Aunque las pruebas parecen sólidas en contra de los funcionarios sancionados, será en un escenario de apelación, si así lo considera la defensa, donde se definirá la suerte disciplinaria de los exfuncionarios
En las 114 páginas del fallo con el que la Procuraduría sancionó por 10 años al gobernador de Córdoba Edwin Besaile se deja en claro que el funcionario no ejerció el deber de vigilancia y control sobre las actuaciones del entonces secretario de Salud del departamento, José Jaime Pareja, también inhabilitado por 11 años, quien ordenó varios pagos a Funtierra Rehabilitación, IPS que no tenía ninguna relación contractual con la Gobernación.
Su defensa argumentó que la entidad “tenía el deber de pagar los servicios prestados a la población pobre no asegurada o del régimen de servicios no POS” y que, por tanto, la Procuraduría “no puede exigir que única y exclusivamente se proceda al pago cuando medie una relación contractual”.
El fallo también fue proferido en contra del exgobernador Alejandro Lyons Muskus y su secretario de Salud Edwin Preciado Lourdy. El exmandatario fue inhabilitado por 10 años y el exfuncionario, por 11.
De acuerdo con el proceso, fueron ochos pagos los que se hicieron a la IPS entre el 20 de mayo de 2015 y el 13 de abril de 2016. El dinero se giró para costear terapias de rehabilitación a 2.181 menores de edad en condición de discapacidad del departamento. La suma entregada ascendió a más de 4.987 millones de pesos.
Bajo la administración de Preciado se giraron cerca de 3.793 millones de pesos en cinco pagos y en la época de Pareja la suma entregada fue de 1.194 millones de pesos.
Al respecto, la Procuraduría señaló que “para prestar el servicio de salud es obligatorio la celebración de un contrato con todas sus formalidades salvo que, como lo señaló el Consejo de Estado, se trate de una amenaza o lesión que atente contra el derecho a la salud, es decir, una urgencia”.
Los abogados de los implicados argumentaron ante el estrado, como parte de su estrategia de defensa, que los pagos se hicieron acatando acciones de tutela. No obstante, la providencia de Gloria Yanet Quintero Montoya, procuradora delegada, desestimó ese argumento.
