Los expertos también advierten que se le dan superpoderes a la Superintendencia de Salud y que facultades a la Adres generan dudas. Y en su trámite en el Congreso hay enredos.
Al fin el Congreso y el país conocen el texto de la reforma a la salud. Y solo tuvieron que pasar 24 horas desde la radicación de los 152 artículos que la conforman para que surgieran duras alarmas por su contenido y, de paso, se destapara una serie de escollos que el Gobierno de Gustavo Petro debe resolver en el Congreso si quiere que su polémica iniciativa avance.
Por un lado, expertos en salud advierten de cambios profundos que no necesariamente implican avance –como lo relacionado con las EPS y la forma en que se administran los recursos del sistema–, sino que, por el contrario, se trata de una reforma regresiva que amenaza con volver al fracaso Instituto de Seguros Sociales (ISS).
“Las EPS como las conocemos, desaparecen. (...) Para mí es el nuevo seguro social más grande y seguramente más ineficiente”, advirtió el exministro Fernando Ruíz.
Además, desde el Congreso apareció otro “pero”, pues se advirtió de un posible vicio de trámite. Según algunos congresistas, por tocar el derecho fundamental a la salud este proyecto debería ser tramitado como una ley estatutaria y no como una ordinaria, lo cual implica una complejidad mayor en cuanto al tiempo de discusión. Además, obliga a que se deba debatir en las comisiones primeras de esa corporación y no ante las séptimas, en donde el Gobierno cuenta con más apoyo.
El Colombiano habló con cinco expertos para conocer los puntos que, a su percepción, tienen más bemoles.
Los superpoderes de la Nueva EPS
El artículo 149 se refiere al régimen de transición en el que la Nueva EPS genera un rol clave. En sus manos quedaría el aseguramiento “en los territorios donde no queden Entidades Promotoras de Salud (EPS)”, así como la contratación de los Centros de Atención Primaria Integral Resolutiva en Salud (CAPIRS).
El profesor del Observatorio Laboral de la Universidad Javeriana, Iván Jiménez, señaló que esto se traduce en un “aseguramiento social transitorio en el que habrá una transición de todas las EPS que están en liquidación y disolución (más de 11 millones de afiliados), para que así la Nueva EPS asuma los afiliados de las otras aseguradoras mientras se convierten en los CAPIRS”. La duda es si la entidad pública tiene el músculo para asumir ese reto.
¿Un consejo territorial para los políticos?
Estos nuevos órganos tendrán la tarea de “desarrollar estrategias para garantizar la aplicación de las políticas públicas de salud” a cargo de alcaldías o gobernaciones, que además tendrán que “recomendar la construcción del Plan Territorial de Salud y hacer una evaluación trimestral de las actividades y recursos ejecutados”.
En ese sentido, el profesor de economía Paúl Rodríguez explicó que esos recursos que manejarán los consejos estarán ajustados “al marco fiscal del corto y mediano plazo, por lo cual tendrán que ajustarse al dinero que hay y no se habla de más recursos, sino que se ajusta toda la implementación al dinero que haya”. La duda: ¿cómo se usarán en años electorales?
Una Superintendencia con más tentáculos
Para este punto la ley dedica un capítulo de 12 artículos, en los que se destaca que la Superintendencia de Salud tendrá facultades de conciliadora y de veeduría de prestación de servicios de salud, así como de fallar en asuntos técnicos con las facultades de un juez.
El abogado Jiménez advirtió que en este apartado “no queda claro quién resolverá un problema si no atienden a un usuario, ¿la secretaría de salud o con una tutela?”. Y alertó que la misma tutela podría perder la capacidad de resolver controversias: “Entregarle superpoderes a esa superintendencia y otras funciones de rectoría del Ministerio de Salud es complejo”.
La Adres y la inyección de recursos públicos
Las funciones de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud, Adres, están numeradas en doce puntos, en los que resalta su rol de pagador de los “giros directos a los prestadores de servicios de salud”. Al respecto, el médico y salubrista público Leonard Maiguel señaló que es “absurda la descentralización de la Adres, pues, aunque es algo deseable, solo se logra con un cambio en la cultura política. No estamos preparados para que alcaldes y gobernadores reciban grandes cantidades de dinero”.
Y el profesor Rodríguez añadió que habría riesgo de que se dispare el gasto al no haber un doliente de la responsabilidad financiera y “se empezaría a gastar mucho dinero sin que se estén haciendo más cosas”.
EPS sí, pero no así, según nuevas funciones
Las entidades promotoras de salud, como se conocen, dejarían de existir. Sus funciones quedarían reducidas a crear centros de atención primaria, administrar sistemas de referencia y hacer auditorías. Frente a este cambio, el investigador de sistemas de salud de la Universidad Johns Hopkins, Andrés Vecino, dijo que así se “acaba con la función de aseguramiento y le traslada el riesgo a los fondos regionales y los prestadores no están viendo el riesgo al que se están exponiendo con este modelo.
Por otro lado, el salubrista Maiguel agregó que “se convertirían en otras IPS (prestadoras de salud) con su red de servicios, pero no está claro si tienen funciones en el aseguramiento”.
Prepagadas al alza y pacientes con dudas
Aunque la reforma no toca los seguros privados, el texto sí señala que sus suscriptores “no tendrán prelación alguna cuando utilicen el Sistema de Salud”. Ante esto, el exministro de Salud Fernando Ruiz reparó en que las posibles demoras en las remisiones y servicios “impulsará la demanda de la medicina prepagada, pues los planes complementarios de salud desaparecerán y habrá un racionamiento de servicios, lo que resultará en el aumento de esa demanda que puede llevarnos a los niveles de Brasil, en donde el 36 % de las personas pagan un seguro privado”.
Entre tanto, el investigador Vecino auguró que con el modelo propuesto van a ser comunes las listas de espera para los pacientes cuando se vayan a practicar procedimientos, pues así “es cuando al prestador le pagan tal número de intervenciones y solo pueden hacer más cuando paguen más. Es lo que pasa en otros países y la hace una reforma absolutamente regresiva”.
La discusión recién inicia y se esperan varios meses de debate y controversia en los que –palabras más, palabras menos– la población colombiana está en manos del Congreso pese a la presión de Petro desde las calles; son los legisladores los únicos que pueden corregir, hundir o dejar pasar todo como se propone.
