Aquellas molestias en la salud como resultado de la exposición a factores inherentes a la actividad que desempeña un trabajador, se clasifican como enfermedades laborales.
Según datos de la Federación de Aseguradoras de Colombia (Fasecolda), la tasa en el país descendió 27,5 puntos entre 2010 y 2017. Mientras que hace dos años se registró una tasa de 94,7 por cada 100.000 trabajadores, la cifra hace nueve años era de 130,6 (ver Gráfico).
“Los programas de prevención y promoción impartidos por las administradoras de riesgos laborales están dando sus frutos”, dijo Germán Ponce, director de la Cámara de Riesgos Laborales de Fasecolda.
No obstante, también es importante revisar los casos en los que trabajadores pasan un caso de salud por la EPS, acuden como una urgencia o como una cita regular, se les asigna tratamiento y cinco años después se diagnostica como enfermedad laboral y hay que pasarle el caso a las ARL.
“Eso hace que haya un desorden en el sistema, porque una incapacidad no la pagan igual el sistema de salud que las ARL”, destacó Ponce.
Por su parte, el presidente del gremio, Jorge Humberto Botero —quien presentó su renuncia al cargo el viernes pasado— señaló que mientras este índice se ha reducido, pasa lo contrario con las incapacidades, lo cual atribuye a la laxitud en su concesión.
De acuerdo con datos del Ministerio de Trabajo, entre 2009 y 2017 el sistema ha expedido alrededor de 2,7 millones de incapacidades laborales. Solo en 2017, ascendieron a 400.000 en promedio, el doble de los casos de 2009. Un dato relevante es que en 2018, el 74 % de las incidencias se presentaron en hombres y el 26 % en mujeres. Lo anterior, impulsado por la participación del género masculino en el Sistema de Seguridad Social, que está por encima del 60 % (ver Paréntesis).
“Hay situaciones recurrentes que hemos identificado y es que los hombres se incapacitan con mayor frecuencia los lunes o los viernes y en la costa caribe, generalmente, sucede en época de carnavales”, destacó Botero.
La edad es otro factor que también juega un papel importante, pues el 35 % de las incapacidades corresponden al rango de los más jóvenes: 20 a 29 años, 30 % entre 30 y 39 años y 20 % entre 40 y 49 años. Y los meses en los que mayor se registran son en junio y diciembre. El año pasado esas situaciones le costaron al sistema unos 200.000 millones.
Crecimiento de afiliados
Hasta agosto de este año en el sistema de riesgos laborales había 10,7 millones de trabajadores cubiertos y 854.745 empresas afiliadas; frente a los 10,2 empleados de 688.657 compañías registradas en 2016.
Pese al aumento, el panorama de la afiliación a ARL muestra retos sobre la formalidad, pues mientras el número de empresas en el sistema ha crecido 4,7 % en un año, la cantidad de trabajadores subió apenas 0,7 % en el mismo periodo.
De hecho, si se tiene en cuenta el dato de ocupación nacional, menos de la mitad de los ocupados tiene ARL. Son 22,1 millones de personas, de acuerdo con el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), que trabajan en actividades formales e informales.
Por su parte, Francisco Salazar, presidente de Positiva, señaló que uno de los focos de interés de las aseguradoras en la reforma laboral que planea el Gobierno, es que “no se afecte la capacidad adquisitiva de las empresas, porque eso repercute en la compra de seguros”.
Ponce, de Fasecolda, reiteró que la alta tasa de informalidad, la inflexibilidad laboral, y los altos costos salariales “afectan el desarrollo y avance de la economía”.
Hace una semana, el presidente Iván Duque pidió acelerar la reglamentación del piso mínimo de protección, medida aprobada en el Plan Nacional de Desarrollo que busca formalizar la seguridad social para las personas que ganen menos de un salario mínimo en el país.
Para este propósito, el gremio asegurador contrató un estudio con la firma Willis Tower Watson para identificar la concentración de actividades con riesgos y de altos costos para atender la prestación de estos servicios. “Aspectos como la dispersión geográfica, diferencias en ingresos básicos, entre otros, deberán considerarse en el estudio para determinar esto”, explicó Salazar.
