La situación en esta oportunidad compromete al representante liberal por el departamento del Quindío, Luciano Grisales Londoño, quien tiene en su unidad de trabajo legislativo como asesora a Liliana Patricia Valencia Franco, a quien le autorizó el pago de su nómina en seis ocasiones.
El caso que llevó a que el entonces senador de la República, Luis Alfonso Hoyos fuera despojado de su curul por parte del Consejo de Estado, luego de certificarle que autorizó el pago de la nómina de uno de sus empleados mientras que estaba fuera del país, estaría próximo a repetirse pero en esta ocasión en la Cámara de Representantes.
La situación en esta oportunidad compromete al representante liberal por el departamento del Quindío, Luciano Grisales Londoño, quien tiene en su unidad de trabajo legislativo como asesora a Liliana Patricia Valencia Franco, a quien le autorizó el pago de su nómina en seis ocasiones de forma completa sin hacer el reporte de que la misma estuvo varios días fuera del país en ocupaciones personales.
La investigación la adelanta el Consejo de Estado a solicitud del ciudadano Juan Carlos Arango, quien en pruebas entregadas a esa corte indica que Valencia, quien además es hermana de la alcaldesa de Armenia, Luz Piedad Valencia, habría demostrado que en poco más de un año, desde julio de 2014, la asesora del representante viajó en seis ocasiones al exterior devengando su salario de forma íntegra.
Arango señala que las novedades de personal, a las que está obligado hacer el congresista sobre su personal, sólo aparece el embarazo y la correspondiente licencia de maternidad de otra de sus asistentes, pero no los viajes de la asesora Valencia.
“El proceso de pérdida de investidura sería prácticamente sumario porque es muy fácil confirmar si en horario laboral la asesora se encontraría en el exterior. La certificación firmada por el legislador tipificaría los presuntos delitos de fraude procesal derivado de una falsedad ideológica, indebida destinación de dineros públicos, de acuerdo con la Sentencia AC-12546 08/08/2001 de la magistrada María Elena Giraldo Gómez”, dijo el demandante.
