A partir de este jueves 5 de agosto, la Sociedad Hidroeléctrica Ituango avanzará en la instalación del tribunal de arbitramento en la Cámara de Comercio de Medellín para reclamarle a EPM incumplimientos en al menos tres hitos constructivos de la futura central.
Así lo anunció este lunes el gobernador (e) Luis Fernando Suárez, luego de que no prosperara el negocio propuesta por la administración seccional y el Instituto para el Desarrollo de Antioquia (Idea) para que la empresa de servicios públicos le comprara su participación en la Sociedad.
La Gobernación y el Idea, propietarios del 52,88 % de la Sociedad, tantearon el terreno el 8 de julio cuando pusieron sobre la mesa la posibilidad de que EPM (posee el 46,3 %) adquiriera el paquete accionario a cambio de una participación en la empresa de servicios públicos.
La junta directiva de EPM concluyó el 28 de julio que para la empresa es importante continuar con las mesas de trabajo encargadas del tema, porque consideró “de gran interés la posibilidad de poder comprar dicha participación”, sin embargo, no vio posible la forma de pago presentada por la Gobernación. Planteó que se estudie dentro de las mesas de negociación el pago a través de recursos ordinarios.
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El gobernador (e) Suárez había anticipado en EL COLOMBIANO el domingo 25 de julio que la única vía para adelantar la negociación era con una participación en EPM. “La virtud de la propuesta nuestra es que el pago sea con participación en EPM. No le vamos a vender a privados y si EPM dice que paga con plata, tampoco hay negocio”, afirmó.
El mandatario aseguró que es necesario activar el tribunal porque es el mecanismo pactado en el contrato Boomt, firmado el 30 de marzo de 2011 se firmó entre EPM y la Sociedad, con el que la primera quedó obligada a la construcción, operación, mantenimiento y operación del proyecto.
En este se definieron 10 hitos constructivos que representan fechas clave en la ejecución de la hidroeléctrica y que deben ser cumplidos, so pena de una reclamación económica.
Los seis primeros se cumplieron entre 2013 y 2016. Los tres que generarían incumplimiento son el hito siete: cierre de compuertas de desviación y el inicio del llenado del embalse a más tardar el 1 de marzo de 2018; el ocho: entrada en operación de la unidad cuatro, lo cual debía ocurrir el 27 de septiembre de 2018; y el nueve: Entrada en operación de la unidad uno, a más tardar, el 24 de junio de 2019. El décimo aún está dentro del plazo: Entrada en operación comercial de la unidad ocho, lo cual deberá ocurrir a más tardar el 24 de junio de 2022. En ese mes está previsto el encendido de la primera unidad.
Suárez recordó que el 16 de octubre de 2020 se presentó la primera demanda arbitral por el incumplimiento del hito 7. En febrero de 2021 se radicó la segunda demanda por el incumplimiento de los hitos 8 y 9. Ambas fueron suspendidas de común acuerdo mientras se realizaban mesas de trabajo buscando un arreglo directo.
“El blindaje legal a futuro que tenga cualquier decisión que se tome en esas mesas debe ser la aprobación de ese tribunal de arbitramento”, dijo Suárez.
Añadió: “No sería responsable seguir aplazando la instalación del tribunal, para que establezca quién tiene la razón y defina cuál es la remuneración que deben recibir la Gobernación y el Idea. Aplazarlo más es correr el riesgo que el fallo no sea conocido por estos gobiernos”.
