La Procuraduría General emitió un concepto favorable ante la Corte Constitucional, en el marco del estudio de la reforma que creó las curules de paz, en donde pidió al alto Tribunal que declare exequible el acto legislativo que creó los 16 cargos.
Estas circunscripciones transitorias especiales serán para la Cámara de Representantes, en los periodos 2022-2026 y 2026-2030, y los destinatarios son las víctimas del conflicto armado en Colombia.
Según Margarita Cabello, jefe del Ministerio Público, el trámite del acto legislativo cumplió con los requisitos exigidos por la constitución y la ley, se surtió dentro del lapso constitucional fijado, el acto administrativo junto con la exposición de motivos fue publicado oportunamente y de manera previa al primer debate en Senado y en Cámara.
Cabello Blanco también sostiene que estas circunscripciones cumplen con el objetivo de fortalecer la participación de las minorías, flexibilizando las exigencias de postulación y garantizando una representación de las comunidades excluidas históricamente en el capitolio nacional.
No obstante, el concepto de 27 páginas critica que la norma deja por fuera a una parte significativa del universo de las víctimas en el escenario de la participación democrática que se crea en la Cámara de Representantes.
“Aun cuando la normativa objeto de control se ajusta a los parámetros razonables (...) se enfrenta a tres aspectos problemáticos para materializar en debida forma la finalidad que se pretende: (i) la ausencia de una parte significativa del universo de víctimas en el escenario de participación democrática que se crea en la Cámara de Representantes; (ii) la presencia de grupos armados en las zonas que conforman las circunscripciones de paz; y (iii) la falta de un consenso mayor en la aprobación del Acto Legislativo 02 de 2021”, asegura el concepto.
El Ministerio Público asegura que se hace necesario enfatizar en el papel protagónico que deben tener todas las víctimas en la expedición de la normativa y las medidas relacionadas con el fin del conflicto.
“Resultaba de absoluta relevancia la inclusión de todas ellas en la contienda electoral que se celebrará para elegir a los representantes que ocuparán las 16 circunscripciones”.
La Procuraduría aseguró que, si bien la definición de un criterio geográfico para el funcionamiento de las circunscripciones es razonable, en la práctica resulta insuficiente, “porque un número importante de víctimas ha sido desplazado del campo a las ciudades y, por consiguiente, este hecho no debería convertirse en un obstáculo para participar en esta forma de reparación colectiva”.
La Procuradora dijo que no debería ignorarse que la presencia de grupos al margen de la ley, incluidas las disidencias, podrían afectar las elecciones de estas 16 curules en territorios en disputa, “en el proceso de constitucionalidad de la referencia se encuentran manifestaciones ciudadanas que refieren a presuntos victimarios como aspirantes a las curules transitorias, así como víctimas (...) pero su lugar de residencia no está incluido en la delimitación geográfica, lo cual puede llegar a constituirse como una afectación a la eficacia de la medida y a la transparencia del proceso electoral”.
Cabe recordar que gracias a una tutela el año pasado, la Corte Constitucional revivió la norma indicando que sí había cumplido con las condiciones para ser aprobada negando así lo que dijo la mesa directiva del Congreso en 2017, en donde afirmaban que no habría alcanzado los votos necesarios para que fuera aprobada.
