La cifras oficiales son alarmantes, por lo menos el Observatorio de Delito de Trata de Personas del Ministerio del Interior registró tan solo en este departamento 18 víctimas entre 2015 y 2020.
El documento aclara que, los mandatarios locales están en la obligación de hacer cumplir a las empresas de transporte las medidas de bioseguridad del sector previstas en el protocolo general.
