Aunque salió bien librado de la moción de censura en su contra, el ministro de Defensa Lorenzo Guillermo Botero podría enfrentar otra batalla esta vez desde lo disciplinario. Esto por cuenta de la formulación de una queja ante la Procuraduría por el tema de la empresa Controlar Ltda., la empresa de vigilancia privada de la que es socio.
La radicación ante el ente de control se hizo el lunes anterior, el mismo día del debate en su contra promovida por sectores de la oposición de la Cámara de Representantes quienes consideraban que el ministro acusado de ser indigno de ocupar el cargo debido a su presunta responsabilidad en falsos positivos.
En el documento presentado ante el Ministerio Público por parte del senador Wilson Arias (Polo Democrático), se advierte que “muy seguramente su doble condición de dirigente gremial y socio de una empresa de vigilancia privada agremiada a Fenalco han sido determinantes para el liderazgo desde el sector privado de iniciativas tendientes a favorecer la inversión extranjera en empresas de seguridad en Colombia”.
Aunque si bien Botero Nieto se declaró impedido en la elección del superintendente de Vigilancia y Seguridad Privada, tema para el que pidió un ministro ad hoc, en la petición elevada al Ministerio Público se habla de que el alto funcionario “estaría inmerso en un conflicto de intereses” ya que des-de su cargo se diseñaron las políticas sobre la cooperación entre las compañías de seguridad privada y la Policía Nacional.
En efecto, en el documento Política de defensa y seguridad (que se descarga de la página de internet mindefensa.gov.co) que traza el derrotero de los objetivos que para este año se plantearon desde Presidencia y desde el Ministerio hay varios apuntes sobre lo que se pretende hacer con este tipo de empresas.
Por ejemplo, en la página 50, en el punto 6.1.6. que lleva por título Innovar, transformar y fortalecer el sector de defensa y seguridad, se lee que una de las propuestas es “desarrollar la complementariedad de las empresas de seguridad privada y las Fuerzas Militares y de Policía, bajo la dirección de ésta (sic) y la supervisión estricta de los organismos de vigilancia y control del Estado”.
Esta política base, que tiene la firma del presidente Iván Duque y del Consejero de Seguridad Nacional, Rafael Guarín Cotrino, señala en su página 80 que la ampliación de la capacidad de prevenir y garantizar la seguridad ciudadana se puede desarrollar bajo un principio de complementariedad.
En el punto 6.2.2.9 le dedican cinco párrafos al tema del complemento Policía – vigilancia privada y precisan que “se promoverá la adopción de medidas que faciliten que las empresas debidamente autorizadas por la Superintendencia de Seguridad y Vigilancia Privada articulen la prestación de sus servicios con la Policía Nacional”.
Unas páginas más atrás se destaca que para el Gobierno la seguridad ciudadana es una prioridad y para combatir esas conductas se “tendrán planes especiales que enfatizarán la prevención y la colaboración ciudadana a través de la Red de Participación Cívica y la complementariedad de la seguridad y la vigilancia privada con la Policía, en el marco de las estrictas condiciones fijadas por la Constitución. Las empresas privadas de seguridad y vigilancia coadyuvarán, pero no sustituirán a la Fuerza Pública”.
