sábado 18 de julio de 2020 - 9:41 AM

¿Qué sigue para Aníbal Gaviria luego del revés de la Corte?

La confirmación de la detención domiciliaria por parte de la Corte Suprema de Justicia contra el suspendido gobernador Aníbal Gaviria Correa abrió dos escenarios que detallamos a continuación: uno, el proceso penal que seguirá; y dos, lo que continúa para la institucionalidad mientras se resuelve el caso del mandatario regional.
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La Fiscalía General señala a Gaviria de haber incurrido en posibles delitos de contratación sin cumplimiento de requisitos legales en concurso homogéneo y heterogéneo con peculado por apropiación a favor de terceros, en ocasión del contrato para el mejoramiento y la pavimentación de la Troncal de la Paz, tramo la Cruzada (Remedios)-Caucasia, vía que conecta al Nordeste con el Bajo Cauca.

La Sala Especial de Primera Instancia de la Corte declaró el miércoles “impróspera” la solicitud de control de medida de aseguramiento presentada por el defensor del gobernador, al considerar que “no logró demostrar la violación de garantía alguna, ni evidenció la configuración de ningún error en la valoración de las pruebas por parte del fiscal”.

Estos son los dos frentes que trajo esta decisión judicial.

El escenario penal

El mandatario anunció que su equipo jurídico fue reforzado con Alfonso Cadavid Quintero, doctor en derecho penal y coordinador del área de derecho penal de la Universidad Eafit; y Camilo Sampedro Arrubla, abogado de la Universidad Externado de Colombia y profesor.

Dijo que con este equipo, conformado por juristas en derecho penal, constitucional, internacional y administrativo, se analizará este fin de semana la estrategia a seguir, la misma que sería anunciada el martes.

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“No vamos a dejar por fuera ninguna opción, desde la de interponer una tutela hasta acompañarnos de organismos internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Las actuaciones se están estudiando y están sobre la mesa todos los caminos”, dijo Gaviria.

Jaime Arrubla, exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia, advirtió que este es un proceso que apenas comienza luego de la indagatoria y la definición de la situación jurídica del procesado. “Tendrá todo el derecho a pedir pruebas para defenderse dentro del proceso, allí se debe presentar su defensa. Puede pedir y contradecir pruebas, dictámenes y testigos. Eso es lo que se va a dirimir”, añadió.

Indicó que analizar si en este momento se está violando un derecho fundamental para interponer una tutela “es prematuro”, y opinó que primero deben agotarse las acciones en la justicia colombiana para determinar si hubo violación de derechos humanos y activar así el sistema interamericano. “Por el momento no hay lugar a eso. Había un recurso ante la misma Fiscalía pero entiendo que se dejó pasar y se optó por el control que se solicitó ante la Corte. El mecanismo ahora es asumir la defensa al interior del proceso”, precisó.

Los términos

Con la medida de aseguramiento el fiscal definió la situación jurídica del sindicado, continuando el periodo de investigación del proceso o de instrucción sumarial. En este acopia pruebas que le permitan hacer una calificación de la etapa sumarial, que puede ser: 1). Acusa formalmente a Gaviria, ante la Corte Suprema de Justicia; 2). Desiste de la acusación y el expediente se archiva; esta última decisión puede darse ante la eventualidad de no tener evidencia suficiente.

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Ahora bien, el artículo 365 de la Ley 600 (código de procedimiento penal por el que se rige el proceso de Gaviria), establece que el sindicado tendrá derecho a libertad provisional cuando vencido el término de 120 días de privación efectiva de la libertad no se hubiere calificado el mérito de la instrucción. “Proferida la resolución de acusación, se revocará la libertad provisional, salvo que proceda causal diferente”, dice.

Si el fiscal decide acusarlo antes de los 120 días, comenzaría una etapa de juicio ante la Corte Suprema, que es el juez natural de los aforados en Colombia, lo que incluye a los gobernadores (artículo 235 de la Constitución Política). Dicho juicio tiene a su vez etapa probatoria, de alegatos jurídicos y, finalmente, viene el fallo: absuelve o condena.

¿Y la Gobernación?

El mismo día que la Fiscalía dictó la medida de aseguramiento contra Gaviria (5 de junio), la ministra del Interior, Alicia Arango, lo suspendió y encargó a Luis Fernando Suárez, mientras se designa un gobernador elegido de una terna que presente el movimiento político del gobernador. Gaviria Correa ganó las elecciones de 2019 con la coalición Es el momento de Antioquia con el 36,09% de los votos (831.646).

“Una vez se produzca la designación de uno de los ternados, inmediatamente concluirá el encargo”, afirmó el decreto firmado por la ministra Arango.

El 11 de junio el partido político, encabezado por el profesor Luis Fernando Montoya, Emiliana Gaviria Márquez (hija de Aníbal Gaviria) y el mismo Suárez, respondieron a la solicitud del Ministerio con una terna conformada por Luz Elena Gaviria López, actual secretaria de Hacienda; Juan Pablo López, titular de la cartera de Infraestructura; y Suárez, hoy gobernador encargado.

Tras radicar la terna, el Ministerio revisa hojas de vida, verifica el cumplimiento de los requisitos, posibles incompatibilidades o inhabilidades de los tres candidatos y, una vez esto ocurra, traslada la terna al presidente Iván Duque para que designe.

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Cabe recordar que la suspensión provisional en el desempeño de funciones dentro de un proceso penal es considerada como una falta temporal, según el literal E del artículo 99 de la Ley 136 de 1994. Y pese a que el artículo 303 de la Constitución Política dejó en manos de una ley la determinación de las faltas absolutas y temporales de los gobernadores, así como la forma de proveer estas últimas, a la fecha esa ley no se ha expedido.

Por ende, señala Mininterior, el encargo concluye tras la designación de uno de los ternados (en este caso podría coincidir con que Suárez, actual gobernador encargado, continúe si es designado por el presidente).

El actual encargo se justifica, añade el Ministerio, por la necesidad de garantizar el cumplimiento de las tareas constitucional y legalmente encomendadas a la primera autoridad departamental, conforme con lo indicado por la Corte Constitucional en la sentencia C-448 de 1997.

Ricardo Hoyos, expresidente del Consejo de Estado, dijo que como no se ha desvirtuado la presunción de inocencia de Gaviria —hecho que ocurriría con una sentencia condenatoria en firme—, un gobernador encargado seguirá al frente.

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