La Procuraduría General de la Nación pidió al despacho de la JEP, que investiga la situación territorial ocurrida en Urabá, escuchar a las mujeres excombatientes del Bloque 57 de las extintas Farc-EP, para que puedan rendir declaración libre sobre su condición de víctimas de aborto, planificación forzada, cohabitación forzada, prostitución y esclavitud sexual.
La solicitud se da tras escuchar la declaración de una excombatiente de dicho frente, otras mujeres, y dos exjefes, que dan cuenta de la ocurrencia de prácticas de violencia sistemáticas, tales como abortos y planificación forzada dentro de las Farc-EP.
En ese mismo sentido, la Procuraduría solicitó al despacho relator del Macrocaso 06 el traslado de las versiones que ayudarían a esclarecer la verdad, en casos de desaparición, desplazamiento y homicidio contra el partido político Unión Patriótica en la región.
La entidad señaló que los exmiembros de las Farc-EP también deben responder por los asesinatos contra presuntos informantes, miembros de la comunidad y funcionarios públicos, por los secuestros, el uso de métodos prohibidos por el Derecho Internacional Humanitario (DIH), como minas antipersonal, cilindros bomba y dinamita en ataques y tomas a poblaciones.
Indicó que deben responder por daños ambientales generados entre 1998 y 2000 por el taponamiento de río Jiguamiandó y otras fuentes hídricas, lo que se hacía con el fin de impedir el paso de otros actores armados hacia la región, lo cual afecto el ingreso de alimentos, medicinas y comercio de la comunidad.
