sábado 19 de junio de 2021 - 4:05 PM

Transparencia por Colombia denuncia que congreso falló en protección a denunciantes

Transparencia por Colombia publicó un comunicado en el que llama la atención sobre la eliminación del capítulo entero sobre la protección a denunciantes de corrupción en el proyecto de ley por medio de la cual se adoptan medidas en materia de transparencia, prevención y lucha contra la corrupción radicado por el Gobierno Nacional.
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La ONG reiteró una vez más el llamado al Estado colombiano para que se avance decididamente en la adopción de medidas efectivas de protección a reportantes y denunciantes de actos de corrupción. “La denuncia es una pieza fundamental de las estrategias exitosas de lucha contra la corrupción. Sin embargo, depende de la existencia de condiciones favorables para realizarla, y en particular de medidas efectivas de protección contra las represalias que sufren quienes se atreven a reportar y denunciar irregularidades ante las autoridades. Con la supresión de este capítulo, se eliminan del proyecto de ley las garantías a los reportantes y denunciantes y por lo tanto, nuevamente se desincentiva la denuncia”, afirma Claire Launay, Directora Programática de Iniciativas con Sociedad Civil de Transparencia por Colombia.

Aunque la organización resalta la importancia del contenido del proyecto de Ley mencionado, se valoraba particularmente el primer capítulo eliminado, que proponía medidas de protección a la seguridad personal y laboral de reportantes y denunciantes de corrupción.

Según la ONG, esta historia se repite pues hace exactamente un año, la Cámara de Representantes rechazaba el proyecto de Ley 008 de 2019 llamado Pedro Pascasio Martínez que, a juicio de Transparencia, fortalecía los mecanismos de denuncia y de protección. Ese proyecto fue retirado en 2020 con la excusa de dar paso al 341, que ahora es cercenado en uno de sus puntos más importantes.

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“Es indispensable considerar los reportantes y denunciantes de corrupción como un grupo en condición de vulnerabilidad, y por ende, es necesario adelantar una protección jurídica específica e integral, tal como lo ha expresado Transparencia por Colombia a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En el actual contexto del país, es aún más necesario que el Estado se comprometa con este tema de manera prioritaria”, asegura la ONG.

Así mismo recuerdan que el gobierno de Colombia se ha comprometido a fortalecer mecanismos de denuncia y medidas de protección a denunciantes al adoptar distintas convenciones internacionales de lucha contra la corrupción. Incluso la OCDE ha urgido al país adoptar una ley “que proteja de forma clara y amplia a los denunciantes contra las represalias en los sectores públicos y privados”, sobre lo cual Transparencia por Colombia ha realizado recomendaciones.

“Es importante recordar que luego de la Consulta Anticorrupción se radicaron múltiples proyectos de ley que hacían mención al tema, pero ninguno tuvo trámite legislativo. A la fecha, Colombia no cuenta con legislación específica en la materia. Transparencia por Colombia hace un llamado al Congreso de la República a fortalecer su compromiso con la protección a los denunciantes de corrupción, y retomar con urgencia una propuesta de legislación en esta materia. Fallar a este compromiso posiblemente implicará que en la práctica se hayan perdido otros cuatro años de gobierno y de periodo legislativo sin avances en una de las piezas clave de la lucha contra la corrupción”, asegura la ONG.

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