miércoles 24 de agosto de 2016 - 7:06 PM

“Todo está acordado con las Farc”: Santos

El anuncio de que ha terminado la negociación entre el Gobierno y las Farc resuelve la agenda de negociación trazada entre las partes en 2012, que se titula 'Acuerdo general para la terminación del conflicto y la construcción de una paz duradera'.

Los seis puntos de esa agenda (más tres acuerdos adicionales de confianza mutua) fueron abordados progresivamente en las rondas de diálogo en La Habana.

Ha sido la existencia de ese documento, aunque muchas veces pareció olvidarse, la que permitió mantener un orden de negociación durante los más de tres años en que delegaciones del Gobierno y de las Farc se sentaron (en Noruega y en Cuba) para buscar una salida a un conflicto armado que inició hace más de medio siglo.

La Agenda fue el resultado de los encuentros exploratorios y secretos (también con sede en La Habana) que precedieron al diálogo formal y en cuyo desarrollo tuvieron especial incidencia el comisionado de paz, Sergio Jaramillo, y el hermano del presidente, Enrique Santos Calderón.

Esos contactos fueron adelantados desde el 23 de febrero de 2012 y se hicieron públicos el 26 de agosto de ese año, cuando el acuerdo de negociación fue firmado por dos delegados plenipotenciarios del gobierno colombiano: Frank Pearl y Sergio Jaramillo; seis delegados plenipotenciarios de la guerrilla (Mauricio Jaramillo, Ricardo Téllez, Andrés París, Sandra Ramírez, Marco Calarcá y Hermes Aguilar); cinco testigos nacionales (Enrique Santos, Álvaro Éder, Jaime Avendaño, Lucía Jaramillo y Elena Ambrosi) y cuatro testigos internacionales (los cubanos Carlos Fernández y Abel García y los noruegos Dag Halvor Nylander y Vegar Brynildsen).

Todos ellos avalaron el documento que se ha discutido desde entonces y que tenía los siguientes seis puntos por resolver: (1) Política de desarrollo agrario integral; (2) Participación política; (3) Fin del Conflicto; (4) Solución al problema de las drogas ilícitas; (5) Víctimas e (6) Implementación, verificación y refrendación.



Los puntos no se estudiaron en ese mismo orden, sino que se fueron resolviendo de la siguiente manera:

1. Política de tierras y desarrollo agrario

Fue firmado, luego de anunciar la primera tregua unilateral de las Farc, el 26 de mayo de 2013. Sus aspectos fundamentales son definir el acceso y uso de la tierra, la formalización de la propiedad, establecer una frontera agrícola y promover la protección de zonas de reserva, así como generar programas de desarrollo con enfoque territorial y mejorar la infraestructura y adecuación de tierras.

También propone potenciar el desarrollo social basado en la salud, educación, vivienda y la erradicación de la pobreza y brindar estímulos a la producción agropecuaria y a la economía solidaria y cooperativa mediante la asistencia técnica, subsidios, créditos, generación de ingresos, mercadeo y formalización laboral.

2. Participación política de las Farc

La primera parte fue anunciada el 6 de noviembre de 2013, con un documento en el que quedaron firmados los derechos para el ejercicio de la oposición política en general y las garantías de protección a guerrilleros que se vinculen a la democracia.

Entre esos acuerdos alcanzados se encuentran las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz, una forma de participación para promover la inclusión de zonas especialmente afectadas por el conflicto, de manera que tengan una representación de sus intereses en el Congreso de la República; la creación de una comisión para el estatuto de garantías y de una misión de expertos para que evalúe la organización y el régimen electoral en el país.

Hoy se confirmó, además que se garantizará a los alzados en armas que se reincorporen a la vida civil y legal que puedan acceder a la política. De inmediato tendrán voceros en el Congreso, con voz pero sin voto, para discutir exclusivamente la implementación de los acuerdos. Esa presencia se mantendrá hasta el 2018. Ese año participarán en las elecciones, con una representación mínima asegurada por dos periodos, si no logran el umbral para ello.

3. Narcotráfico y cultivos ilícitos

Se hizo público el 16 de mayo de 2014. Incluye convenios sobre desminado, entrega de rutas, nueva política anti-restitución y estrategias para bajar el consumo de drogas. Se estipula dar vía libre al Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, para eliminar de manera definitiva y sostenible ese tipo de sembradíos.

Así mismo, se acordó crear una política criminal que concentre sus capacidades en la investigación, judicialización y sanción de los delitos asociados a cualquier organización criminal relacionada con el narcotráfico, en especial aquellas que en los territorios constituyan una amenaza para la implementación de los acuerdos y la construcción de la paz.

4. Víctimas y Justicia Transicional

Fue firmado inicialmente el 23 de septiembre de 2015, pero ratificado el 15 de diciembre, pues el primer texto dejó muchas dudas, fue anunciado de manera prematura y necesitó una larga discusión adicional.
Ese acuerdo habla de la adopción de un sistema de Justicia Transicional que cobijará a guerrilleros, agentes del Estado y Civiles; obliga a la declaración de verdad sobre lo sucedido en el conflicto y pone como objetivo satisfacer los derechos de las víctimas sobre verdad, justicia y reparación y garantías de no repetición.

La Jurisdicción crea una serie de salas de justicia, para los temas de amnistía e indulto y un tribunal para la paz, que se encargará de administrar justicia e investigar y sancionar las graves violaciones a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario.

5 y 6. Fin del conflicto, implementación y refrendación

Quedó definido en el acuerdo conocido, el 23 de junio pasado, cuando se supo que la ONU recibirá la totalidad de las armas de las Farc así: en los primeros 60 días el armamento hechizo y los explosivos y en 180 días, el resto. Que los guerrilleros se van a ubicar en  23 “zonas veredales transitorias de normalización” y ocho puntos transitorios de normalización, donde adelantarán la dejación de las armas y preparan su proceso de reintegración.

Así mismo, la ONU encabezará un mecanismo tripartito de monitoreo y verificación con delegados del Gobierno Nacional y las Farc.

Y también incluye medidas de seguridad y protección como: Pacto político nacional, Comisión nacional de garantías de seguridad, Unidad judicial especial, Cuerpo élite de la Policía Nacional, Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política, Programa Integral de Seguridad y Protección para las comunidades y organizaciones en los territorios, Instrumento de prevención y monitoreo de las organizaciones criminales, Mecanismo nacional de supervisión e inspección territorial a los servicios de vigilancia y seguridad privada, Medidas de prevención y lucha contra la corrupción.

Finalmente, la larguísima discusión sobre cómo se refrendará este acuerdo terminó en la aceptación de la figura del plebiscito para que los colombianos le digan Sí o No, en votaciones que se harán el próximo 2 de octubre.

Acuerdos de confianza

Además de los puntos de la agenda original, en casi cuatro años de negociaciones, las partes también llegaron a acuerdos especiales, sobre el desminado humanitario (del que se adelantan dos planes piloto, con asesoría de Noruega), firmado el 7 de marzo de 2015; sobre la búsqueda e identificación de desaparecidos (con liderazgo de Medicina Legal), firmado el 18 de octubre pasado; y sobre la desvinculación de menores de edad de las filas guerrilleras, firmado el 15 de mayo de este año.

Santos sancionó la ley que reglamenta el plebiscito para la paz

Mientras que en La Habana se anunciaba el acuerdo final con las Farc, el presidente Juan Manuel Santos sancionó la Ley Estaturaria que regula el plebiscito para la refrendación del Acuerdo de La Habana.

La ley establece los aspectos que se requieren para convocar el mecanismo de refrendación, que se haría el 2 de octubre, según lo ha manifestado el presidente Juan Manuel Santos. Y, después de que el Congreso de la República avale los acuerdos, se expida el decreto con las firmas de todos los ministros para convocar el mecanismo y la Registraduría Nacional del Estado Civil se encargue de todos los aspectos logísticos, los colombianos podrán decidir si se aceptan o no los acuerdos logrados entre el Gobierno y las Farc.

Según informó la Presidencia de la República, la ley contiene seis artículos: “establece cinco reglas especiales del plebiscito y ordena que las campañas lideradas por movimientos cívicos, ciudadanos, grupos significativos de ciudadanos, partidos políticos y otras colectividades, que decidan participar promoviendo el “SÍ” y “NO” tendrán idénticos deberes y garantías”.

Además, con la sanción de la norma, que fue aprobada por el Congreso de la República y la Corte Constitucional, el carácter vinculante del resultado del plebiscito se hace una obligación para el desarrollo o no, de los acuerdos con las FARC. Obliga a la publicación de todo el contenido del acuerdo final, y establece que el 13 % del censo electoral es el umbral requerido para que el mecanismo sea válido.

Ahora, solo falta la reglamentación del Consejo Nacional Electoral sobre los promotores de las campañas, el acceso a medios de comunicación, los topes de financiación, entre otras cosas.

 

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