Luz Mary Portela León, Cristina del Pilar Guarín y Lucy Amparo Oviedo. Tres nombres, tres mujeres desaparecidas, 30 años de incertidumbre. Ellas fueron víctimas de la toma del Palacio de Justicia en 1985; de su paradero no hubo certezas.
En la mañana del pasado martes, el fiscal Eduardo Montealegre leyó los nombres de estas tres mujeres: sus cuerpos habían sido encontrados. Los restos de Cristina del Pilar Guarín y Luz Mary Portela León fueron identificados en dos tumbas del Cementerio Jardines del Recuerdo, ubicado en Bogotá. El cuerpo de Lucy Amparo Oviedo, por el contrario, fue hallado en el Cementerio del Sur, también en la capital. Con las exhumaciones y las pruebas de ADN, Fiscalía y Medicina Legal comprobaron que se trataba de l
as tres mujeres desaparecidas.
René Guarín, hermano de Cristina del Pilar Guarín, se enteró de la noticia en la mañana. Pidió, sin que la voz le temblara, ver los restos encontrados. Así se lo relató a El Colombiano: “Me ofrecieron ir con acompañamiento sicológico al laboratorio para mostrarme los restos que ellos habían encontrado. Los restos de mi hermana Cristina. En el momento en el que llegamos a ese laboratorio vi que aparte de los huesos había una bolsa que decía prendas de vestir. Yo le pedí al funcionario de Medicina Legal que la abriera, él la abrió y para mi gran sorpresa salió un trozo, un cuadrado de la falda que llevaba mi hermana ese día para ir a trabajar al Palacio. Es la misma falda con que la hemos visto salir viva del Palacio de Justicia en custodia de miembros del Ejército Nacional”. Una certeza para René: su hermana salió viva del Palacio.
Con estos hallazgos ha comenzado a dilucidarse un capítulo oculto del holocausto en el Palacio de Justicia. Las tres mujeres hacen parte de las 11 personas que desaparecieron aquel 6 de noviembre de 1985. A finales de 2014, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado colombiano por estas desapariciones y por la tortura de cuatro civiles.
En palabras del organismo internacional: “La Corte consideró demostrado que existió un modus operandi tendiente a la desaparición forzada de personas consideradas como sospechosas de participar en la toma del Palacio de Justicia o colaborar con el M-19. Los sospechosos eran separados de los demás rehenes, conducidos a instituciones militares, en algunos casos torturados y/o desaparecidos”.
Controversia
Las próximas dos semanas estarán marcadas por un debate alrededor de los hallazgos de la Fiscalía. El 6 y 7 de noviembre se cumplen los 30 años de la toma del Palacio de Justicia y los familiares de las víctimas desaparecidas han pedido celeridad en las investigaciones, como también lo ordenó la Corte.
Estos hallazgos podrían influir en el proceso judicial por el que han sido condenados dos oficiales de la Fuerza Pública: el general Jesús Armando Arias Cabrales y el coronel Alfonso Plazas Vega. La Corte Suprema de Justicia tendrá que resolver pronto el recurso de casación que interpuso Plazas Vega contra la condena de 30 años de prisión que afronta por su responsabilidad en lo sucedido durante el holocausto.
De otro lado, el general Cabrales, quien se desempeñaba en 1985 como comandante de la Brigada 13, afronta una pena de 35 años de prisión por la desaparición de Bernardo Beltrán, Carlos Rodríguez, David Suspes, Luz Mary Portela e Irma Franco Pineda. El oficial, que durante la toma estuvo encargado de los rehenes, está recluido en la Escuela de Infantería.
El coronel Plazas Vega vio este hallazgo como una oportunidad para demostrar su inocencia: “Esas personas que figuran como desaparecidas, no están desaparecidas. Están muertas y las mató el M-19.
Esto es una confirmación de que he venido diciendo la verdad. Queda perfectamente claro que los desaparecidos no son once, sino uno, porque diez están muertos y esos cuerpos los tiene la Fiscalía”, dijo a varios medios.
Esta versión, sin embargo, no ha sido validada por las familias de las personas desaparecidas. René Guarín, por ejemplo, confía en que se siga esclareciendo lo sucedido: “En el momento de presentar el informe técnico, la Fiscalía se comprometió a abrir nuevas líneas de investigación para establecer las condiciones, el modo y el lugar donde ocurrió el asesinato de mi hermana”.
