Los senadores Iván Cepeda, Roy Barreras y Antonio Sanguino denunciaron que la Dirección Nacional de Inteligencia estaría involucrada en operaciones encubiertas en contra de miembros de la oposición.
En una carta enviada al presidente Iván Duque los senadores Roy Barreras, Iván Cepeda y Antonio Sanguino elevaron, nuevamente, sus preocupaciones tras conocer, según ellos, información que hace referencia a que serían blanco de escuchas ilegales, seguimientos y persecuciones. En la misiva denuncian, además, que hay una estrategia para maquinar investigaciones penales basadas en falsas acusaciones y que detrás de la misma estaría la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI).
Los congresistas manifestaron que recibieron de “diversas fuentes la información según la cual” desde el DNI, que depende de la Presidencia, “se vienen preparando operaciones de descrédito en contra nuestra y de una decena de ciudadanos quienes hemos sido declarados objetivos políticos de acciones encubiertas”.
“Dichas operaciones comprenderían labores de inteligencia que no cuentan con autorización ni órdenes judiciales y que por lo tanto son ilegales con el propósito, nos advierten, de urdir investigaciones penales sobre bases falsas o, en otras palabras, crear ‘falsos positivos judiciales’”, detallaron.
Frente a esta situación, Cepeda, Barreras y Sanguino, copresidentes de la Comisión de Paz del Senado, manifestaron que ya denunciaron las supuestas “operaciones de descrédito” en la Fiscalía “para su averiguación”, pues consideran que “este tipo de persecuciones son usuales en regímenes despóticos en los que se acalla a la oposición”.
“Compartimos la preocupación por ciertos hechos que conexos podrían significar una estrategia de persecución sistemática a las voces opositoras, críticas al Gobierno o al líder del partido de Gobierno (el expresidente Uribe)”, apostillaron.
En la misiva -de la cual se enviaron copias al fiscal general encargado de Colombia, Fabio Espitia, y a la presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Esmeralda Arosemena de Troitiño- los congresistas pidieron al Gobierno “todas las garantías” para ejercer su labor en “defensa de la paz”.
En la década pasada se desató un escándalo en Colombia conocido como “las chuzadas”, interceptaciones telefónicas y seguimientos ilegales hechos durante el Gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010) por funcionarios del hoy desaparecido Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), la antigua agencia de inteligencia colombiana, a periodistas y opositores.
Por ese caso fueron condenados el exsecretario de la Presidencia de Colombia en la Administración Uribe Bernardo Moreno y la exjefa de la central de inteligencia de Colombia María del Pilar Hurtado.
