miércoles 21 de mayo de 2014 - 9:36 AM

Tragedia de Fundación evidencia la informalidad en las carreteras

La primera cuenta a mano alzada del siniestro de un bus en Fundación, Magdalena, que causó la muerte de 33 niños y heridas a otras 20 personas, generará el pago de unos 836,7 millones de pesos en indemnizaciones a los familiares de las víctimas.

De comprobarse, en el desarrollo de las investigaciones, que el automotor que se accidentó no estaba amparado por los seguros que obliga la normatividad, el desembolso de esos recursos deberá hacerlo, inicialmente, el Fondo de Solidaridad y Garantía (Fosyga), por la vía de la subcuenta de Riesgos Catastróficos y Accidentes de Tránsito (Ecat), que luego deberá hacerle el recobro a las personas que la Justicia determine como los responsables de lo ocurrido.

Ricardo Gaviria Fajardo, director de la Cámara del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (Soat), de Fasecolda, explica que "para el transporte terrestre las reglas están definidas en los Decretos 170, 171, 172 y 174 de 2001, que ordenan, entre otras cosas, que deben existir pólizas de responsabilidad civil contractual y extracontractual, que amparen por una serie de hechos y que el monto no puede ser inferior a los 60 salarios mínimos mensuales legales vigentes por persona, es decir 36,9 millones de pesos".

Las reglas también enfatizan en que las pólizas son una condición necesaria para la operación de los vehículos y que además deben tener el Soat.

"La no existencia del Soat, como parece el caso de Fundación, implicará que sea el Fosyga, en primera instancia, el que asuma los costos de atención de gastos médicos, incapacidad y muerte de cada víctima", señala.

Ante la duda que genera el desembolso expedito de los recursos por parte del Fosyga, cosa que no ocurre cuando se trata de salud, el presidente Ejecutivo de Fasecolda, Jorge Humberto Botero Angulo, asegura que no debe haber problema y en esos casos sí hay eficiencia.

"El problema para las familias, que han padecido la tragedia, es que se trata apenas de una compensación que no sanará el dolor del alma, y lo que hay de fondo es un país informal, con instituciones débiles, corrupción, es decir un problema social subyacente", añade.

Para el dirigente, en Fundación ocurrieron todas las cosas malas que no podían suceder. "El vehículo no tenía Soat, ni revisión de gases, el conductor no tenía licencia y sí varios comparendos pendientes y, además, estaba transportando niños y gasolina".

Según las estadísticas de Fasecolda, hasta abril pasado, en Colombia 6,67 millones de vehículos estaban asegurados con el Soat, de ellos 110.145 buses de servicio público intermunicipal, 56.000 buses de servicio público urbano y 214.742 taxis.

También llama la atención que la siniestralidad del Soat alcanza 71 por ciento, un índice que es alto y que ha aumentado en los últimos meses. Finalmente, el gremio estima que la evasión del Soat es cercana al 20 por ciento, menor a la del año 2000 que llegaba al 50 por ciento.

Informalidad y piratería

La Asociación Colombiana del Transporte Terrestre Automotor Especial (Acoltés) advierte que en tragedias, como la del fin de semana anterior, no solo se le puede atribuir a una persona.

"Los padres de familia, las agencias de viaje y las empresas deben saber que hay reglas para contratar el transporte de pasajeros. No se puede entregar el traslado de los hijos de la casa al colegio al primero que pase y lo mismo ocurre si se transportan turistas o empleados de una compañía", declara Lupoani Sánchez Celemín, presidente Ejecutivo de Acoltés.

Para Sánchez, es imperativo que el Ministerio del Transporte firme el Decreto que hace responsables directos a las empresas por los manejos de la flota, cambiando así el sistema "afiliador puro", y responsabiliza a las empresas habilitadas, por sus servicios con pleno control, contratos a la vista y vigentes y con los indicadores de gestión, que amerita la prestación de un adecuado servicio público.

Álvaro Molina Páez, asesor de Acoltés, denuncia que en lo ocurrido en Fundación también le cabe buena parte de la responsabilidad a los organismos de control, como la Superintendencia de Puertos y Transporte que no tiene las herramientas para aplicar sanciones.

Para Molina, es urgente que el transporte escolar y de menores sea reglamentado y que la modalidad de transporte especial no siga siendo el cementerio de los buses viejos del servicio intermunicipal y urbano de pasajeros.

Este diario intentó obtener las consideraciones al respecto de la ministra de Transporte Cecilia Álvarez-Correa Glen y del Superintendente de Puertos y Transporte, Juan Miguel Durán, pero no obtuvo respuesta.

El caso Fundación
La investigación de las autoridades esclarecerá todos los hechos que desencadenaron en la tragedia de Fundación, Magdalena, y sus responsables, pero por el momento se conoce que el vehículo siniestrado estuvo afiliado hasta hace unos cuatro años a la empresa Coonortin, de Barranquilla.

Todo indica que el automotor siguió ofreciendo "servicios piratas" y operando en condiciones inseguras, como lo hacen entre cuatro mil y cinco mil vehículos con más de 20 años de servicio, es decir que deberían pasar por un proceso de chatarrización.

¿Cómo es posible que un bus, tras cuatro años de retirado de una empresa, este dando vueltas en Fundación?, indaga Acoltés, que cuestiona la actuación de las autoridades locales.

Informe

Los decretos del del año 2001

· El Decreto 170 reglamenta el Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor Colectivo Metropolitano, Distrital y Municipal de Pasajeros.

· El Decreto 171 ordena el Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor de Pasajeros por Carretera.

· El Decreto 172 se encarga del Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor Individual de Pasajeros en Taxi.

· El Decreto 174 fija los parámetros para el Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor Especial.

En definitiva

La informalidad, esta vez en el transporte de pasajeros, vuelve a poner de manifiesto como las normas son pasadas por alto y debe ocurrir una tragedia para intentar una solución.

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