13.639 integrantes de los pueblos indígenas han sido víctimas de hechos violatorios a los Derechos Humanos, en el último trimestre del año, informó la Organización Nacional Indígena de Colombia ONIC, mediante un informe.
Esta cifra, según la ONIC, refleja un preocupante aumento de la violencia con relación al primer trimestre del año donde se presentaron 3.774 víctimas y con el segundo donde se registraron 631.
Este aumento de la violencia, según el informe presentado por la ONIC, es provocado “por los hechos victimizantes propios del histórico conflicto armado en Colombia, que día a día afectan a las comunidades indígenas, afrocolombianas y campesinas, el cual es la constante diaria y que día a día se va recrudeciendo en sus territorios ante la destrucción paulatina del Acuerdo de Paz por parte del actual gobierno de Iván Duque Márquez y la no negociación con el ELN y otros grupos ilegales”.
El confinamiento de la población es la afectación que más tiene preocupados a los pueblos indígenas, pues durante el tercer trimestre del año 10.021 personas han sido afectadas por este flagelo.
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A esta afectación le sigue el desplazamiento masivo forzado 3.665 indígenas desplazados y el reclutamiento forzado con 133 víctimas, el cual prendió las alarmas en la ONIC “ pues en el segundo informe trimestral presentado por la Consejería de Derechos de los Pueblos Indígenas, Derechos Humanos y Paz, este hecho ocupaba los último lugares en la tabla, pero para esta edición, tuvo un repunte considerable, lo que se explica por la denuncia presentada por parte de líderes indígenas de los resguardos Zenú y Emberá Katío, sobre que más de 130 menores de sus comunidades han sido reclutados por grupos armados ilegales en el sur del departamento de Córdoba”.
Ante esta crítica situación la ONIC pide al Gobierno que realice las intervenciones suficientes y necesarias “con enfoque diferencial indígena las cuales deben ser concertadas con nuestras autoridades tradicionales y sus organizaciones representativas para realizar y materializar un Plan de Emergencia Integral e inmediato y una Política Pública holística de acuerdo a nuestras costumbres y tradiciones que garantice la vida y permanencia en los territorios ya que se ha evidenciado que la militarización no implica per sé tranquilidad o paz en las comunidades indígenas”.
Además la ONIC pide que se implemente a cabalidad el Acuerdo de Paz y en especial su Capítulo Étnico, acuerdo firmado entre el Estado colombiano y la ex guerrilla de las FARC-EP, al igual que iniciar los procesos de diálogo con el ELN y el desmonte del paramilitarismo en nuestro país.
Por último pide la ONIC a todos los actores del conflicto armado el cese los actos de violencia, confinamiento por minas antipersona y desplazamiento de la población indígena en el país, especialmente en los departamentos de Antioquia y Chocó.
