y Reyes Reinoso Yáñez, presidentes y representantes legales de la sociedad; y Felipe Arturo Laverde Concha, vicepresidente jurídico de Reficar, para la época de los hechos.
La Procuraduría señaló que se reprocha “el posible incumplimiento de los deberes que les eran exigibles, al no desplegar las acciones necesarias para establecer con precisión el presupuesto real y necesario para la ejecución del proyecto”.
De acuerdo con la entidad, “dicha falta de diligencia se cuestiona teniendo en cuenta que existieron diversas alarmas antes de la suscripción y durante la ejecución del contrato EPC (Ingeniería, Compras y Construcción), con la firma Chicago Bridge and Iron (CBI), que evidenciaban las deficiencias del contratista, en especial su falta de experiencia, y las circunstancias que podían afectar el desarrollo del proyecto”.
La Procuraduría señaló que los investigados actuaron con exceso de confianza en los pronósticos, presupuestos y compromisos de CBI, cuando ninguno de estos se ajustó a la realidad del proyecto, “razón por la cual fueron necesarios cinco controles de cambio para modificar en igual cantidad de oportunidades el costo total y la fecha de terminación de la refinería, varios de los cuales fueron presentados y aprobados por los implicados”.
En ese sentido, se le endilga a Javier Genaro Gutiérrez Pemberthy, Pedro Alfonso Rosales Navarro, Reyes Reinoso Yáñez y Felipe Arturo Laverde Concha, la aprobación e implementación en el año 2014 de dos acuerdos, denominados MOU y PIP, que modificaron el proceso de facturación y pago establecido en el contrato EPC.
Esto, “para dar lugar a cancelar al contratista facturación antes de su revisión por parte de Reficar o que no había soportado en debida forma, lo que ocasionó que se le pagaran aproximadamente 278.000 millones de pesos y 78 millones de dólares, que CBI que no logró justificar posteriormente”.
La Procuraduría General calificó las posibles faltas de los investigados como gravísimas a título de culpa gravísima.
En la determinación, se archivó el proceso a Adriana Marcela Echeverri Gutiérrez, Álvaro Mauricio Echeverry Gutiérrez, Jaime Leonardo Flórez Muñoz, Orlando Díaz Montoya y Luis Francisco Sanabria, miembros suplentes de la Junta Directiva de Reficar.
