lunes 26 de noviembre de 2018 - 8:37 PM

Procuraduría General pone la lupa sobre las EPS del país

La Procuraduría General le requirió a la Superintendencia Nacional de Salud que se adelanten acciones para garantizar la prestación del servicio a más de 3.500.000 usuarios de las EPS Coomeva, Emdisalud, Convida, Comfacundi y Dusakawi.
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En razón a Coomeva, el Ministerio Público solicitó que se adelanten seis acciones específicas, para evitar que 2.200.000 usuarios, de 217 municipios del país, puedan verse afectados.

Las acciones obedecen a que se remueva el revisor fiscal y se nombre un contralor que adelante acciones y estrategias necesarias para superar la crisis. Además, deben presentar informes periódicos a los entes de control, es decir, la Procuraduría y la Contraloría.

También solicitó que “se adelante un plan de seguimiento que permita hacer control sobre la integración vertical”, y se supervisen los giros directos que se adelantan al régimen subsidiado y contributivo.

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Además, que se revisen los gastos administrativos y por último se inspeccione la red contratada para verificar la prestación de servicios de salud y garantizar su calidad y oportunidad.

En cuanto a Emdisalud, el ente de control estableció que la EPS tiene una deuda superior a los 153.000 millones de pesos, que lleva 8 años en un proceso de intervención y que a la fecha no ha mostrado resultados de mejora. Además, no cuenta con la red necesaria para garantizar la prestación de servicios en los doce departamentos donde hace presencia.

La Procuraduría señaló que un poco más de 450.000 usuarios de la Empresa Mutual para el Desarrollo Integral de la Salud (Emdisalud), se encuentran en riesgo, ya que la entidad tiene graves deficiencias en la función de aseguramiento y garantía de la prestación de los servicios de salud, por no contar con los escenarios e instalaciones adecuadas para brindar la debida atención.

Teniendo en cuenta lo anterior, “la Entidad advirtió la imposibilidad jurídica y la inconveniencia de seguir prorrogando, por años, las medidas de vigilancia especial, por lo que pidió a la Supersalud adoptar medidas definitivas de revocatoria de la habilitación, o la intervención forzosa administrativa, para administrar, o para liquidar la EPS”.

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En cuanto a las EPS Convida, Comfacundi y Dusakawi, la Procuraduría solicitó a la Superintendencia medidas cautelares de vigilancia especial para proteger los derechos de 800.000 usuarios del sistema de salud, que están distribuidos de la siguiente manera: en Dusakawi tienen al menos 210.000 pacientes, en Comfacundi 111.400 y en Convida al rededor 519.600.

Dentro de las acciones adelantadas por el Ministerio Público se habrían encontrado evidencias que permitirían establecer que habría incumplimiento de las condiciones financieras establecidas, límite de gastos, falta red de servicios médicos asistenciales en uno o varios niveles de complejidad, alto número de tutelas y embargos, y fallas en los programas preventivos.

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