viernes 16 de diciembre de 2022 - 12:00 AM

Sigue polémica por sueldo a jóvenes ‘voceros de paz’

La idea de otorgarles el estatus de gestores de paz a jóvenes y ofrecerles un sueldo por su labor para evitar que caigan en manos de estructuras criminales hace parte del gran anhelo del presidente Petro por lograr la paz urbana.
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Un nuevo elemento se suma a la gran polémica con la que el presidente Gustavo Petro cierra 2022, relacionada con la excarcelación de miembros de la ‘primera línea’. Y es que ahora estas personas (señaladas por delitos como homicidio o tortura) puedan recibir un pago del Estado a cambio de su labor como gestores de paz.

La incógnita la dejó abierta el pasado miércoles el propio mandatario, al anunciar que el Ejecutivo le entregará alrededor de un millón de pesos mensuales a los jóvenes que sean seleccionados como voceros de paz.

Justo bajo esa figura jurídica, la de “voceros”, es en la que se enmarcan los miembros de la ‘primera línea’ que podrían recobrar la libertad antes de concluir el año, buscando que participen en los diálogos o conversaciones que entable el Gobierno a fin de concretar su ‘paz total’.

Se estima que son cerca de 171 los integrantes de la ‘primera línea’ presos por presuntos delitos cometidos durante el paro nacional. Ello indica que, en caso de que todos quedaran en libertad, representan apenas el 0,09 % de quienes recibirían la remuneración.

“Estamos preparando un programa de gran dimensión: estamos hablando de gestores de paz, porque queremos actuar con la juventud excluida, por lo menos en las zonas de más alta violencia de Colombia, regiones excluidas, el Urabá parcialmente, los barrios pobres de Cartagena, de Barranquilla”, dijo el mandatario.

Sacar a jóvenes del multicrimen

El presidente Petro explicó que su propuesta busca “quitarles la juventud a las organizaciones multicrimen”, por lo que “es un camino indudable y serio hacia la paz”.

Según el mandatario nacional, el objetivo del Estado es lograr “un programa amplio” que permita cobijar 100.000 jóvenes, que reciban “un ingreso que permita vivir con cierta dignidad, competir con el salario que entrega el grupo multicrimen”.

Explicó que esa es una forma por la cual se le quita “la juventud a la mafia, que es un objetivo de paz, porque si se logra, buena parte de la violencia en Colombia cede”.

Sin embargo, aseguró que “hay un enorme vacío en la juventud, una juventud popular que ha perdido las esperanzas”. De hecho, reveló que las estadísticas muestran que “el 30 %, aproximadamente, no tienen ninguna opción”.

Primeros gestores de paz

De hecho, el ministro de Justicia, Néstor Osuna, también atizó la controversia, al anunciar que al menos 20 detenidos de la ‘primera línea’ serán los primeros en ser excarcelados y nombrados como gestores de paz antes de concluir el año.

La declaración estuvo acompañada por un mensaje que sonó a desafío: que la libertad de algunos de los 171 presos de la Primera Línea la decide el presidente y no los jueces, en contravía de lo dicho por autoridades como el fiscal general Francisco Barbosa.

“Es como cuando el presidente nombra a un ministro, no solicita opinión de nadie al ser su decisión”, manifestó el ministro de Justicia, queriendo calmar las aguas al precisar que en ese primer grupo de beneficiarios no aparece alias ‘19’, ni ningún otro joven condenado por hechos ocurridos durante las protestas de 2021.

¿Y los policías?

En medio de la controversia por el decreto del presidente Gustavo Petro que busca excarcelar a jóvenes de la ‘primera línea’, ayer se abrió la puerta para que miembros de la Policía, que también están procesados por delitos ocurridos durante el paro nacional, puedan recobrar la libertad y participar en conversaciones bajo el rótulo de ‘gestores de paz’.

Así lo dio a conocer el senador Gustavo Bolívar, del Pacto Histórico –bancada con la que Petro llegó a la Casa de Nariño–, quien aseguró que el Ejecutivo, a través de la denominada Comisión Intersectorial para la Promoción de la Paz, la Reconciliación y la Participación Ciudadana, está estudiando incluir a los uniformados investigados por excesos durante las protestas.

“El Gobierno ha escuchado las voces que piden incluirlos y la comisión ya está estudiando quiénes podrían ser esos uniformados”, dijo el senador.

Para el abogado Francisco Bernate, presidente del Colegio de Abogados Penalistas, el presidente no tiene ninguna facultad en la Constitución para decidir la libertad de presos. “Estas personas están detenidas por orden de un juez y solamente se puede revertir con la orden de un juez”, sostuvo.
Para la senadora de oposición Paloma Valencia, del Centro Democrático, es “grave para el país” que quienes cometieron delitos durante el paro nacional no solo queden libres, sino que el Estado también les pague un sueldo.
En ese sentido, cuestionó de dónde saldrán los recursos para que Petro haga realidad su programa de gestores de paz: “El presidente no puede crear burocracia sin que antes se la autorice el Congreso. Todos los gastos del Ejecutivo deben tener esa autorización”.
Por su parte, el ministro del Interior y vocero del Gobierno, Alfonso Prada, expresó que no se tiene contemplado aún el pago a los miembros de la ‘primera línea’: “No es un tema que tenga yo, pero no he escuchado eso”.
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