Los falsos positivos, el Caso 3 de la JEP y uno de los capítulos más oscuros del conflicto armado colombiano, involucran a unos 1.500 militares que engañaban a los civiles para asesinarlos y presentar mejores resultados a sus superiores.
La Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, elevó a 6.402 la cifra de víctimas de “falsos positivos”, como se conoce en Colombia a los asesinatos de civiles a manos de militares que los presentaban como guerrilleros muertos en combate, pero los familiares temen que el caso no les traiga más verdad.
Una vez revelado el informe, hubo reacciones por parte de grupos de familiares de las víctimas. Es así como la portavoz del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, Movice, Martha Giraldo, dijo “nosotros hemos planteado que las cifras son mucho más altas que las 6.402 personas que es lo que dice la JEP”.
Por su parte, la representante legal de la organización Madres de los Falsos Positivos de Soacha y Bogotá, Mafapo, Jacqueline Castillo, asegura que “no es que nos asombren estas cifras, pero de alguna manera es gratificante que se den a conocer porque de esta manera se puede estar confirmando que en el Gobierno de Álvaro Uribe Vélez se incrementaron los casos”.
Sobre lo que sigue en este proceso que adelanta la JEP, Vanguardia habló con expertos, quienes destacaron el informe como de gran impacto en un tema que por años se ha reclamado conocer la verdad.
De acuerdo con Juan Carlos Ospina, profesor de la Universidad de Los Andes, una vez conocido el informe de la JEP, ahora los familiares y representantes de las víctimas tienen 15 días hábiles en donde deben dar a conocer sus puntos de vista sobre lo dicho.
Según Ospina, se puede decir que lo que la JEP está haciendo es ordenar un fenómeno que es muy complejo, es decir, buscar los responsables en cada caso y eso se debe hacer estudiando cada situación, para de esta manera llamar a una declaración a los responsables y determinar si hay una responsabilidad de esos mandos en relación con lo ocurrido.
Además, se debe establecer si realmente ocurrió con unos patrones fijos y venían las órdenes de los comandantes en jefes.
Criterios de priorización
Kenneth Burbano Villamizar, director Observatorio Constitucional Universidad Libre, señala “en el llamado caso de los falsos positivos, que son ejecuciones extrajudiciales por parte de agentes del Estado, lo que viene ahora es que con la delimitación del caso y la aplicación de los criterios de priorización, es que se van a estudiar seis subcasos para esclarecer el fenómeno de responsabilidad desde lo local hasta lo nacional. (Luego) vendrá la segunda fase de la investigación para abordar los hechos ocurridos en Arauca, Boyacá, Caquetá, Guainía, Guaviare, Sucre y Putumayo, entre otros”.
Agrega que “por ahora, bajo los principios de publicidad y transparencia en la priorización, la sala les concedió a las víctimas acreditadas en el Caso y a la Procuraduría General de la Nación un plazo de 15 días hábiles para presentar observaciones sobre las decisiones adoptadas en el auto.
