Concejales y expertos denuncian posibles irregularidades en la firma, sin convocatoria pública y al límite de entrar en vigencia la Ley de Garantías, de un contrato por más de $2.136 millones con una firma de abogados, con el que se habría tercerizado el cobro de la cartera morosa del municipio.
El nuevo contrato reemplaza el que hicieron con Centros Poblados cuyo manejo indebido ocasionó la pérdida de los $70.000 millones del anticipo que entregó MinTIC, cuyo proceso hoy está en manos de la justicia.
La Fiscalía imputará al gobernador de Chocó, Ariel Palacios Calderón, ante la Corte Suprema, por irregularidades en un contrato para prevenir el COVID-19.
El Contralor Carlos Felipe Córdoba puso la lupa. Los contratos firmados son por más de $52 billones. Procuraduría y la UNGRD aceleraron contratos antes de restricciones.
