El próximo 16 de noviembre se cumple un año de la tragedia que ocasionó el fenómeno natural en San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Se cumplió el plan 100 días del Gobierno Nacional En qué van las obras en el archipiélago
A mediados de noviembre de 2020, la costa norte de Colombia se vio afectada por el paso del huracán Iota, entre el 13 y 18 de noviembre, que causó graves daños, esto después de haber sobrevivido al huracán Eta.
Fue en la madrugada del 16 de noviembre cuando el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina sufrió por la inclemencia del fenómeno natural, que pasó de categoría dos a cinco, máxima en la escala Saffir-Simpson, afectando a los más de 100.000 habitantes de la región.
En Providencia y Santa Catalina sintieron a Iota a una velocidad de 250 km/h, dejando 6.000 isleños afectados y daños que representaron el 98 % de la zona.
Según el informe de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), el impacto generó que de 1.295 casas que había allí, 78 se mantuvieron y 596 quedaron completamente destruidas.
El 14 de diciembre de 2020, el presidente Iván Duque Márquez anunció el plan que se llevaría a cabo en 100 días y que daría por “reestructurado” el archipiélago. Este inició en enero de 2021.
Bajo los lineamientos del presidente, Prosperidad Social anunció que para abril de 2021 se debían tener construidas y reparadas 1.266 viviendas con energía, agua potable y telecomunicaciones. También se debía crear un hospital de segundo nivel y hacerse reparaciones en aulas educativas y establecimientos de comercio y turismo.
En junio de 2021, casi seis meses después (unos 180 días), la Contraloría General de la República les hizo un llamado a las entidades correspondientes, pues solo se habían construido dos viviendas, ejecutado 129 demoliciones y había material para construir 60 más. También se reportaron 628 casas con cubiertas reparadas y 4 en ejecución.
Por ello el entre de control expresó su preocupación porque no se habían cumplido gran parte de las metas establecidas.
El 20 de octubre, la Contraloría visitó de nuevo la isla y dijo que encontraron un preocupante balance. Solo había un 7 % de avance en la reparación de viviendas y un 47 % en la reconstrucción.
Según Prosperidad Social, a la primera semana de noviembre de 2021 aún se tienen 1.787 casas por reconstruir, 877 casas con arreglos parciales y 910 casas nuevas. Únicamente 625 han sido reparadas, lo que representa un avance del 69 %. Además, se han instalado 790 cubiertas que representan un 90%.
Al sector pesquero les han entregado equipos y elementos que están avalados por un presupuesto de $3.736 millones, mientras que en el tema ambiental 320 familias se han beneficiado del programa de pago por servicios ambientales (acuerdos voluntarios de conservación). Además, en los próximos meses se construirán cuatro viveros que tendrán la capacidad de 10.000 plántulas.
En temas educativos se han construido dos centros de desarrollo infantil. Prosperidad aseguró que la isla está en clases presenciales desde julio, en donde los menores están tomando clase en 37 aulas temporales, que serán aún más adecuadas para que sean definitivas.
Por otro lado, más de 2.000 usuarios tienen las condiciones para ser conectados a la energía, pero esto aún no se ha concretado. Algunos de ellos cuentan con una conexión provisional.
Uno de los temas que más ha preocupado es el de salud, aunque el hospital de campaña ha tenido un avance del 100 %, el hospital de nivel dos en la isla aún continúa en estudios y evaluaciones, la reconstrucción del hospital principal va en un 32 %.
Diferentes entidades han realizado otras evaluaciones a la situación de la isla, entre esas Transparencia por Colombia, que encontró serios vacíos en el suministro de información por parte de las entidades autorizadas y la rendición de cuentas.
“La información suministrada por las entidades nacionales y locales ha sido deficiente y no ha permitido determinar un porcentaje claro de avance de la reconstrucción. De 50 entidades comprometidas, tan sólo 30 respondieron los derechos de petición”, enuncia organización.
Esto ha llevado a que no haya claridad sobre el uso de los recursos, la ejecución de los contratos o de las donaciones.
Por otro lado, la entidad evaluó y explicó la evidente falta de articulación entre los responsables en la reconstrucción de la isla, responsabilidad del Gobierno Nacional, local y los contratistas. Aunque hubo diálogo con los isleños, no hubo la ejecución de los proyectos esperados.
