sábado 23 de abril de 2016 - 12:45 PM

Trujillo recuerda a sus víctimas y el Estado reconoce su responsabilidad

El Estado aceptará hoy en público su responsabilidad en la denominada ‘Masacre de Trujillo’, que hace referencia a una serie de amenazas, desapariciones forzadas, torturas, detenciones arbitrarias y ejecuciones cometidas en esta población, entre el 28 de octubre de 1988 y el 5 de mayo de 1991.

El evento tiene lugar en el Parque Monumento de Trujillo y hace parte de la Solución Amistosa a la que llegaron víctimas y el Estado el pasado 6 de abril en la sede de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con el cual concluyó el proceso ante esta instancia internacional y se evitó una condena contra Colombia por parte de la Corte Interamericana.

En la ceremonia estará presente el ministro de Justicia, Yesid Reyes, en lo que sería uno de los últimos actos públicos al frente de dicha cartera, así como la directora general de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, Adriana Guillén; y representantes de la Unidad para la Atención y Reparación a las Víctimas, de la Asociación de Familias Víctimas de Trujillo, del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo y de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz.

Esta solución amistosa llegó 24 años después que el caso de la Masacre de Trujillo llegara a la CIDH y el mismo reconoce 76 víctimas, 42 adicionales a las ya reconocidas.

Igualmente, el Estado asume la obligación de profundizar la investigación penal por los hechos, y establece que si en la investigación penal que adelanta la Fiscalía General de la Nación se identifican nuevas víctimas, estas serán reconocidas en el acuerdo.

También se acordó la realización de un documental audiovisual sobre los esfuerzos realizados por los familiares de las víctimas en la búsqueda de verdad y justicia a lo largo de los años. Este deberá reivindicar la memoria de las víctimas y de sus familiares, y debe durar 45 minutos y proyectarse en un canal público nacional.

El acuerdo fijó dar un apoyo económico a la Asociación Familiares Víctimas de Trujillo (Afavit) para que sea invertido en el desarrollo de una agenda cultural que aporte al mejoramiento del parque Monumento de Trujillo, como medida de reparación simbólica que reivindique y dignifique la memoria de las víctimas y sus familiares.

Adicionalmente, el Ministerio de Cultura se comprometió a gestionar con la Secretaría de Cultura de la Gobernación del Valle del Cauca un monto de 25 millones para apoyar a la Asociación en actividades de memoria.

EN MATERIA DE JUSTICIA

En la solución amistosa, las partes reconocieron los avances que han existido en materia de justicia en el presente caso, así como la persistencia de algunas dificultades por lo que la Fiscalía conformará un Grupo de Trabajo integrado por un fiscal a nivel nacional, uno local, dos investigadores y un analista.

Este grupo deberá continuar con la obligación de investigar, juzgar y sancionar a los responsables de los hechos, además de buscar e identificar a los desaparecidos, así como la entrega digna de los cuerpos a sus familiares.

Igualmente, como reparación integral, el Estado deberá indemnizar los perjuicios inmateriales y materiales a que haya lugar a favor de los familiares directos de las víctimas en un plazo máximo de diez meses.

También deberá realizarse un acompañamiento a las víctimas para que accedan a programas de asistencia de la Unidad de Víctimas y se harán gestiones para que las víctimas puedan tener casa.

Ahora bien, como garantía de no repetición, el Ministerio del Interior se comprometió a acompañar  y asistir  técnica al Municipio de Trujillo en la construcción, actualización y seguimiento al plan integral de prevención a violaciones de derechos humanos e infracciones al DIH ocurridas allí.

Antecedentes

Luego que en 1992 se interpusiera la denuncia ante la Comisión se creó el 26 de septiembre de 1994 la Comisión de Investigación de los Sucesos Violentos de Trujillo que llegó a una serie de conclusiones sobre lo sucedido en esa población como que el Estado era responsable por los hechos.

Dicha comisión consideró, igualmente, que había suficientes “elementos de convicción sobre la participación directa del, por ese entonces mayor del Ejército Nacional Alirio Antonio Urueña Jaramillo, en los sucesos violentos de Trujillo, en tanto que las pruebas de esa participación tienen una fuerza demostrativa mucho mayor que la de las pruebas de descargo”.

Igualmente, estimó que en los hechos hubo participación por acción u omisión de otras personas, servidores públicos o particulares, que no han sido identificadas o que han sido mencionados en las investigaciones.

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