sábado 07 de febrero de 2009 - 10:00 AM

$100 millones de multa por no aceptar a personas negras

Cerca de $100 millones deberán pagar, en conjunto, dos reconocidas discotecas de Cartagena para indemnizar a dos jóvenes a las que les negaron el acceso por ser de raza negra.

La orden fue impartida por el Juzgado Octavo Civil Municipal de Cartagena al resolver una demanda instaurada por Johana Acosta Romero y su hermana Lena, quienes también en el 2005 ganaron una acción de tutela contra los mismos negocios por impedirles ingresar.

La demanda se basó en la protección al derecho a la igualdad y el principio de no discriminación racial, quebrantado por las discotecas La Carbonera y Q-kayito.

Amenazas


Por ganar este pleito judicial, las hermanas Acosta Romero denunciaron que recibieron llamadas telefónicas en las cuales las amenazan de muerte.

Así mismo, su abogado, Francisco Hernández, también aseguró haber recibido amenazas de muerte.

Johana Acosta manifestó que en la mañana de ayer atendió varias llamadas a su teléfono celular, y en ellas una voz masculina desconocida le decía: 'No les va a alcanzar la vida para que vean esa plata'.

Por esto interpusieron de inmediato denuncia penal ante la Fiscalía, con el acompañamiento y asesoría de la 'Red para el Avance de las Comunidades Afrodescendientes' (Red Afro), a la cual pertenecen.

síntesis
ANTECEDENTES


•    En diciembre de 2005, las hermanas Johana y Lena Acosta denunciaron haber sido discriminadas racialmente por los establecimientos nocturnos La Carbonera y Q-Kayito, ambos en el exclusivo sector de El Arsenal, del Centro de Cartagena.
•    Las jóvenes interpusieron una acción de tutela que fue fallada a su favor, reconociéndoles el derecho a la igualdad.
•    Dicho fallo se convirtió en el primero de su clase, en la historia de Colombia, proferido por un caso de discriminación racial.
•    El fallo llamó la atención de la Corte Constitucional seleccionándolo para su estudio y revisión, hecho que daría como resultado a la Sentencia T-1090-2005.
•    En esta sentencia la Corte pide al poder legislativo colombiano que haga lo pertinente para desarrollar una ley antidiscriminación.
•    Así mismo, solicitó a la Defensoría del Pueblo impartir cursos obligatorios en derechos humanos a los discriminadores y fija una condena en abstracto para el resarcimiento de los daños y perjuicios, de manera pecuniaria.

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