El procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flórez, anunció desde San Andrés, el inicio de la vigilancia a más de 5.000 contratos suscritos en este 2020, por la Gobernación del archipiélago, por un valor que supera los 191.000 millones.
“Seguimos encontrando muchas irregularidades en la contratación, no solo el tema del alumbrado público”. Añadió que mediante una herramienta tecnológica se pudo determinar que estos contratos son realizados por contratistas “que no son de la isla, no ejecutan los contratos y otras denuncias típicas de clientelismo, en donde los contratistas tienen que pagar un peaje, un porcentaje de sus contratos a sus padrinos políticos”, afirmó en medio de la rueda de prensa.
Dentro de estos 5.000 contratos, la Procuraduría identificó que desde el 17 de noviembre, día después del paso del huracán Iota por el departamento, se celebraron 318 contratos por un valor de $7.035 millones. De estos, seis corresponden a obras o servicios que no están asociados directamente con la recuperación, reconstrucción y normalización del archipiélago.
Se trata de contratos de alumbrado navideño, las capacitaciones para agentes de tránsito o funcionarios de nivel directivo y la participación en torneos de baloncesto, motivo por el cual la Procuraduría les abrirá proceso disciplinario.
El Ministerio Público también busca establecer la existencia de una presunta nómina paralela, con cerca de 1.500 contratistas que no residen en la isla y la vigilancia y seguimiento a 12 negocios jurídicos suscritos con diez contratistas, por más de $16.300 millones.
Estos contratos fueron suscritos con Carlos Rafael Benet González, el Consorcio Circunvalar, Recuperaciones Naranjo Recycling S.A.S, Asociación Sweet Food, Federación Colombiana de Baloncesto, Society Protection Technics Colombia Ltda., Corporación Festival Internacional de Cine Cartagena de Indias, Society Servies General S.A.S., Consorcio Alcantarillado Avenida Newball, y Aqua SAI S.A.S.
Según la Procuraduría, estas firmas han ejecutado 44 contratos con entidades territoriales, de los cuales el 80 % fueron adjudicados por la Gobernación de San Andrés.
Otro dato que encontró la Procuraduría fue que la contratación sobrepasó los $112 mil millones de enero hasta marzo, pero de abril hasta la fecha y en medio de la declaratoria de emergencia sanitaria, la contratación fue de casi $79 mil millones.
Casos puntuales
Por el caso del alumbrado Navideño, la Procuraduría abrió indagación preliminar al gobernador encargado del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Alen Jay Stephens, a los secretarios, Martha Moreno, Liza Hayes y Bartolomé Taylor, por presuntas irregularidades en la contratación del servicio de arrendamiento, transporte, instalación, operación y montaje del alumbrado navideño de la isla, por valor de 1550 millones de pesos.
Por contratación durante la pandemia, se abrió investigación disciplinaria al alcalde de Providencia y Santa Catalina, Jorge Norberto Gary Hooker, y a la Secretaría de Desarrollo Social y Comunitario, Ana Mercedes Newball Taylor, por presuntos sobre costos para la desinfección de los edificios públicos y vehículos de la alcaldía, por valor de $200 millones.
El ministerio Público también indaga a otros funcionarios que aún no han sido identificados por presuntas irregularidades en la contratación del suministro de agua potable en carrotanque, por valor de $450 millones.
